¿ALQUILAR O NO ALQUILAR? HE AHÍ EL DILEMA

La escasa oferta de alquileres de vivienda se mantiene: miles de personas buscando, dueños que prefieren tener sus inmuebles vacíos y sentencias de desalojo reposando en los tribunales. Eso, sin hablar de los precios…

La bisagra en el tema del arrendamiento, legalmente hablando, la fijó la nueva Ley Contra el Desalojo y la Desocupación arbitraria de viviendas (2011).

Lo novedoso de esta Ley fue instaurar que los contratos de alquiler no constituyan “una relación de explotación que comporte para los arrendatarios y arrendatarias la pérdida de una parte sustancial de su salario básico (…) o que implique la pérdida de la capacidad de ahorro para la adquisición de su vivienda propia”.

Además, se estatuyó que la vivienda desocupada es contraria al interés social e implica impuestos especiales para los propietarios.

Previo a la promulgación de la Ley, y durante varios meses posteriores a ella, cámaras de arrendatarios y dueños de apartamentos, entre otros, se opusieron porque consideraron que se privilegiaba al inquilino en desmedro del propietario y eso, en el mediano plazo, acabaría con el sector.

De lado y lado

Javier Ramírez es un joven profesional que vive en Mérida y desde hace siete meses busca apartamento.

Su principal obstáculo es el alto costo del arrendamiento. “Se deben cancelar 3 meses adelantados, uno de depósito y un mes de gastos administrativos. Un apartamento de 3 habitaciones cuesta unos 2 millones y medio”, nos dice. La suma asciende a 12 millones y medio de bolívares.

Del otro lado de la moneda está Ana Luisa Abeti, propietaria de un apartamento de 120 metros cuadrados en el edificio Bichuta, en la urbanización Torbes de San Cristóbal.

Se queja porque la mensualidad que recibe por el apartamento de 4 habitaciones, dos baños y dos puestos de estacionamientos, es de solo 20 mil bolívares.

“Ellos se ciñen a lo que dice la Ley y por eso el alquiler es tan bajo. Hemos llegado a este acuerdo, aunque en realidad el pago era de 1500 bolívares. (fijado hace ocho años). También cancelan los servicios (unos 50 mil bolívares. más mensuales)”, contó.

“Pagan unos 70 mil bolívares al mes. Eso cuesta un kilo de carne”, destacó.

A raíz de la muerte de su mamá, Abeti decidió vender la casa en la que reside actualmente y mudarse al apartamento que tiene alquilado. Sus inquilinos ya conocen la medida y transitan los tres años de Ley para buscar otro lugar donde vivir.

Sin embargo, asegura no estar tranquila pues considera que el tiempo puede extenderse más.

¿Cómo se dicta la medida de desalojo?

El arrendatario debe consignar una solicitud en la Dirección General de Inquilinato y los documentos de propietario del inmueble para citar al ocupante a una audiencia conciliatoria.

Si se llega a un consenso de solución, ambas partes acordarán la forma y el tiempo de ejecución. Si no hay acuerdo, el funcionario debe decidir.

Si favorece al inquilino, se dicta una resolución contra el desalojo; o si la decisión es favorable al arrendatario, se indica el plazo del desalojo (el cual sólo puede hacerse por la vía judicial, es decir, pasa a tribunales ordinarios para tramitar la acción).

Para que un juez ejecute el desalojo la Ley establece que debe remitir a la Dirección de Inquilinato una solicitud para un refugio temporal o solución habitacional definitiva.

En el portal de la Superintendencia Nacional de Vivienda (Sunavi) se registran varias informaciones sobre acuerdos conseguidos y entregas voluntarias de viviendas de inquilino a propietario. Sin embargo, no hay disponibles cifras globales.

En caso de dictarse la medida de desalojo se estima que transcurrirá en promedio, desde el inicio del proceso hasta que el arrendatario obtenga nuevamente su propiedad, cinco años, según nos comentó, –off de record- un empleado de Sunavi de la sede merideña.

El coordinador regional, Leonardo Angulo, se negó a dar declaraciones porque no está autorizado.

Muchos interesados poca disponibilidad

Hay personas que tienen 2, 5 y 9 apartamentos desocupados pero no los alquilan porque consideran que su patrimonio no tiene suficiente protección legal, aseguró María Eugenia Telleschea, propietaria de la empresa Apartamento Disponible C.A, en Mérida.

Aseguró que desde la promulgación de la Ley el mercado se contrajo. “Hay una altísima demanda y muy poca oferta”.

Sobre los desalojos, comentó que a pesar de que la ley lo establece casi nunca se llevan a cabo. “La ley es muy tardía así que los propietarios deben recurrir a otras medidas extrajudiciales como romper la cerradura y meterse a la fuerza, aunque se trate de una vivienda de su propiedad. Ya adentro, ejercen más presión para el desalojo”, confesó.

En cuanto a los precios es otra cosa, continuó Telleschea. No es un secreto para nadie la situación económica. Quienes alquilan quieren imponer alquileres acordes al riesgo que están tomando, dijó.

Así que por lo pronto, los desalojos se hacen por cuenta propia, con todo lo que eso puede significar.

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Por Edgard Ramírez Ramírez / Supuesto Negado