Las Bacrim azotan la frontera desde la sombra de la guerrilla y los paramilitares

Investigamos y analizamos sobre las Bandas Criminales o “Bacrim”, que operan en las ciudades venezolanas fronterizas con Colombia, y que azotan a la población cobrando vacunas. Lea a continuación el reportaje completo, que forma parte de nuestro seriado dedicado a la situación de la frontera, publicado en la página web de Supuesto Negado.

Parte de las estructuras paramilitares y de las Farc que no se desmovilizaron durante los procesos judiciales que se hicieron en Colombia operan ahora como Bandas Criminales o Bacrim (lo que en Venezuela se conoce como delincuencia organizada) en la frontera colombovenezolana.

Estos nuevos grupos irregulares armados de la violencia importada son “excombatientes” de la guerra interna colombiana, y ahora son delincuentes sin motivación política o ideológica.

“Son organizaciones sicariales que usan la extorsión como su fuente de financiamiento”, explicó a Supuesto Negado Santiago José Gómez, profesor de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Libre de Colombia, del núcleo de Cúcuta.

Así como fue históricamente en Colombia, ahora en varios estados venezolanos −sobre todo los fronterizos− un sector importante de la población económicamente activa tiene que pagar “cuotas de seguridad” a las Bacrim, la guerrilla o el paramilitarismo debido a la falta de protección del Estado.

Reportes de ONG y estudiosos del tema coinciden con Gómez en que estas bandas armadas operan en los estados fronterizos con Colombia Zulia, Táchira, Apure y además en Barinas, Mérida y Portuguesa.

Las Bacrim operan en Colombia y Venezuela “escondiéndose” de la guerrilla y del paramilitarismo, aunque a veces se hacen pasar por ellos en las comunidades para intimidar sobre todo por el poder de fuego y terror que históricamente han tenido esos dos grupos armados.

Al ser apresados algunos miembros de las Bacrim −por tratarse de exguerrilleros y exparamilitares− intentan acceder a beneficios judiciales para los integrantes de estos grupos que hayan decidido reinsertarse a la sociedad a través de la propuesta del Gobierno, explicó el académico.

“Usan la violencia y el miedo como forma de chantaje para conseguir el pago de su extorsión o secuestro y evitar las denuncias”, sentenció el catedrático.

Lo que en principio fue un flagelo rural, de grandes capitales y selectivo, ahora es urbano, masivo, indiscriminado y de pequeños montos.

El retorno de los extraditados

El regreso a Colombia de algunos importantes cabecillas paramilitares tras purgar condena en el exterior, sobre todo en Estados Unidos, alerta a las autoridades colombianas.

En los últimos dos años han vuelto más de 120 paramilitares que estuvieron extraditados, entre ellos Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, el temido excomandante del bloque central Bolívar de las AUC.

“La mayoría van a seguir sus fechorías porque no saben hacer otra cosa. Eso se va a sentir aquí (en Colombia) y allá (en Venezuela)”, alerta el profesor mientras hace una pausa y se da un trago de su café.

Según sus estudios, actualmente tiene presencia en Venezuela una fracción “residual” de las Farc (con el número dos, Iván Márquez, a la cabeza) y el ELN. Además, los grupos paramilitares: Los Urabeños, Los Rastrojos, Las Águilas Negras, Los Paisas, las Autodefensas Gaitanistas o Clan del Golfo, Las Autodefensas de Norte de Santander y Las Autodefensas de la Frontera.

En Colombia la frontera urbana es la parte más custodiada, la que presenta el mayor índice de concentración de efectivos policiales y los que portan las mejores herramientas logísticas para detectar y prevenir el delito.

A pesar de que disponen de inteligencia táctica, comunicaciones y electrónica, no cuentan con el mayor activo que puede tener la ejecución de una exitosa estrategia de lucha contra la criminalidad: el ciudadano.

Impunidad, corrupción e incapacidad

La falta de efectividad para atacar el delito en la frontera de ambos países se caracteriza principalmente por la impunidad de los victimarios para cometerlo, la corrupción e incapacidad manifiesta de las autoridades para hacerles frente y la desconfianza ciudadana.

Recientemente, el presidente Nicolás Maduro informó la activación de la alerta naranja en su fase dos en la frontera con Colombia para evitar que los grupos irregulares neogranadinos ingresen al país.

“Todos debemos continuar trabajando en las tareas que implica la activación de la alerta naranja. La oligarquía colombiana persiste en su afán de fabricar falsos positivos en la frontera. Sus acciones fracasarán nuevamente y la paz prevalecerá: ¡Estamos preparados para mantenerla¡”, fue el mensaje divulgado por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López.

No es un dato menor que en Colombia llegaron a contabilizarse hasta 39 agrupaciones paramilitares con presencia en 667 municipios de los 1.101 del país (lo que representa 60,5% del territorio colombiano).

A pesar de que reiteradamente la gobernadora del Táchira, Lady Gómez, asegura que no está dentro de sus competencias ejercer la seguridad de la soberanía nacional porque esta responsabilidad recae sobre el componente castrense, analistas y detractores locales consideran que su actuación es negligente.

Sin embargo, cada vez que sale a colación el tema de la seguridad, Gómez solicita que sea devuelta a su despacho la Policía Regional (que fue intervenida por el Ministerio de Interior y Justicia en 2017).

Colombianización de la política

Las fotos del presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, con jefes de Los Rastrojos refuerzan las denuncias y señalamientos de Miraflores sobre la conexión entre la derecha venezolana, el Gobierno colombiano y el paramilitarismo.

Hace unas semanas tuvo presencia en las redes un comunicado atribuido a las Autodefensas Unidas de Colombia, identificando objetivos militares en Venezuela y su incursión en el país. El Gobierno colombiano negó la autenticidad del manifiesto.

La extorsión se ha convertido en la mayor fuente de financiación de estos grupos ilegales, por encima incluso del narcotráfico, quienes han entendido entre otras cosas, que al exigir pequeñas cantidades de dinero existen menos posibilidades de denuncias, porque la víctima considera que a un bajo precio puede comprar su seguridad o, en otros casos, garantizar la permanencia en la práctica económica informal e ilegal.

Por eso, se mantienen a sangre y fuego constantes disputas entre grupos ilegales, en sectores del contrabando de combustible, de víveres, de insumos agrícolas y medicinas entre otros, asimismo, en lugares reconocidos de la economía informal e ilegal como los vendedores ambulantes, los cambistas callejeros, los “transportadores piratas” y los microvendedores de drogas.

Por Edgard Ramírez / Supuesto Negado

Siga leyendo los trabajos especiales que Supuesto Negado publicó en su página web a propósito del seriado dedicado a la situación fronteriza. Con entrevistas, reportajes y artículos de análisis nuestro equipo periodístico va tras la pista del día a día en la frontera.