LA CUESTIÓN DEL CONFLICTO DE LOS PODERES PÚBLICOS

En medio de una situación en la que el Poder Legislativo se dedica sistemáticamente a obstruir o minar al Ejecutivo, y cuyos diputados no disimulan que el objeto es lograr un cambio de gobierno, se ha desarrollado un conflicto entre los poderes públicos que lleva más de seis meses e inició con la instalación misma de la nueva Asamblea Nacional.

La cuestión

Desde la primera Decisión 260/2015 del 30-12-2015 en la que Sala Electoral del TSJ suspendió la proclamación de cuatro diputados del estado Amazonas (tres de la MUD y uno del PSUV) hasta la del 13 de junio de este año en la que el tribunal declara que “la Asamblea Nacional usurpa funciones exclusivas del jefe de Estado en materia de dirección de las relaciones internacionales”, se han producido 15 sentencias adversas del TSJ contra el legislativo.  Entre estas destacan:

  • La Decisión 4/2016 del 20-1-16 declarando constitucional el Decreto de Emergencia Económica y ordenando su cumplimiento.
  • La Decisión 259/2016 del 31-3-2016 declarando inconstitucional la reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela.
  • La Decisión 264/2016 del 11-4-2016 declarando inconstitucional la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional.
  • La Decisión 269/2016 del 21-4-2016 suspendiendo cinco artículos del Reglamento Interior y Debates de la AN.
  • La Decisión 0271/2016 del 25-4-2016 determinando que cualquier enmienda que pretenda efectuarse a la Carta Magna no puede tener efectos retroactivos ni aplicación inmediata.
  • La Decisión 343/2016 del 06-5-2016 declarando inconstitucional la Ley que otorga Títulos de Propiedad a los Beneficiarios de la GMVV.

Dadas las intenciones de la directiva de la  Asamblea Nacional, que desde el 5 de enero había manifestado su objetivo de buscar una forma de “salir” del Gobierno de Nicolás Maduro en seis meses, y de las diferentes formas de desestabilización política y social hechas posibles por leyes como las de Amnistía o la referente a la Misión Vivienda, no extrañe que se hayan ido activando distintos cortafuegos institucionales para mantener el orden democrático. A esto se han sumado diferentes agravios del Presidente de la Asamblea tanto a la Fuerza Armada como a la memoria del Comandante Hugo Chávez.  El conflicto ha llegado a tales extremos, que desde marzo se ha discutido si el presidente Maduro podría disolver  la Asamblea Nacional. A este respecto, Hermánn Escarrá indicó a principios de abril que el Ejecutivo puede aprobar un Artículo Único que reduce a 60 días el periodo constitucional de los integrantes de la AN. “Ya eso está redactado, el artículo debe decir: se reduce a 60 días el período constitucional de los integrantes de la actual Asamblea Nacional”.

Las perspectivas

Aunque en gran parte el conflicto político se ha desplazado a la activación de la Carta Democrática Interamericana, a la convocatoria o no del referendo revocatorio y, eventualmente, también a las elecciones de gobernadores, la Asamblea sigue siendo la principal referencia para la oposición venezolana. Si el revocatorio no llega a convocarse o no tiene los resultados que espera la MUD, probablemente se intente otro escenario desestabilizador que involucre al legislativo y que compromete los de diálogo -planteados incansablemente por el Gobierno- y que en gran parte significan un encuentro entre los poderes públicos en conflicto.

Supuesto Negado