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Al parecer, la izquierda tiene que someter algunas tesis a revisión para poder gobernar eficazmente. Eduardo Febres hace algunas precisiones al respecto.
Uno nunca sabe para quién trabaja. Y lo único que garantizan las buenas intenciones son las buenas intenciones: nuestra lucha contra la pobreza nos costó una fuga de capitales de más de 200 mil millones de dólares y nuestro enfoque no punitivo del problema de la violencia criminal nos costó un crecimiento de las redes delincuenciales que ya las convirtió en un problema de soberanía nacional. Entonces antes de caerle encima con el rosario progre a los millones aprobados para cárceles, varios tenemos que reconocer que fuimos cándidos e ingenuos en esa lectura indulgente, y a veces protoépica y libertaria de la violencia criminal.
No se trata de que ahora vayamos a glorificar la mano dura, entre otras cosas, porque eso se ha aplicado aquí desde que existe el fenómeno, con sus momentos estelares de las redadas de la PM en los 90 y su versión contemporánea con los madrugonazos del CICPC. Pero cuando el hampa te demuestra que mutó en otra cosa (y te matan policías todas las semanas, te asaltan guarniciones para quitarte armas, te matan cada vez más objetivos políticos…), y optas por la excepcionalidad para enfrentarla, tienes que asumir las consecuencias.
¿Es facho construir prisiones? Puede ser, pero si el fenómeno te desborda y asumes una acción represiva para enfrentarlo, es inminente que vas a llevarte detenidos y va a aumentar la población carcelaria, a menos que la idea sea matarlos a todos. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Hacinarlos? ¿Tenerlos unos días en una jefatura y después soltarlos? La respuesta progre la sabemos: la violencia criminal es solo un síntoma de la exclusión y, si realmente quieres acabar con la delincuencia, tienes que atacar es la causa, no el síntoma. Pero el mejor argumento contra ese análisis reduccionista es la experiencia del Gobierno bolivariano que redujo contundentemente el índice de desigualdad, mientras el índice de criminalidad iba palo arriba. A la larga, resulta más facho escurrir el bulto que tomar una decisión dura.
La idea no puede ser abandonar las otras aristas del problema. Por cada millón invertido en cárceles y operativos, deberían invertirse mil en misiones socialistas. Y la mayor inversión en dinero, pero también en capital político, y capaz hasta en poder militar, debería ser para refundar y depurar el sistema de justicia que hoy está tan privatizado de facto como las zonas controladas por paramilitares. Con una justicia controlada por el poder económico y garante de la impunidad, no puede ni garantizarse que esos millones aprobados no se los roben, ni podemos protegernos de que esta política contra la violencia criminal se deje incompleta, como todas las demás.
Eduardo Febres/Supuesto Negado
