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Inhabilitado por 15 años para ejercer cualquier cargo de elección popular y sin inmunidad parlamentaria se encuentra el diputado Juan Guaidó, quien desde el pasado 23 de enero ha recibido el apoyo incondicional del Gobierno de Estados Unidos que -según lo han indicado funcionarios como John Bolton o Mike Pence en repetidas ocasiones- no aceptará ningún tipo de ataque contra el líder opositor.
Luego del 22 de febrero, fecha en la que Guaidó violó una medida cautelar que pesaba en su contra y que llevó a la comunidad nacional e internacional a pensar que por ese hecho sería encarcelado, la administración del presidente Donald Trump garantizó que tomaría contundentes acciones si el diputado era dañado de alguna forma.
“Cualquier amenaza, violencia o intimidación contra él no será tolerada y será respondida de manera rápida”, escribió Pence en su cuenta de Twitter el pasado 4 de marzo, fecha en la que el opositor ingresó nuevamente al país después de realizar una gira por varios países de Latinoamérica.
En efecto, Guaidó se ha mostrado seguro del apoyo que recibe de Estados Unidos. Inmediatamente después de conocer que ya no contaba con su inmunidad parlamentaria para protegerlo de un enjuiciamiento, el líder opositor señaló a través de sus redes sociales que esperaría para saber “quién de las Fuerzas Armadas o de los cuerpos de seguridad se va a prestar para secuestrar al presidente de la República”.
Y es que el autoproclamado como Jefe de Estado de Venezuela continúa señalando que la acción emprendida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) carece de legalidad.
Sin embargo, la Carta Magna del país establece que la solicitud de allanamiento de inmunidad parlamentaria sólo puede hacerla el TSJ (como de hecho ocurrió) previa autorización del Parlamento Nacional. Sólo que en este caso el consentimiento llegó de la ANC pues la Asamblea Nacional (a la que pertenece Guaidó) se encuentra en desacato desde el año 2016.
Así como el Gobierno de Estados Unidos, otras gestiones de países latinoamericanos y miembros de la comunidad europea han rechazado las sanciones impuestas sobre Guaidó, entre ellos los pertenecientes al Grupo de Lima.
Hasta el momento Guaidó tiene dos investigaciones abiertas en su contra: una por desacato a la Constitución y a los poderes públicos, tras su autoproclamación, y otra por su presunta relación con el sabotaje eléctrico que ha dejado al país suramericano sin energía por varios días.
Asimismo, pesa sobre su nombre una averiguación administrativa pues su declaración jurada de patrimonio no coincide con todos los gastos económicos que ha tenido durante los últimos meses. Además, ha recibido financiamiento de actores nacionales e internacionales cuando su cargo expresamente lo prohíbe.
Con todas estas aristas expuestas, es bastante difícil imaginar el futuro de Guaidó o el de Venezuela.
Por Andreína Ramos Ginés / Supuesto Negado
