El central azucarero de frontera que el Gobierno quiere recuperar con mano de obra penitenciaria

Lee la historia del Central Azucarero del Táchira, enclavado en plena frontera con Colombia. ¿Podrá el gobierno recuperar esta empresa que data de 1954 y que tiene una larga historia de nacionalizaciones y privatizaciones? por ahora lo más llamativo es que parte importante de la mano de obra actual viene de la población penitenciaria de la cárcel de Santa Ana. El trabajo forma parte de nuestro seriado dedicado a la situación fronteriza.

En el Táchira, borde fronterizo con Colombia, el Gobierno de Nicolás Maduro reactivó con mano de obra penitenciaria un central azucarero en desuso y ahora busca aportar 2% en el indicador nacional de ese rubro y llegar a los anaqueles locales plagados de artículos neogranadinos y sin presencia de marcas nacionales de azúcar desde hace mucho tiempo.

Pero el mayor reto no es solo ese sino además ¿o principalmente? contener el histórico contrabando de extracción de este producto hacia Colombia.

Aunque el diferencial cambiario –producto de la hiperinflación criolla– hace que la mayoría de los productos terminados sean más baratos en Colombia que en Venezuela (el kilo de azúcar aquí ronda los 24 mil bolívares y en el país vecino 10 mil bolívares, es decir 1500 pesos) a precios de mayorista sigue siendo un producto altamente apetecido por los contrabandistas.

Esto evidencia una vez más el grosero porcentaje de ganancia de los vendedores venezolanos que aprovechan sobre todo la falta de disponibilidad de los productos industrializados.

“El Central Azucarero del Táchira (Cazta) será el mejor de Latinoamérica. Vamos a trabajar para reactivar la producción y superar los indicadores históricos”, aseguró la ministra de Servicios Penitenciarios venezolana, Iris Varela, hace unas semanas, durante la reinauguración de la planta ubicada en Ureña, un pueblo fronterizo del estado Táchira que colinda del lado colombiano con el Norte de Santander.

Los lugareños celebran la puesta en funcionamiento de la principal industria del sector –después de tres años en abandono– pero no se suman al grado de confianza impulsado por la ministra y el “protector del estado”, Freddy Bernal, quien también se deshizo en elogios por la recuperación de la empresa refinadora de origen francés construida en 1954.

“Hay varias cosas que urge explicar, porque en medio de la pelea política se dicen muchas mentiras y verdades a conveniencia”, asegura un ingeniero de la Corporación Venezolana del Azúcar (CVA) que trabajó en el proyecto de recuperación y que aceptó la entrevista con Supuesto Negado bajo la condición de no ser enunciado directamente.

“Primero: Por ahora la fábrica solo está haciendo labores de refinación (de azúcar moscabada a blanca) y no de molienda. Segundo: los privados de libertad del Centro Penitenciario de Occidente trabajaron bajo vigilancia y principalmente en labores de limpieza y pintura. Y tercero: lo más difícil será obtener continuamente materia prima (caña de azúcar) porque los productores prefieren venderla a los paneleros, quienes pagan más y de inmediato”, puntualizó.

El entrevistado recordó que en el año 2018 los ministros Iris Varela y Wilmar Castro Sotelo (este último del Ministerio de Agricultura y Tierras) hicieron una alianza estratégica en convenio interinstitucional y entonces CVAzúcar les entregó la administración y el proyecto de reactivación.

“Tras un convenio con empresarios privados se comenzó la inversión necesaria y la puesta en marcha. Actualmente se empezaron a refinar cerca de 400 toneladas de azúcar diarias y la meta es elevarla a 1.200 diarias”, dijo.

Sobre la participación de la Comercializadora privada Napole, la ministra Varela hizo hincapié en que si hay voluntad de invertir y seguir las leyes establecidas, es posible un espacio de colaboración conjunta y necesaria entre Estado e industriales. “No es que persigamos a la empresa privada, perseguimos a las mafias políticas que se gestan con los recursos del Estado, que quieren cartelizar la producción y generar monopolios”, dijo a la televisión estatal.

Ubicación estratégica

El Central Azucarero Ureña fue privatizado en 1994 (en la modalidad de “activos en operación” vía licitación pública internacional) y luego nacionalizado de vuelta.

“En ese momento la privatización se justificaba por la situación deficitaria de la mayoría de los centrales públicos, su bajo rendimiento, la necesidad de realizar importantes inversiones para su mejoramiento tecnológico y la incorporación de procedimientos que garantizaran mayor eficiencia”, explicó el ingeniero.

Comentó que en el año 2017 estaban en funcionamiento 16 centrales de los cuales 10 correspondían al sector público y 6 al privado. En el primer caso se aportó 15.5% de la producción, mientras que las factorías privadas contribuyeron con 84.5%.

Es por eso que la recuperación del central fue proyectada con varios objetivos: impulsar la producción nacional, incentivar el crecimiento de cañaverales, crear puestos de trabajo y “lograr una victoria en zona fronteriza”, según declaró la ministra Varela.

Para la puesta en marcha del central, trabajaron 100 privados de libertad con destrezas técnicas y bajo régimen “de confianza” y otros 300 trabajadores (la mayoría jubilados de la propia empresa y otros que había renunciado por la depreciación de los salarios sobre todo teniendo en cuenta el abismal diferencial cambiario que significa trabajar en Venezuela o en Colombia).

Aunque la fuente consultada y un par de trabajadores más interrogados coincidieron en que se paga una parte en bolívares y otra en pesos –sin especificar cuánto– esta información no fue confirmada ni por el Ministerio Penintenciario, ni por el MAT.

En esta zona caracterizada por la economía informal y el contrabando, un trabajo con poca remuneración y sin beneficios de Ley “no es negocio”, aseguraron los entrevistados que insistieron en no estar autorizados para dar declaraciones.

Recuperar áreas de cultivo

Francisco Cegarra –cañicultor tachirense con tres décadas en el rubro– explicó a Supuesto Negado que paulatinamente en esta zona se fueron perdiendo áreas de cultivo sobre todo porque no había una política clara de apoyo al sector, la migración de obreros a Colombia y por el control de precios sobre el producto.

“Aunque hay unas 1.100 hectáreas dispuestas a activarse en la zona, su rendimiento es muy bajo (entre 18 y 24 toneladas por hectárea, mientras debe ser de 60 por lo menos). En la zona colombiana hay disponibles unas 2 mil hectáreas que antes se aprovechaban también, pero ahora con el problema con ellos no creo que se pueda traer caña de allá”, reflexionó.

Cegarra aseguró que los cañicultores y los trabajadores están muy entusiasmados con la reactivación del central, pero advirtió que si el precio que ofrece el Gobierno no es competitivo muchos preferirán “arrimar la cosecha” a los trapiches que hacen panela, ya que este producto no tiene precio protegido y por ende ofrece mucha mayor rentabilidad.

“¡Hasta hace unos 10 años había en la zona andina y llanera unos 200 trapiches y hoy hay casi 700!”, exclamó.

Privados de libertad trabajadores

Sin lugar a dudas lo que más llama la atención de la reactivación del Central Azucarero de Ureña es que se haya llevado adelante gracias al trabajo de los reclusos de la cárcel tachirense de Santa Ana.

A pesar de críticas como la del concejal del vecino municipio Bolívar, Carlos Chacón, asegurando que la mano de obra penitenciaria “nos devuelve a la época de (Juan Vicente) Gómez, impacta negativamente contra el trabajo local y representa un riesgo para la comunidad”, la verdad es que la propia Ley de Régimen Penitenciario del año 2000 establece que el trabajo es un derecho y un deber de la población carcelaria.

En sus artículos 15 y 16 consagra que el objetivo es “preparar a la población reclusa para las condiciones del trabajo en libertad, obtener un provento económico y fortalecer sus responsabilidades personales y familiares”.

También señala que el Ministerio dispondrá de los medios necesarios para proporcionarles adecuado trabajo con la participación directa de empresas y organismos públicos y privados.

Obvio, los reclusos trabajadores reciben una remuneración. Esta cifra tampoco fue proporcionada por las autoridades abordadas.

Lo que sí dijo la ministra durante la inauguración de la empresa es que el productor que quiera trabajar con privados de libertad debe contactar a su despacho para hacer la evaluación pertinente. “Nosotros nos encargamos de llevarlos y traerlos, de brindar las condiciones de seguridad necesarias y además de la vigilancia”, aclaró.

Por Edgard Ramírez / Supuesto Negado

Siga leyendo los trabajos especiales que Supuesto Negado publicó en su página web a propósito del seriado dedicado a la situación fronteriza. Con entrevistas, reportajes y artículos de análisis nuestro equipo periodístico va tras la pista del día a día en la frontera.