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El secretario de Estado de los EE.UU., Rex Tillerson, ha asegurado que el Gobierno de Nicolás Maduro “está violando su propia Constitución impidiendo el derecho a la organización, de manera que los ciudadanos puedan expresar sus puntos de vista”.
También ha reconocido que EE.UU. está siguiendo de cerca la actual situación “y trabajando con otros particularmente a través de la OEA para comunicarles estas preocupaciones”.
El Departamento de Estado de los EE.UU emitió un comunicado el martes 18 de abril, refiriéndose a la situación política en Venezuela:
“Venezuela ha sido testigo en las últimas semanas de protestas continuas desde que la Corte Suprema demostró su falta de independencia del Poder Ejecutivo a través de una serie continua de decisiones judiciales contra los miembros de la Asamblea Nacional libremente elegida”.
El pretexto para arreciar en las “campañas de asedio y derribo” que forma parte de las estrategias de guerra no convencional de los EE.UU. ha sido que las recientes decisiones de la Sala Constitucional del TSJ (155 y 156), luego rectificadas por el exhorto del propio presidente Maduro, al evaluar diversas opiniones, incluyendo las declaraciones de la Fiscal General de la República sobre el tema, habían demostrado “la falta de independencia del Poder Judicial frente al Poder Ejecutivo a través de una serie continua de decisiones contra los miembros de la Asamblea Nacional”.
En realidad, el control mayoritario que desde finales del año 2015 logró la oposición coaligada en la MUD generó las condiciones eficientes para la puesta en marcha del “Golpe Blando”, activando el bloqueo parlamentario hacia áreas estratégicas de la acción de gobierno, como el estrangulamiento presupuestario y financiero, y una campaña de deslegitimación inducida hacia la figura del presidente Maduro, llegando incluso a declarar la inconstitucional acusación del “abandono del cargo”.
La Sala Constitucional del TSJ ha intentado habilitar al Ejecutivo para que pueda legislar en aspectos claves, sin contar con el aval del legislativo, y en el marco del Decreto de Excepción, apelando a los principios constitucionales de cooperación entre los poderes para garantizar la unidad y efectividad de la acción del Estado.
Sin embargo, el principio de cooperación y separación de funciones entre poderes del Estado ha sido eficazmente distorsionado a través de una campaña de opinión pública nacional e internacional, que ha legitimado la percepción de que se estaría violando la Constitución nacional y la separación de poderes, argumento que en la OEA han sostenido los países gobernados por tendencias de derecha.
El principal instigador para sancionar a Venezuela en la OEA ha sido su secretario general, Luis Almagro, quién recientemente ha señalado que Venezuela pasó de ser una “democracia fallida” a una “completa dictadura”.
De tal manera que la orquestación de mensajes, tanto en el plano internacional como nacional, permite comprender la uniformidad de los guiones de los propios actores de la oposición venezolana, quienes con sus diferencias y divisiones internas tratan de ajustar sus declaraciones a los dictados de Washington.
Las protestas violentas en Venezuela han sido instigadas desde el exterior y calificadas como manifestaciones pacíficas, utilizando a grupos de choque organizados por los principales factores de oposición de derecha en el país como Voluntad Popular, Alianza Bravo Pueblo, Vente Venezuela y Primero Justicia.
Los sectores de derecha realizaron, en una reunión en la AN con la llamada “sociedad civil”, el día 11 de abril de 2017 (día en el cual se intentó en el año 2002 el golpe de Estado contra el presidente Chávez) la puesta en marcha de una agenda de conflicto alrededor de un llamado “Manifiesto Democrático”.
Los medios internacionales calificaron esta agenda como un plan de acción para la nueva Venezuela. En tal documento, además de afirmar que en Venezuela hay una “ruptura del orden constitucional que ha derivado en un golpe de Estado continuado” (Punto primero), se insta a la “Fuerza Armada Nacional” a “adoptar las medidas correspondientes para garantizar el restablecimiento del orden constitucional” (Punto sexto), convocando al pueblo al “restablecimiento de la democracia de acuerdo al art. 333 constitucional” (Punto décimo) y a la movilización hacia las sedes de la Fiscalía, Defensoría del Pueblo y Poder Judicial activando un proceso de resistencia democrático (Punto noveno).
Tal documento ha sido subestimado en las declaraciones de los actores del Gobierno, concentrándose en el estallido de las protestas desde el día 19 de abril y denunciando el “golpe de Estado” de la derecha, sin comprender que corresponden a un plan de acción de corto plazo contemplado en una agenda de crisis política para el acoso y derribo del Gobierno.
En los propios documentos doctrinarios de los EE.UU. sobre la guerra no convencional se señalan las maneras en que se lleva a cabo la guerra no convencional y la factibilidad de los EE.UU. para patrocinar un movimiento de resistencia, explicando las 7 fases de la guerra no convencional y los componentes de la insurgencia.
La estructura de un movimiento de resistencia cumple un conjunto de acciones entre las cuales destacan la creación de una atmósfera de amplio descontento mediante la propaganda y los esfuerzos políticos y psicológicos para desacreditar al Gobierno. También se habla del establecimiento de un “frente nacional” de organizaciones y movimientos que apelan a la presión internacional.
Sin lugar a dudas el llamado “movimiento de resistencia democrático” (el antichavismo), construye las condiciones y situaciones para una sucesión de acontecimientos de conmoción política que permitirían justificar la intervención externa contra la Revolución Bolivariana.
Esto implica necesariamente catalizar, en las próximas horas, picos de alta tensión política, propagando la zozobra y confusión colectiva, escalando el conflicto hasta producir una demanda de un nuevo orden político.
Desde el 19 de abril se está intentando concretar la agenda golpista del “Manifiesto para la democracia”, tratando de movilizar masas humanas hacia el centro de Caracas, desafiando abiertamente a las autoridades que pretenden evitar enfrentamientos y choques.
En la mañana del 18 de abril, el diputado y dirigente de Primero Justicia, Julio Borges, se dirigió a las FANB animándolas a desconocer al Presidente de la República, así como la línea y cadena de mando, siguiendo el Punto sexto del manifiesto:
“Ustedes deben ser parte de la solución de las dificultades que atraviesa el país. Detrás de esos escudos hay hombres que no están de acuerdo con lo que está sucediendo y quieren un cambio”.
En horas de la tarde del 18 de abril, el Departamento de Estado publicó un documento donde se advertía de una “represión criminal” y “violaciones de derechos humanos” a cargo del Estado venezolano.
El Ejecutivo venezolano anunció en la noche del 18 de abril la activación del Plan Zamora en su fase verde, como estrategia anti-golpe y de cara a evidentes amenazas al orden interno.
El presidente Nicolás Maduro anunció además la detención de actores infiltrados armados provenientes del interior del país y apostados en hoteles de Caracas y la detención de militares en servicio involucrados en una conspiración.
Existe evidencia de la existencia de una estructura de células militares insurgentes, de células paramilitares encubiertas y de grupos de choque de calle que operan al calor de las movilizaciones de calle opositoras.
Las FANB han fijado una clara postura de lealtad, unidad, obediencia y subordinación al jefe de Estado, así como su apoyo a un plan cívico-militar de defensa de la Constitución y la democracia. Sin embargo, desde el plano internacional se ha desatado una campaña en contra del Plan Zamora, sobre el papel de la Milicia Nacional Bolivariana y sobre los llamados, despectivamente , “colectivos paramilitares”.
El presidente del Consejo Moral Republicano, Tarek William Saab, fijó postura rechazando la solicitud de destitución de magistrados del TSJ (Puntos quinto y séptimo del Manifiesto).
Al mismo tiempo se ha orquestado la matriz de la “militarización de Venezuela”, propagada por diferentes ONG´S financiadas por el Departamento de Estado y presidentes de la región como Juan Manuel Santos, de Colombia.
Hasta el momento la Fiscalía General de la República reconoce hasta este miércoles en el Área Metropolitana de Caracas y en 14 estados del país la muerte de 3 personas, 62 heridos y 312 detenidos.
La fiscalía indicó que entre los heridos se contabilizaron 19 en Táchira, 15 en Caracas, 8 en Mérida, 5 en Barinas, 4 en Falcón, 3 en Anzoátegui, 2 en Carabobo, 2 en Portuguesa, 2 en Zulia, 1 en Bolívar y 1 en Apure. Mientras que de los 312 detenidos, hay 30 en el área metropolitana de Caracas, 3 en Anzoátegui, 14 en Aragua, 33 en Barinas, 85 en Bolívar, 15 en Carabobo, 15 en Cojedes, 11 en Falcón, 2 en Lara, 17 en Monagas, 42 en Nueva Esparta, 21 en Portuguesa, 3 en Táchira, 7 en Trujillo y 14 en Zulia.
Estos datos nos permiten caracterizar la geografía de las manifestaciones y protestas.
El movimiento bolivariano se movilizó hasta la avenida Bolívar de Caracas, en una concentración que demostró gran capacidad de convocatoria, mientras que paralelamente se desataban enfrentamientos con las fuerzas del orden público por parte de grupos de choque opositores en otras zonas de Caracas y del país.
El presidente Nicolás Maduro dirigió un discurso que moralizó y convocó a mantener la alerta de cara a la coyuntura y arremetida golpista. Sin embargo, dado que se trata de un plan de acción con una estructura de mediana duración, es necesario plantear que la contra-ofensiva del Gobierno requiere de un conjunto bien organizado de acciones multidimensionales: diplomáticas, jurídicas, políticas, electorales, militares, policiales, económicas y sociales, pues no bastan las acciones efectistas para preservar el “capital simbólico de proteger la calle y sus espacios en paz”.
El factor de fuerza en la movilización de los sectores populares ha sido clave, al desplazar la militancia desde las zonas populares del oeste y centro de Caracas con contundencia como una medida eficaz, pero no hay un plan de neutralización de la violencia y de construcción de paz en las zonas donde se activan los grupos de choque de la derecha.
La oposición radical tiene un plan de estallidos, saqueos y ataques en las zonas del sur-oeste de la capital, pero hasta ahora han sido neutralizados. Sin embargo, siguen latentes tales operaciones como la actuación de la estructura de células durmientes de miembros militares y paramilitares.
Las manifestaciones violentas estimuladas por las vocerías de derecha nacional e internacional gozan de legitimidad total por parte de la política exterior estadounidense y de sus aliados, amenazando con nuevas sanciones a Venezuela, que incluiría con probabilidad la materia petrolera, el estrangulamiento económico y sanciones a funcionarios gubernamentales gestando escenarios de mayor escalamiento no exentos de violencia.
Una de las acciones de mitigación del escalamiento del conflicto es el posicionamiento de un claro cronograma electoral que responda a las exigencias constitucionales (Elecciones regionales y locales), así como un conjunto de acciones que permitan la normalización de la institucionalidad democrática del país, conjuntamente con un plan de movilización y politización de las fuerzas sociales y políticas del Gran Polo Patriótico y del PSUV.
La recuperación de un clima de diálogo, paz y negociación política acompañado por actores con credibilidad internacional como el Vaticano podría construir los espacios necesarios para recuperar los espacios de la política, hasta ahora arrebatados por una campaña de acoso y derribo como lo muestra fehacientemente la agenda del llamado “Manifiesto por la Democracia”, un libreto cuya fuente de origen sigue siendo una planificación de una campaña de guerra no convencional dirigida desde el Pentágono y el Comando Sur.
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Por Gokai Moreno / Supuesto Negado
