¿DE VERDAD TENEMOS MUCHOS BURÓCRATAS?

Supuesto Negado se pone a sacar la cuenta de cuántos funcionarios públicos sobran o faltan. ¿Botamos gente o contratamos más?


A finales de abril de este año la noticia de que los funcionarios públicos venezolanos iban a trabajar solo medio día, lunes y martes, recorrió el mundo. La razón para esta reducción del horario laboral  era ahorrar energía eléctrica en un momento en que las lluvias, que evitarían el colapso del Guri, no terminaban de llegar. A finales de junio inició el período lluvioso, y en julio se empezaron a eliminar las medidas de emergencia, sin embargo, la polémica decisión ya había sido usada en el exterior para poner en ridículo a Venezuela. En el país, además de contribuir al malestar generalizado, la medida provocó quejas, chistes y risas amargas contra una burocracia a la que nadie defiende pero con las que todos tienen algo que ver, y consolidó la idea de que tenemos una enorme burocracia que, encima, casi no trabaja.Otra noticia divulgada internacionalmente hace poco fue que Venezuela era el país con más ministerios del mundo: treinta y dos, uno más que Burkina Fasso. Entre los países con más burocracia, Venezuela está en el top 100 pero muy lejos del tope: de una población ocupada -que tiene o ha tenido trabajo recientemente- de 13 millones de personas 2.5 millones está en el sector público, o lo que es lo mismo: dos de cada diez venezolanos son funcionarios públicos. Esa nómina entre 1998 y 2013 aumentó más de 100% al pasar de 1.280.000 personas en 1998 a 2.672.000 en el segundo trimestre de 2015, según el Instituto Nacional de Estadística. Proporcionalmente es mucho menos que otros países como las Bahamas donde 34% de la población trabaja para el Estado, aunque su Gobierno es de corte neoliberal.

Sin embargo, la cuestión de si un país tiene mucha o poca burocracia no es cuantitativa, sino cualitativa y se reduce a la pregunta: ¿cuántos funcionarios públicos son necesarios?, con cinco poderes públicos, seis vicepresidencias y treinta y dos ministerios muchos creen que tenemos exceso de burocracia y que en la coyuntura actual deberíamos recortarla.

De hecho, ya hubo una disminución de la nómina púbica que bajó 0,4 % para el último trimestre de 2015 quedando en 2.550.000 personas, es decir, prescindió de 119.000 empleados públicos. ¿Cuánto pesan esos 2.5 millones de venezolanos empleados en la administración pública?, no lo sabemos con exactitud, pero sus salarios y beneficios laborales no pueden exceder los 813 mil 324 millones de bolívares que, en el presupuesto de 2016, corresponden  a gastos de funcionamiento. No es fácil saber cuántos empleados están en funciones administrativas y cuántos en operativas, cuántos asesores o empleados por honorarios tiene el Estado venezolano, porque las organizaciones públicas y privadas en Venezuela no se caracterizan por compartir mucha información.

En ese sentido, es importante resaltar que las gobernaciones y alcaldías de la oposición, así como el Poder Legislativo, ahora en manos de la MUD, forman parte de la administración pública tal como las vicepresidencias y ministerios.

Lo que es necesario recordar es que no todos los funcionarios públicos entran en el cliché del burócrata improductivo: los trabajadores petroleros, los maestros, las enfermeras y los pilotos de combate son, de hecho, funcionarios públicos. Usualmente se juzga su productividad según los criterios de la empresa o de la fábrica pero es arbitrario considerar improductivo a un bombero, a una maestra o un empleado del aseo urbano. Al fin y al cabo el Estado es un empleador como cualquier otro y contrata todo tipo de gente.

El problema que tenemos en este período de sequía fiscal es si toda la gente que contrata el Estado es necesaria y cuántas se dedican a esa labor administrativa complicada y parasitaria que identificamos con la burocracia, así que, cuando hablamos de “limpiar” la nómina de la administración pública hay que entender que buena parte de esos 2.5 millones de personas cumple funciones, no solo útiles sino esenciales.

Hacer recortes generalizados en la administración pública no solo dejará a mucha gente sin empleo sino que disminuirá el consumo y contraerá la economía más de lo que ya está, pues los salarios y beneficios de los funcionarios públicos son una buena parte de esos 813 mil millones de bolívares y  se gastan comprando bienes y servicios al sector privado de la economía, permitiendo que, a su vez, este pueda pagar salarios.

La reducción de la nómina pública y de los gastos burocráticos tendría que hacerse caso por caso, organismo por organismo, eliminando trámites innecesarios y sacando a los elementos parasitarios, mas para ello, no tenemos todavía ni las instituciones adecuadas, ni la actitud, pues la crítica al burocratismo se mezcla con la adaptación al mismo cuando es conveniente: eso lo vemos tanto en los dirigentes políticos como en la misma gente que se burlaba de la reducción de la jornada.

Entre tanto, no queda más que estar a la expectativa de si, tal como ocurrió con las importaciones, la  escasez de recursos fiscales llevará a recortes abiertos o disimulados en la nómina de la administración pública y cómo afectaría eso la economía.