ANTILLANO: “LOS QUE ENTRAN A LAS CÁRCELES NO SON DELINCUENTES VIOLENTOS”

Militante y estudioso del tema, Antillano tiene mucho que decir sobre los efectos no deseados del despliegue de la OLP.


Enfrentar los índices de criminalidad en Venezuela pasa por implementar políticas sociales efectivas, garantizar la eficiencia del sistema penal, y reformar los cuerpos policiales.

Así lo considera el docente e investigador de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Andrés Antillano, quien cuestionó la aplicación de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) por el Gobierno Nacional, por tratarse de una medida que, a su juicio, en lugar de atacar el problema de raíz, genera represión y mayor capacidad organizativa de las bandas criminales. Aunque afirma no tener indicios de que la violencia en el país esté relacionada con la presencia de grupos paramilitares, no excluye que los grupos delictivos sean captados y convertidos en “un ejército que sea utilizado para el exterminio de las bases políticas del chavismo y del movimiento popular y eso no es un supuesto negado”.

“No hay posibilidad de transformación sin incorporar a los jóvenes a las organizaciones populares y esto es una vacuna contra la violencia; además, es mucho más efectiva, ya que es una práctica que profundiza en la inclusión”, destacó.

 

-Antes de la llegada de Hugo Chávez al poder, ¿cómo era la relación entre los “malandros” y dirigentes de izquierda?

-El problema de la seguridad en Venezuela es una herencia del período neoliberal. A partir del desmantelamiento de las políticas sociales de la década de los 80, en especial durante la instalación del proyecto neoliberal con Carlos Andrés Pérez, se disparan los índices delictivos, los índices de homicidio y la preocupación ciudadana sobre el delito; esto no quiere decir que antes no hubiese delito, pero se convierte en un problema central en la vida cotidiana de las grandes mayorías, en particular, de los sectores populares. Antes existían relaciones entre grupos de izquierda y delincuentes, relaciones marcadas por tensiones (…) Muchas veces los delincuentes terminaban asumiendo posturas cercanas a los procesos de lucha, a los procesos de organización popular. Algunos, por la misma presión, asumían una comprensión distinta. Había una suerte de identidad de clase muy marcada en los grupos que incursionaban en el delito por su mismo origen de clase. El delito no solo crece, sino que se vuelve endogámico, afectando a las clases populares, y eso hay que decirlo, tanto en el pasado reciente como ahora las principales víctimas del delito no son las clases media ni alta -que pueden estar haciendo de esto su bandera política- , realmente las principales víctimas del delito en Venezuela, y la mayoría de los países, son las clases populares, es decir, la gente más pobre (…) A partir de los años 90 empieza una situación ambigua que, a veces, toma la forma de confrontaciones entre grupos populares y grupos delictivos, como es el caso del 23 de Enero con la venta de droga, pero a veces, también se establecen alianzas o relaciones en el territorio, por ejemplo, la participación de gente que venía del mundo del delito en apoyo a la organización popular. No podemos olvidar que los delincuentes provienen de las mismas clases populares y las condiciones que reconocen el delito tienen que ver con la situación de explotación, la miseria, la exclusión que padecen las clases populares. Entonces, esto hace que la relación entre delincuentes y movimientos populares – y no solo movimientos populares- sino su clase de origen siempre esté marcada por tensiones de ambigüedades, muchas veces se victimizan a la gente de su propio barrio, otras veces, asumen prácticas de solidaridad, de cooperación, pasando de relaciones de confrontación a relaciones de alianza.

Las principales víctimas del delito no son las clases media ni alta -que pueden estar haciendo de esto su bandera política- , realmente las principales víctimas del delito en Venezuela, y la mayoría de los países, son las clases populares”.

-Antes del Gobierno de Chávez, ¿contaban las organizaciones populares con recursos políticos para enfrentar la delincuencia?

-Yo creo que las organizaciones populares tenían un liderazgo moral dentro de los sectores populares, que no estaba apoyado por recursos políticos, por recursos institucionales, porque se trataba de grupos profundamente perseguidos, pero que el proceso de transferencia de poder o de construcción del Poder Popular le da a las organizaciones populares un conjunto de recursos, de capacidades y potencialidades, que les permite luchar contra la dinámica de exclusión, que significa también reducir el delito, es decir, yo no creo que la tarea de las organizaciones populares sea una especie de confrontación, un frente de lucha contra el delito, contra los delincuentes. No creo en esa idea de que las organizaciones populares deban servir como fuentes de información para las operaciones policiales, de hecho, sé que esto no es así, por una razón bastante sencilla de comprender, y es que finalmente el delincuente no es un extraterrestre, no es verdad que se trate de paramilitares. La idea del paramilitar pone al delincuente como una especie de sujeto que viene del exterior, quizá de un país vecino, no,el delincuente generalmente es un muchacho del mismo barrio que termina siendo hermano, ahijado, sobrino, primo de la misma gente que participa en la organización popular y en el resto de la comunidad que los vio crecer y que, por esa misma razón, la comunidad tiene un conjunto de recursos que les permite actuar sobre los factores que terminan excluyéndolo y colocándolo a que se enfrente a la comunidad.

 

-Su planteamiento contradice al Gobierno, ya que éste ha señalado que los índices de criminalidad en Venezuela se están transformando en una especie de paramilitarismo instalado en el país…

-Yo, que he trabajado muchos años este tema, y he hecho el trabajo cualitativo, trabajo de campo, no tengo ningún indicio que me permita hablar de grupos paramilitares. El paramilitarismo es un fenómeno que está asociado con grupos armados vinculados con el Estado que terminan actuando en la ilegalidad con fines de control y con fines de exterminio a la disidencia (…) Cuando hablan de paramilitarismo en Venezuela creo que es una definición sui géneris porque se habla de grupos que vienen de Colombia y que actúan en el territorio nacional, o que tienen fines políticos y esto no existe realmente en Venezuela. Sospecho que puede haber en algunas zonas del país grupos que de algún modo copian, modelan tácticas de extorsión y de venta de seguridad (…) Por cierto, en Caracas esta función la cumplen funcionarios policiales que han usufructuado esta figura de colectivo de manera espúrea y han intentado arrebatar esta noción de colectivo -que es una noción tan importante para el movimiento popular- para generar prácticas de exterminio en los barrios (…) En Venezuela, lo que existe es una delincuencia que pasa de un delito violento a muy violento, como resultado de las debilidades de las políticas sociales de inclusión, que pierden universalidad y que, por lo tanto, terminan generando nuevas fracturas, nuevas divisiones y que, en el último año, justamente, debido a las extraviadas políticas de seguridad que se han implementado – incluyendo la OLP- y debido a la violencia policial, estos grupos fueron escalando entre sí y ahora presentan mayor grado de organización, es decir, lo que estamos viendo en Venezuela es una forma de criminalidad organizada que nos era completamente ajena, pero esto no se debe a la presencia paramilitar, se debe a algún efecto imprevisto y no deseado de las políticas de seguridad que se han implementado (….). Estos muchachos (los delincuentes de los barrios), podrían ser captados por lógicas paramilitares y convertirse en un ejército de insurgentes, en este caso, un ejército que sea utilizado para el exterminio de las bases políticas del chavismo y del movimiento popular y eso no es un supuesto negado.

La idea del paramilitar pone al delincuente como una especie de sujeto que viene del exterior, quizá de un país vecino, no, el delincuente generalmente es un muchacho del mismo barrio que termina siendo hermano, ahijado, sobrino, primo de la misma gente”.

-¿Cómo era la relación que prevalecía anteriormente entre las organizaciones populares y la delincuencia?

-Fue una relación marcada por la ambigüedad, pero sobre todo en la que se trataba siempre de incorporar a los muchachos (…) Yo recuerdo, que en los años 80 y 90, sin duda, había grupos que actuaban para ejercer coacción sobre jóvenes violentos y, sobre todo en el mercado ilícito de drogas, porque hay que decir que los mercados de drogas, de armas, en Venezuela no existen del aire, los alimentan los funcionarios policiales. Las armas llegaban y llegan a manos de los delincuentes por vía de los funcionarios policiales. La policía siempre tiene que ver con los mercados ilegales de drogas, o bien porque los controla, los regula o incluso porque las suministra (…) Hay que dar respuestas contundentes frente a la violencia, frente al delito.

 

-¿Cómo se daría una respuesta contundente?

-Las víctimas del delito son los pobres; entonces, un gobierno comprometido tiene que ser severo, implacable con el delito violento, cosa que no está ocurriendo, realmente los que entran a las cárceles no son los delincuentes violentos. Nosotros seguimos llenando las cárceles de muchachitos que venden drogas en sus barrios. Hay que ser implacables con el delito violento, pero esto pasa por una respuesta legítima, eficaz y eficiente. La respuesta de saturación policial nunca ha funcionado, siempre lo que termina es generando más violencia. Yo creo que hay que tener trabajo de inteligencia muy fino, reactivar la capacidad de investigación de nuestras policías, que permita detectar y capturar actores responsables de delitos violentos y garantizar la eficiencia del sistema penal (…)

También hay otras estrategias que están en mora. El país discutió una política de desarme que fue absolutamente traicionada y se aprobó una pésima Ley de Desarme que solamente protege y deja intacto a los lobbys armamentistas, solamente sirve para propaganda. Entre los países que han podido disminuir, de manera significativa, la violencia en los últimos años está Brasil, y lo que más efectividad tuvo en el caso de Brasil fue la política de desarme que se implementó en la década pasada; entonces, una política de desarme es un elemento fundamental que todavía sigue pendiente. Cosas tan sencillas como el marcaje de municiones – que no se ha implementado después de seis años de que se compraron las máquinas y no se han puesto a funcionar- que permita saber de dónde vienen las municiones que se disparan contra un ciudadano, es una tarea esencial que no se hace y quizá no se hace porque esas balas las terminan vendiendo funcionarios vinculados con el tema policial en Venezuela y que no están interesados en que se controle este atractivo negocio de las municiones.

Otra tarea pendiente es el desarrollo de políticas policiales efectivas, por ejemplo, policía comunitaria, policía de proximidad, de solución de conflictos, de mecanismos. En todo esto, es esencial un proceso de reforma y depuración de nuestros cuerpos policiales. Yo insistiría en retomar las recomendaciones de la Comisión Nacional para la Reforma Policial del 2006 que, quizás, fue el esfuerzo más importante en esta dirección y que nunca fue implementado, a pesar de la aprobación de la Ley en 2008 por el Presidente Chávez.

Otra tarea pendiente es el desarrollo de políticas policiales efectivas, por ejemplo, policía comunitaria, policía de proximidad, de solución de conflictos, de mecanismos.”

-¿La aplicación de la OLP es una política errada del Gobierno para disminuir el flagelo de la delincuencia?

-Creo que es muy importante que el gobierno, por primera vez, se haya tomado enserio el problema de la inseguridad, que haya hecho esfuerzos, que le haya dado visibilidad, que lo haya convertido, incluso, en un elemento central de la política de gobierno (…) Un gobierno comprometido con los sectores menos favorecidos debe garantizar protección, pero esa protección no puede ser acarreando más violencia en el mismo sector. Lo que hemos visto de la OLP es que son profundamente ineficientes para desmantelar el delito, por el contrario, terminan contribuyendo a una reorganización del delito violento. Esencialmente para exterminar jóvenes, sean o no sean delincuentes y (para cometer) episodios de abuso, de violencia, incluso de saqueo, de robo, de hurto a la misma gente de los barrios (…) No sirve para enfrentar el delito, la forma como se ha implementado, por el contrario, termina generando mayor daño hacia las mismas comunidades víctimas del delito y una reorganización del mismo, así como un escalamiento de la violencia criminal. Creo que hace falta la presencia estatal legítima en estos sectores donde se han reorganizado las bandas (…) Que la policía entre, se lleve a cinco, mate a 10 y deje presencia como una especie de territorio enemigo, tomado militarmente, no sirve para nada. Hay que pensar en establecer la presencia del Estado en sus múltiples dimensiones en estos territorios.

 

-¿Existe el peligro de que las bandas criminales se conviertan en especie de microgobiernos locales?

-Sí. Yo creo que eso es algo que está pasando- lo hemos venido estudiando-, la aparición de una especie de “soberanía criminal”, porque es algo que tiene que ver con esto que hemos venido hablando: en la medida que el Estado pierde presencia y capacidad de regulación en el territorio, bien porque no esté o bien porque su presencia es ilegítima, deja un vacío que es aprovechado por estos grupos criminales que empiezan a operar como una especie de Estado paralelo (…) Es una forma de organización que le disputa al Estado estos monopolios, pero al mismo tiempo, se aprovecha porque solamente existe a medida que establece relaciones con actores estatales que les permiten el flujo de armas, de drogas, etc.


-Andrés Antillano es licenciado en Psicología, especialista en Criminología, investigador del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y colaborador de varias publicaciones, entre ellas: América Latina y el Caribe, un continente y múltiples miradas; y Jóvenes, cultura productiva y nuevo poder.

María Milagro Sánchez/ Supuesto Negado