CIBERATAQUES: ¡CARAMBA (U OTRA PALABRA), NOS TIENEN RODEADOS!

CIBERNETICO

“La lucha contra los tecnócratas ha llevado a poner en cargos de alta responsabilidad técnica a personas no calificadas”


Para los lectores profanos, los que a duras penas manejamos algo de tecnología, resulta descorazonador el análisis de la denuncia del ciberataque contra Venezuela, realizado por Luigino Bracci Roa, informático dedicado a la comunicación social revolucionaria. Más allá de abundar sobre el hecho en sí, que fue declarado por el gobierno como una acción de guerra digital, esa nota revela que, gracias al abrumador dominio tecnológico, estamos a merced de las fuerzas mundiales que ejercen la hegemonía económica, política y comunicacional.

No es que antes de ese análisis (disponible en http://lubrio.blogspot.com/2016/12/de-verdad-hubo-un-ataque-cibernetico.html) ignorásemos inocentemente nuestra vulnerabilidad, pero seguro que muchos no teníamos conciencia de cuán frágil es nuestra posición en este escenario fundamental de la guerra de última generación.

Ese trabajo de Bracci Roa merece ser refritado (como se dice en el argot periodístico), porque le da argumentos sólidos a la denuncia del ciberataque, pero más todavía porque nos permite vernos directamente en el espejo y darnos cuenta, sin suavizantes, que estamos desnudos, con una mano adelante y otra atrás, frente a un enemigo que tiene por costumbre ultrajar al que se le antoje.

Lo primero que queda claro es que se trata de una confrontación que se libra en un campo netamente enemigo. La información, que es el arma básica de esta forma de guerra, está bajo control de las fuerzas adversarias. Y no se trata solo de los datos que sus operarios puedan robarse, gracias a su superioridad científica, técnica y financiera, sino también del enorme cúmulo de todos los materiales de interés (documentos, imágenes, cifras, procesos, claves, registros, antecedentes, etcétera) que nosotros mismos hemos colocado en sus manos, sin que medie una pistola apuntando a la cabeza, una amenaza de bomba ni nada semejante. Como usuarios que somos todos, el gobierno y sus más altos funcionarios incluidos, de sus dispositivos y programas, hemos cedido, antes de la guerra, buena parte de las balas con las que nos van a liquidar.

La dependencia tecnológica es total: abarca desde lo más elemental, que serían los correos electrónicos de todas y todos (del presidente hacia abajo), hasta los sistemas informáticos estratégicos, de los que dependen la marcha de la economía, la seguridad y defensa, los servicios públicos y las industrias básicas. El control que ejercen las fuerzas de la derecha se afinca aún más en aquellos ámbitos donde prima el sector privado, pero que tienen efectos masivos incuestionables, como es el caso de la red informática que rige las operaciones bancarias, es decir, el blanco específico del ciberataque denunciado la semana anterior.

El caso Intesa, primer acto de ciberguerra

La forma en que fue presentada la denuncia hace pensar en un hecho repentino e inesperado, tal como un incendio o una explosión. Pero no es así. Lo que ocurrió –y, sobre todo, lo que podría ocurrir más adelante- se parece más a esos desastres llamados naturales, que van dando advertencias a lo largo de años, las cuales son desestimadas por las autoridades y por las personas que viven en la zona afectada. En efecto, los conocedores de la materia están conscientes de la enorme dependencia que sufre el país de los equipos y de los programas que producen y controlan grandes corporaciones capitalistas, una dependencia que aumenta día a día, en términos exponenciales, pues así crece y se desarrolla este dinámico sector a escala global.

Algunos de los muchos “avisos” que se han recibido sobre esta eventual catástrofe han sido lo suficientemente contundentes como para generar algunas políticas públicas. El más importante se puso en evidencia durante el paro petrolero de finales de 2002 y comienzos de 2003, cuando quedó comprobado que la empresa Informática, Negocios y Tecnología (Intesa), encargada, gracias a la figura del outsourcing, del procesamiento de datos de la industria de los hidrocarburos, fue clave en el sabotaje total de las operaciones de extracción, producción, refinación y transporte de Pdvsa. Es más, algunos conocedores del tema consideran que la acción de Intesa (creada durante el gobierno de Rafael Caldera bajo el paraguas de la Apertura Petrolera) puede considerarse el primer acto de ciberguerra en la historia, pues eran evidentes sus conexiones con agencias extranjeras que estaban dirigiendo las acciones destinadas a derrocar al presidente Hugo Chávez. En un trabajo del sociólogo y experto petrolero Eleazar Mujica Sánchez, publicado en la página Misión Verdad en 2014, se afirma que los ataques perpetrados por Intesa fueron de tal magnitud que causaron daños peores a los sufridos por la industria petrolera iraquí como consecuencia de la guerra propiamente dicha.

Después de superar esa difícil coyuntura, Pdvsa “nacionalizó” sus sistemas de procesamiento de datos. Y el verbo queda entre comillas porque si bien se pudo desalojar a Intesa y a los funcionarios palmariamente adversos a la soberanía petrolera, la dependencia tecnológica está lejos de superarse.

Durante los años posteriores al paro petrolero se ha insistido mucho en la búsqueda de la independencia en el campo informático. El comandante Chávez procuró siempre garantizar la formación de profesionales y técnicos capaces de ayudar al país a encontrar la ruta. También se procuró diversificar el origen de los equipos, a través de convenios con países como Portugal (para las Canaimas) y China. El uso del software libre ha sido una bandera y una consigna. Estas políticas se han mantenido durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro, aunque, como en tantos otros campos, las iniciativas se han visto menoscabadas por la caída de los ingresos nacionales y por la guerra económica.

Volviendo al análisis de Bracci Roa, esas grandes líneas estratégicas están lejos de haberse consolidado. Uno de los problemas fundamentales es que buena parte de las operaciones sensibles siguen estando en manos de empresas privadas “llenas de directivos, ingenieros y técnicos que aborrecen el proceso bolivariano”, señala el especialista. En este caso se ubicaría Credicard, la compañía encargada de las transacciones electrónicas, entre cuyos propietarios se encuentra la familia D’Agostino, a la que pertenece el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup.

Adicionalmente, de acuerdo con Bracci Roa, se han cometido muchos errores en el sector público, entre ellos el enfocar indebidamente la lucha contra la “meritocracia” y los “tecnócratas”, lo que ha llevado a poner en cargos de alta responsabilidad técnica a personas no calificadas para dichas tareas.

En conclusión, cualquiera puede tener la impresión de que, en materia de eventuales ciberataques, solo falta que alguien grite: “¡Caramba (u otra palabra), nos tienen rodeados!”.

____________

Por Clodovaldo Hernandez / Supuesto Negado

clodoher@yahoo.com