“La AN produce actos de gran hostilidad que configuran ilícitos”, asegura experta

AN

Desde que en diciembre del año 2015 la oposición venezolana alcanzó una victoria al ganar la mayoría de curules en la Asamblea Nacional, se la ha tenido jurada al presidente de la república.

En su haber destacan varias aventuras contra el orden constitucional. Desde ese foro político se ha pretendido decretar vacío de poder en la Presidencia de la República, insania mental contra el presidente Nicolás Maduro, e incluso pretendieron demostrar que el jefe de Estado nació en Colombia. Ninguna prosperó.

Tras la victoria de Maduro en las elecciones presidenciales del pasado 20 de mayo de 2018, cobró fuerza la creencia de que sería desconocido desde el 10 de enero de 2019, cuando le correspondía asumir su segundo periodo constitucional.

Así las cosas, hace unos días atrás, aprobaron declarar a Nicolás Maduro como “usurpador de la presidencia”. Supuesto Negado  consultó a la abogada constitucionalista Olga Álvarez, quien destacó que la “AN no tiene ninguna competencia para reconocer o validar ninguna autoridad electa”.

¿Por qué la Asamblea no puede desconocer una elección?

En la arquitectura constitucional venezolana existen cinco ramas del Poder Público con sus funciones claramente definidas, una de ellas es el Poder Electoral, único órgano rector de los procesos electorales, de sus decisiones se recurre ante la justicia electoral y/o constitucional. El ciudadano elector y los partidos tienen múltiples mecanismos para impugnar resultados, nadie más, a ningún otro órgano compete revisar, contrariar, reconocer o validar elecciones.

¿Entonces la actuación actual de la AN puede considerarse un delito?

Las acciones hostiles de los miembros de la AN contra otros órganos del Estado, todos y cada uno de los actos que impliquen hostilizar las funciones de los otros poderes, usurpar funciones, cometer fraudes constitucionales, son ilícitos tipificados en el Código Penal.

Además, existe la figura de delito permanente, son diversos actos de un mismo ilícito: atentar contra la forma republicana y las instituciones del Estado, se trata de delitos flagrantes.

¿Cuál sería la respuesta idónea ante una actuación ilícita de la AN?

El poder constituido tiene diferentes mecanismos para actuar, desde la Sala Constitucional del TSJ, como desde la jurisdicción penal para corregir los ilícitos constitucionales en los que ha incurrido la AN, tanto individualmente por parte de sus dirigentes, como colectivamente.

La ANC de acuerdo a su naturaleza plenipotenciaria y en el marco de las atribuciones que enuncia el artículo 347 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, puede transformar el Estado, reestructurar órganos, relegitimar autoridades si así lo decide el pleno. Por lo tanto, puede convocar a elecciones de la Asamblea Nacional.

Hay que poner orden en el país, la AN por voluntad de una mayoría, con vocación golpista, ha dejado que el Poder Legislativo deje de cumplir su mandato constitucional desde hace más de 2 años. La ANC decretó la convivencia armónica con el Poder Constituido, pero la AN produce actos de gran hostilidad que se configuran en ilícitos constitucionales y esto además de ser violento, rompe con la armonía que debe existir para poder avanzar, incluso en las decisiones económicas.

Desde hace un tiempo un sector de la población ha pedido la disolución del parlamento, ¿ese podría ser un escenario?

El poder constituyente pudiera evaluar la situación de desequilibrio que está generando la Asamblea Nacional, el no cumplimiento de sus funciones desde hace algunos años y convocar a un nuevo proceso electoral para relegitimarlo.

Álvarez reiteró que en el marco jurídico constitucional venezolano no existe la figura de “vacío de poder”, por lo que señaló a los parlamentarios de “estar simulando, dando una apariencia de derecho a una situación inexistente”.

Todo esto, aunado al apoyo que la AN ha dado a los actos terroristas cometidos contra la nación, durante las llamadas “guarimbas” y las declaraciones emitidas por el parlamento que facilitan y hasta promueven el intervencionismo y la injerencia internacional en asuntos internos del país.

En desacato

Recordemos. Una vez la oposición ganó la mayoría en el órgano parlamentario, de inmediato sus dirigentes revirtieron el triunfo en una especie de acto suicida: ante la denuncia de fraude en la elección de tres diputados de la Mesa de la Unidad Democrática en el estado Amazonas, la AN debía desincorporarlos para que se convocase a un nuevo proceso electoral para esos cargos.

A pesar de haber reconocido las denuncias, la AN no desincorporó oficialmente a los diputados cuestionados. En consecuencia, el 11 de enero de 2016 el Tribunal Supremo de Justicia declaró el desacato de la AN y la respuesta del Poder Legislativo fue ratificar en sus curules a Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana el 28 de julio de ese mismo año.

Desde entonces ha sido nulo todo acto celebrado desde la Asamblea Nacional. Su ausencia ha sido solventada en algunas funciones por el Tribunal Supremo de Justicia, en otros casos cuando la Presidencia de la República asume la iniciativa legislativa contemplada en la Constitución, y más recientemente por la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente electa en el año 2017.

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Por Jessica Sosa / Supuesto Negado