ÁVILA: “LA SEGURIDAD DEBE TENER UNA GOBERNABILIDAD POLÍTICA”

No puedes perseguir malandros y hacer justicia sin meterte también con policías, jueces y fiscales, opina el estudioso Keymer Ávila.


El investigador Keymer Ávila es categórico cuando afirma que el Gobierno Nacional ha tendido a dar por sentado la resolución automática de la violencia delictiva en el país con la expansión de políticas sociales. Sin negar su impacto en esta problemática, asegura, sin embargo, que el abandono de otras aristas –como la revisión de las instituciones- explica por qué los resultados de la política de seguridad ciudadana del Gobierno no han sido los esperados.

Ávila advierte el peligro de que los dirigentes políticos deleguen el diseño y control de la política de seguridad a los cuerpos policiales y recuerda medidas acertadas como la Comisión Nacional para la Reforma Policial en 2006.

 

-El Gobierno nacional parece haber tomado la decisión de enfrentar con mano dura al hampa. ¿Estás de acuerdo en que se ha tratado con mano blanda hasta ahora?

-La discusión no debe ser una elección dicotómica entre la “mano dura” y la “mano blanda”. Esa discusión no solamente es inútil, sino además, ficticia y peligrosa.

Tienen que haber “manos” de personas que actúen de manera racional y controlada y, detrás de estas personas, tiene que haber instituciones sólidas, y en las “cabezas” de esas instituciones tiene que haber “voluntad” política para que esas instituciones cumplan su rol.

-En otros espacios he explicado cómo el sistema penal venezolano se mueve de manera pendular, va desde el no hacer nada, desde la indolencia y la desidia, pasando rápidamente al otro extremo, el de los excesos y los abusos, sin pararse nunca en el justo medio ¿cuál es el justo medio? Una actuación racional, institucional, permanente, proporcional y enmarcada en la ley.

Cuando vemos el incremento de las tasas de encarcelamiento, ajusticiamientos, así como, el sentido de las reformas legislativas en materia penal, tanto en lo sustantivo como en lo adjetivo, que se han dado en los últimos 18 años, no creo que pueda hablarse de “mano blanda”. De lo que puede hablarse es de un recrudecimiento de la violencia policial y militar, así como, de una expansión del sistema penal que está muy reñida con un discurso político de inclusión y pretendidamente progresista o de izquierda, al menos de una izquierda no autoritaria.

 

-¿Crees que esta política de mano dura representa un cambio con respecto al paradigma que venía aplicando el Gobierno de Chávez y Maduro (nos referimos a la reforma policial con todos sus vectores)?

-Durante la era del chavismo, en el ejercicio del poder, pueden distinguirse claramente dos etapas, dos discursos, dos racionalidades, claramente diferenciables respecto al tema de la seguridad ciudadana, el sistema penal y la política criminal.

La primera etapa inicia en 1998 con el triunfo del presidente Chávez, que logra capitalizar todo el descontento (…) En ese momento, el tema era la política y lo social. La seguridad ciudadana no estaba en la agenda y, en tal caso, esta se terminaba diluyendo en el discurso de las políticas sociales.

La línea era el discurso mertoniano clásico: la falta de oportunidades crea las condiciones para que los más pobres cometan delitos. ¿Cuál es la receta? Mejorar, entonces, sus condiciones de vida. En consecuencia, el enfoque se concentra solo en lo social, en el tema de la inclusión y no se atienden los espacios que son propiamente securitarios: las policías, el Cicpc, los fiscales, los tribunales y las cárceles seguían siendo exactamente las mismas.

Por otra parte, en materia legislativa se seguía la misma racionalidad de la Cuarta República: aumento de penas, disminución de beneficios, extensión de conductas criminalizadas, etc…

Esta primera etapa tiene un punto cumbre en el año 2006, año electoral en el que la inseguridad tomó el primer lugar en la agenda pública y, en consecuencia, fue la protagonista de la campaña electoral de la oposición (…) ¿Cuál fue la respuesta del Gobierno ante esta demanda? La Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol), esa fue una decisión muy acertada por parte del Gobierno, porque ante una crisis creó consensos y además ejerció, de forma racional y seria, el diseño de políticas públicas.

Así, llegamos a la segunda etapa que se inicia después de la muerte del presidente Chávez, en la que el discurso y la política criminal tiene un giro más radical, ideológicamente más cercano al realismo de derecha (…), en el que ahora, el pobre pasa de víctima a victimario, a ser una especie de desagradecido que, a pesar de las maravillosas políticas sociales del Gobierno, insiste en seguir delinquiendo. Desde una visión de la izquierda más conservadora, sería el “lumpen” que obstaculiza el avance de la revolución. Estas serían las excusas ideológicas para darle un cheque en blanco a los militares y las policías para que realicen una especie de “profilaxis social”.

 

-¿Hacía falta un cambio en la política de seguridad?

-Hacía falta la implementación de políticas, por ejemplo, el llamado “nuevo modelo” policial quedó en el diseño, en la ley, en las resoluciones, en publicaciones y en páginas web muy bonitas, pero no se ejecuta, no se materializa. La propuesta de “Misión a toda vida”, que algunos ven como una receta mágica, tenía ideas interesantes a partir de las cuales se podía iniciar una serie de reformas.

-Lo fundamental es lo que te señalé al principio: voluntad política. Podemos tener unos diseños de política maravillosos pero, si los responsables no tienen la voluntad y los “cojones” u “ovarios”, según sea el caso, para implementarlos, es como si estos no existieran.

 

-Ciertos sectores critican los operativos policiales como herramienta para combatir la criminalidad. ¿Cómo desarticulas bandas como la de “El Picure” sin barridos policiales y detenciones masivas?

-Volvemos a la voluntad política: ¿quieres desmantelar las bandas más peligrosas o quieres hacer solamente propaganda?

Supongamos que lo que se quiere es lo primero, ¿Cómo desarticular bandas? Con trabajo de inteligencia de alto nivel, respondiendo inicialmente las preguntas más básicas: ¿Cómo se articulan? ¿Quiénes lo proveen de armas? ¿Quiénes los proveen de armas de guerra? ¿Quiénes les garantizan protección institucional e impunidad? ¿Quiénes les “cantan la zona” desde adentro?

Las bandas grandes y el llamado “crimen organizado” no pueden surgir, ni tener poder, sin un mínimo apoyo institucional de policías o militares, fiscales y jueces. Entonces, debe aplicarse un trabajo de inteligencia en un doble sentido, hacia afuera, es decir, hacia la banda y su territorio; y hacia adentro, dentro de los propios operadores del sistema penal. Pueden neutralizar a algunos miembros o cabecillas de la banda pero, mientras no cese la fuente de protección e impunidad institucional, los miembros de la banda serán rápidamente sustituidos.

 

-Atacar las causas –y no solo las consecuencias- de la criminalidad. Pareciera que eso es lo que hizo el Gobierno de Chávez (reducción de pobreza, reducción del índice de desigualdad, aumento de la escolaridad, aumento del horario escolar, ayuda a las madres solteras, etc.) y, sin embargo, pareciera que ha aumentado la violencia criminal. ¿Por qué crees que esto ha sido así?

-No podemos seguir diluyendo el tema de la seguridad en la generalidad del discurso de la política social, la política social es lo más importante, y eso no debe perderse nunca de vista. Lo que no podemos hacer es confundir la política social con la política de seguridad, mucho menos, permitir la criminalización de la política social, es decir, pretender hacer política social desde espacios que son para hacer políticas de seguridad. Por ejemplo: un policía es un policía, no es un trabajador social ni un maestro de primaria. Un Ministro de Interior no debe estar inaugurando canchas ni dando clases de moral y valores, eso debe hacerlo el Ministro para el Deporte y el Ministro para la Educación. Y, cuándo se hacen este tipo de actividades, estas deben tener como objetivo satisfacer el derecho al deporte y a la educación de los jóvenes del barrio, y no tener una exclusiva lógica preventiva: “para que no paren en malandros”. Porque, en vez de hacer la política social, terminas criminalizando sectores sociales. Acá, cada uno debe hacer lo que le corresponde. Es un tema no solamente de claridad ideológica y de enfoque, pasa por un mínimo orden en los roles y en una buena y racional administración de los recursos.

 

-Las ONGs, los sectores académicos y los políticos progresistas piensan mucho a futuro, a largo plazo, cuando se habla de seguridad. ¿Qué crees que podría hacerse para atacar, no a futuro, sino en este momento, el desbordamiento de la criminalidad?

-Lo primero que debería hacer el Estado es tener el control de sus propias instituciones, los policías y militares no pueden andar por su cuenta actuando discrecionalmente sin ningún tipo de límites. Uno de los aspectos que habría que analizar en el contexto actual sería la policialización de la política, que sería el fenómeno que explica Marcelo Sain, que ocurre cuándo los políticos dejan de ejercer el gobierno sobre la seguridad ciudadana para entregarle el ejercicio de lo político a los cuerpos de seguridad. El tema policial y la seguridad debe tener una gobernabilidad política, y no lo contrario, que los policías gobiernen a los políticos (la policialización de la política).

-Por otra parte, nunca deben dejarse de lado la investigación y diagnósticos de problemas y situaciones concretas para el diseño de la política pública, y su posterior implementación y seguimiento.

-Hay que hacer una revisión profunda, así como se hizo con las policías, con el Sistema de Administración de Justicia.

-Se debe asumir que nuestros problemas securitarios no se resuelven legislativamente ni por decreto, se resuelven con voluntad política real, con construcción y fortalecimiento institucional.

-No se puede pretender abordar toda la conflictividad social con policías y cárcel, cuando sigues esa lógica terminas colapsando al sistema penal con casos de poca monta. De no hacerlo, el efecto sería contraproducente: a) el sistema penal colapsa y, en consecuencia, sería ineficiente; b) la violencia institucional incrementará la violencia social.

-Lo que se necesita es una mejor y debida prestación del servicio de policía; tal como se ha diseñado a partir del año 2006 desde la Conarepol, y plasmado en 2009 en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. La aplicación y seguimiento de la política debe ser congruente con el diseño de la misma.

-¿Qué te parece la participación de militares en labores de seguridad ciudadana?

Hay que deslindar lo que es la seguridad integral de las personas en su cotidianidad, o seguridad ciudadana, de lo que es la seguridad de la nación; son dos aspectos que no deben confundirse ni mezclarse.

-La fusión de ambos conceptos puede traer consecuencias graves y ocasionar más problemas de los que pretende resolver. La nación se defiende de enemigos externos en un contexto bélico, a los que hay que aniquilar. Mientras que la conflictividad en escenarios de seguridad ciudadana se da entre civiles, cuya máxima expresión estaría en la comisión de delitos, en esos casos, el delincuente tiene derechos y debe ser sometido a un proceso legal con resguardo de todas las garantías. Son dos racionalidades distintas, con actores institucionales también distintos; dos entrenamientos y adoctrinamientos claramente diferenciados, que responden a funciones diferentes. Cuando el “enemigo” puede ser cualquier ciudadano, salimos perdiendo todos.


Keymer Ávila es abogado, máster en Criminología y Sociología Jurídico Penal, investigador del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela y profesor en la misma universidad.

Supuesto Negado