Andrés Antillano: Accionar de la FAES es ineficiente y contraproducente

El 26 de noviembre de 2018, el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, ofreció al país una rueda de prensa para dar cifras en materia de seguridad. Dijo que la incidencia delictiva ha disminuido en todo el país con un índice de 28,4% respecto al 2017.

Durante sus declaraciones aseguró que la acción policial ha prevenido unos 45 mil delitos y que se han dejado de cometer 3.703 homicidios.

Respecto al balance ofrecido por las autoridades del ministerio, Andrés Antillano, especialista en Criminología y en Derechos Humanos , manifiesta en entrevista para Supuesto Negado, que las cifras de delitos y criminalidad en el país no han disminuido, algunas se han mantenido estables y otras, en cambio, presentan el agravamiento de los delitos más violentos.

Antillano atribuye esto a que “desde 2015, la política de Gobierno ha estado marcada por el endurecimiento de las acciones policiales, que derivan en una ‘criminalización de la pobreza’ y la migración de la delincuencia hacia delitos más letales”.

“Eso comienza en el 2014 con el Plan Patria Segura, había un antecedente a principios de esta década con el Madrugonazo al hampa, caracterizado por el ejercicio de encarcelación masiva que supuso casi la duplicación de la población encarcelada”, explica Antillano, quien refiere que luego se inauguró la Operación Liberación del Pueblo (OLP), “que tenía como característica una toma con operaciones de carácter militar con consecuencias generalmente en alto número de  víctimas de violencia policial”. Asegura que es hasta lo ocurrido con la masacre de Barlovento cuando queda en evidencia que este tipo de acciones generan un aumento del uso de la fuerza letal por parte de los cuerpos de seguridad.

No obstante, la OLP es luego sustituida por acciones directas de la Fuerza de Acciones Especiales (Faes), cuyo centro también es el uso de la fuerza letal según sostiene el criminólogo, “es decir, que en los últimos años lo que ha venido ocurriendo es un proceso de endurecimiento de la respuesta policial frente al delito y un incremento del número de encarcelados y de víctimas letales de la policía”, refuerza su argumento.

Para Antillano desde el año 2008, “particularmente la tasa de homicidios se mantiene relativamente estable, paradójicamente el delito y los homicidios aumentan como consecuencia o en paralelo a estos planes de políticas duras de seguridad, por lo que puedo afirmar que estas políticas, lejos de reducir la violencia y el delito, lo que han contribuido es a su incremento o la mutación hacia otras formas de delito”.

¿Qué elementos o con qué base puede afirmar eso?

Porque son profundamente ineficientes, no actúan sobre las causas que pueden producir delitos y lo que hacen es que en tanto que están basadas en un uso intensivo de la violencia policial, hacen que la respuesta de grupos criminales se desplace hacia actividades de mayor letalidad o de mayor peligro, por ejemplo, si una persona que vende drogas en una calle sabe que lo pueden matar, posiblemente se desplace hacia actividades más seguras para él, pero que pueden implicar más violencia, por ejemplo, el secuestro. Entonces una de las consecuencias en estos últimos años de la violencia policial  es que la violencia criminal se ha incrementado, el número de armas en manos de los criminales ha aumentado.

De hecho, el experto manifiesta que víctimas indirectas de estos planes que implican el incremento de la violencia policial, han sido los mismos funcionarios policiales: “desde el año 2014 ha aumentado el número de asesinato de funcionarios, es decir que se trata de un círculo de la violencia”.

Para complementar su argumento, señala que estas acciones han generado un proceso de articulación de grupos criminales, es decir, “bandas que actuaban en los barrios comenzaron a articularse con otras bandas a partir de la OLP para enfrentar las incursiones policiales cada vez más violentas”.

“Está más que comprobado que estas políticas no solamente son profundamente ineficientes sino que  son contraproducentes, ha pasado en México donde las políticas de guerra contra las drogas han supuesto un incremento de la violencia de los niveles de organización de los carteles. Ha pasado en Brasil, donde las políticas de mano dura han contribuido a que aparezcan formas de criminalidad organizada mucho más letales y peligrosas, es decir que hay suficientes elementos para considerar que estas políticas  contribuyen a un incremento de la violencia”, recalca.

Políticas de la Cuarta

Para Antillano este tipo de acciones represivas no son nuevas en el país, “estas son políticas que justamente aparecen cuando hay crisis económicas. Por ejemplo, los tristemente célebres planes de seguridad de la década de los ochenta, el recordado Plan Unión que estaba enmarcado también en un incremento de la violencia policial y el uso de detenciones masivas, esencialmente recaían en los pobres, es decir, cuando hay situación de crisis económica, por ejemplo, cuando se contrae la capacidad redistributiva del Estado porque se contrae la renta petrolera, las políticas sociales son desplazadas por políticas de mano dura que fundamentalmente se dirigen a criminalizar, controlar y abatir a los sectores populares, una forma de control y contención de los sectores populares que ha sido cíclica y recurrente en la historia de Venezuela”.

Afirma que estas políticas son contradictorias con lo que en un primer momento se había planteado el chavismo, en las cuales no solo se trataba de actuar sobre las causas estructurales, sino de la plena conciencia de que estas políticas represivas “siempre estaban dirigidas contra los más pobres y que lejos de servir para disminuir la inseguridad  lo que servía era para aumentar la exclusión y el control sobre los grupos desfavorecidos, y, en segundo lugar, entender que no se pueden resolver los problemas de seguridad sin insistir en la resolución de los problemas estructurales de la sociedad”.

Entonces, considera que en el escenario planteado desde 2014 con estos planes de seguridad, “la gran paradoja es que el Gobierno revolucionario termina repitiendo, incluso acentuando, las viejas prácticas represivas de los momentos de agonía de la cuarta república, incrementando la criminalización de la pobreza y de los sectores populares, generando mayor descontento en los sectores populares que se suma al descontento por la situación económica”.

Tampoco sirven para ganar elecciones

Afirma que los barrios donde ha actuado la OLP y ahora el Faes han tenido una disminución en su participación política y en su apoyo al Gobierno, “por ejemplo, los centros electorales ubicados en la cota 905 en el año 2015. Ese era uno de los sectores del municipio Libertador donde las votaciones a favor del proyecto bolivariano eran contundentes y mayoritarias, en diciembre de ese año son las elecciones parlamentarias donde la votación en la cota 905 cambia dramáticamente; hasta ese momento la preferencia era favorable a los partidos del Gran Polo Patriótico, y hay un cambio: aumenta la abstención y la votación  pasa a ser contraria al Gobierno, eso es una muestra de que ni siquiera políticamente estos planes resultan rentables y útiles para los propósitos que se pueden haber planteado”.

A su juicio, el problema es que “nunca hubo políticas dirigidas a los jóvenes excluidos que son generalmente los que están involucrados en los problemas de criminalidad y violencia tanto desde la perspectiva de víctimas como de victimarios”. Advirtió que, además, no ha habido una política sostenida y estructural que favorezca la inclusión de los jóvenes de estos sectores, “yo creo que hay que insistir en el problema estructural, en la atención a jóvenes en términos de empleo, escolarización, en términos de participación política, de reconocimiento”, insistió.

Sin embargo, considera que “el cuestionamiento a esta política represiva no significa que no haya que aplicar políticas represivas, pero tienen que ser eficientes y estas son absolutamente ineficientes porque es una especie de guerra contra el hampa que realmente  es una guerra contra los pobres”.

¿Entonces cómo sería una política efectiva?

Creo que hay que mejorar las policías, tenemos las policías extremadamente corruptas, hay una gran ironía desde hace algunos años, a partir de estas políticas policiales: el número de  armas en manos de grupos criminales aumentó y paradójicamente las armas eran provistas por los cuerpos policiales. Es decir, las políticas represivas resultan un muy buen negocio para funcionarios policiales corruptos, porque aumenta la extorsión sobre grupos criminales y aumentan las oportunidades, por ejemplo, para el mercado de armas dirigidas a estos factores. Entonces hay que reformar las policías, hay que volver al programa de reforma policial que se planteó en el año 2006, de una policía profesional y eficiente.

Pero tenemos la Unes y se gradúan ahí

Los programas de formación de la Unes (Universidad Nacional Experimental de la Seguridad) dejan mucho que decir y no es solamente un tema universitario, yo fui fundador de la Unes y te puedo decir que no es solamente un problema de formación universitaria, la profesionalización tiene que ver con controles internos y externos, tiene que ver con una carrera profesional donde no se premie la corrupción. Pero también hace falta dignificar a los funcionarios policiales, porque son muy mal pagados y esto crea una estructura de oportunidades a favor de la desviación policial.

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En este orden, considera que es urgente pensar en labores de inteligencia que permitan que la detención e investigación de delincuentes sea mucho más efectiva, “aquí el problema es que realmente tenemos sistemas judiciales muy inoperantes y profundamente corruptos, entonces la posibilidad de esclarecimiento policial es muy baja en Venezuela. Eso no permite esclarecer delitos ni disminuir la impunidad, por eso debe ser una tarea urgente mejorar la capacidad técnica y concentrar la acción policial en los delitos más graves, es decir aquí nuestras cárceles están llenas de muchachos por delitos de drogas y yo creo que la agenda en un país con las tasas de homicidio que tiene Venezuela y con delitos como el secuestro, las drogas no son una prioridad, y esto pasa por un debate nacional pendiente”.

Para Antillano, en este momento debe plantearse la idea clara de que aquel que use la violencia para resolver conflictos va a recibir el poder de la ley, “pero esto pasa también por la reinstitucionalización del sistema penal, por fortalecer la capacidad de procesamiento, de juzgamiento en los tribunales, porque la impunidad no se disminuye matando a presuntos criminales, la impunidad disminuye cuando la ley funciona, por la certeza de que el responsable será castigado y no precisamente a través de ejecuciones extrajudiciales ni prácticas de exterminio”.

¿Cómo actuar frente al paramilitarismo en el país?

El paramilitarismo ha sido una falacia útil para mantener este tipo de prácticas. Tradicionalmente ha habido siempre grupos paramilitares que hacen vida en las zonas fronterizas, por cierto muchas veces en complicidad con los mismos cuerpos de seguridad, pero no en los barrios caraqueños.

Entonces, ¿qué opina sobre la creación de la policía fronteriza?

Soy investigador en este tipo de temas, justamente acabo de venir de un periodo prolongado de trabajo de campo y te puedo decir que en la frontera colombo-venezolana, del lado venezolano, hay presencia del CICPC, de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Guardia Nacional, del Sebin, PNB, policías municipales y la mayoría de estos organismos están involucrados en prácticas de extorsión y contrabando, en complicidad con grupos paramilitares que controlan operaciones en la frontera, es decir no es un problema de más policías, todo lo contrario. Hay que tener un paradigma en la frontera, en esa zona viven centenares de personas abandonadas por el Estado tanto colombiano como venezolano. Son víctimas de los cuerpos de seguridad, no hay una economía sostenible, el contrabando es casi la única opción para sobrevivir para los pobladores”.

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Por Jessica Sosa/Supuesto Negado