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Si hubiese que escoger una fecha crítica para el proyecto Guaidó de cambio de régimen, muchos se inclinarán por el 30 de abril, día del fallido golpe de Estado, pero, a la luz de los grandes daños sufridos por la plataforma opositora, el 23 de febrero bien podría competirle y ganarle.
La diferencia entre uno y otro episodio es que el día del concierto Venezuela Aid Live quedaron muchos asuntos encubiertos, que luego se conocieron, en tanto, el capítulo del puente de Altamira fracasó de manera estrepitosa en cuestión de horas y prácticamente a la vista de todos.
El 23 de febrero fue un conjunto de hechos muy complejos, pero que además han tenido toda suerte de coletazos.
Las secuelas comenzaron al día siguiente de los hechos de la frontera colombo-venezolana cuando se supo de la muerte de Carlos Salinas, primo y asistente del diputado Freddy Superlano como consecuencia de lo que pareció ser una sobredosis de escopolamina o burundanga. El parlamentario también fue víctima de esta droga, pero tuvo mejor suerte que su pariente.
Las versiones difundidas por fuentes tanto opositoras como gubernamentales y confirmadas por la Policía de Cúcuta, indicaron que los dos intimaron con mujeres en un centro nocturno y fueron a parar en el hotel Penélope con el trágico balance antes referido.
Mucha gente en Venezuela ni siquiera había oído hablar de Superlano, pero resultó ser el presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, el órgano del Poder Legislativo que se supone debe velar por la rectitud moral de la Administración Pública.
Aquel fue el primer indicio de que los dirigentes opositores no estaban precisamente haciendo grandes sacrificios en el declarado empeño de introducir la ayuda humanitaria a Venezuela, una operación que tenía un inmenso apoyo internacional, hecho evidente en la presencia en Cúcuta del vicepresidente de Estados Unidos, de varios presidentes latinoamericanos, del secretario general de la Organización de Estados Americanos y, por supuesto, de la constelación farandulera que animó el acto musical.
Concierto de incoherencias
El concierto en sí mismo también ha tenido sus consecuencias a lo largo del año. La primera fue tal vez la que generó el desparpajo del cantante y actor español Miguel Bosé, quien increpó públicamente a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, acusándola de negligencia en afrontar la crisis humanitaria venezolana. “¡Ven ahora ya, se te está haciendo tarde. Que venga ya, de una puñetera vez, ven aquí, mueve tus nalgas!”, dijo el artista ibérico.
Solo Bachelet sabrá si esa banderilla que le puso el hijo del torero Luis Miguel Dominguín influyó en el hecho de que unos meses después viniera a Venezuela y elaborara un informe del que excluyó escrupulosamente la versión del gobierno y los testimonios de la violencia de sectores opositores contra funcionarios públicos y particulares. El informe sirvió de pretexto para que EE.UU. reforzara sus medidas coercitivas contra Venezuela.
Pero la airada exigencia de Bosé tendría un rebote más claro, esta vez en su contra, luego de todos los sucesos que han sacudido a América Latina en los últimos meses, caracterizados por una intensa represión a las manifestaciones populares en Haití, Ecuador, Chile, Bolivia y Colombia. Quienes creyeron en la vocación de Bosé para la defensa de los derechos humanos le han reclamado su inacción respecto a todos esos países. “¿Y dónde está Miguel Bosé?”, “Bosé no aparece ni para defender a su amigo Piñera”, comentaron los chilenos en las redes sociales, según el medio Digital Sevilla.
Aunque los otros artistas no fueron tan virulentos como Bosé en el Venezuela Aid Live, también han sido fustigados por su silencio o excesiva cautela en los casos de las otras naciones del hemisferio. “¿Alguien sabe a qué hora llegan, Richard Branson (el organizador del concierto), Juanes, Carlos Vives, Maluma, Silvestre Dangond, Luis Fonsi, Fonseca, Alejandro Sanz, el autroploclamado Juan Guaidó a Chile para solidarizarse con las protestas y exigir el fin del estado de excepción?”, expresaron los tuiteros. El mismo tipo de reclamos han recibido estos artistas y otros, especialmente en Colombia, pues varios de ellos son nacionales de ese país y allí fue donde se realizó el concierto.
La quema de los camiones
La maquinaria mediática contó mediante fake news la batalla que se libró en la frontera entre quienes querían ingresar forzosamente la llamada ayuda humanitaria y las autoridades y movimientos venezolanos que lo impidieron. Se dijo a escala mundial que el gobierno de Nicolás Maduro había quemado los camiones cargados de alimentos y medicinas, lo cual constituía un obvio crimen de lesa humanidad.
Del lado revolucionario se intentó dar la información real. Pero el desbalance informativo es tal que se impuso la tesis del gobierno como actor pirómano.
No fue sino un mes más tarde cuando el diario estadounidense The New York Times publicó una investigación periodística en la que se demostró que la quema de los camiones fue causada por bombas molotovs lanzadas desde el lado colombiano por manifestantes encapuchados que actuaban como grupos de choque contra la Guardia Nacional.
Este aporte informativo, realizado por un medio tradicionalmente adversario del gobierno de Venezuela, causó desconcierto y rabia entre los opositores y puso en cuestión la credibilidad de otros órganos comunicacionales. Siete meses después del trabajo del NYT, el diario El País de España tocó el tema en una nota de la sección Defensor del lector y debió admitir no solo que informó erróneamente sino que se abstuvo de hacer la aclaratoria cuando se conoció la verdad de los hechos.
“Cual artefactos explosivos enterrados tras las guerras, los datos erróneos no rectificados quedan peligrosamente emboscados. Sin embargo, cada una de esas bombas periodísticas durmientes puede estallar en cualquier momento para dañar la credibilidad de quien la difundió. Le acaba de ocurrir a El País”, expresó el defensor del lector, Carlos Yárnoz, un periodista con 36 años en el diario madrileño.
Militares y policías abandonados
Entre los frutos indeseables que dejó el llamado “Cucutazo” para la dirigencia opositora debe contarse también lo ocurrido con los efectivos de la Fuerza Armada y de los cuerpos policiales que desertaron para dar respaldo al autoproclamado gobierno de Guaidó.
Este proceso tuvo momentos espectaculares, como el de los guardias nacionales que arremetieron con un vehículo blindado contra las barreras que habían sido emplazadas en el puente internacional.
Pero la decepción comenzó a cundir rápidamente cuando se hizo evidente que ni el gobierno paralelo ni tampoco el de Colombia se iban a hacer cargo de la manutención de esas personas. Los relatos acerca del estado de virtual indigencia en que quedaron se multiplicaron con el paso de los días. Las partidas que debieron destinarse a apoyar a los desertores se cuentan entre los tantos apartados financieros que al parecer resultaron desviados y terminaron usándose en beneficio privado de algún dirigente.
Naturalmente, la falta de respaldo al grupo de insurrectos forzosamente exiliados debe haber tenido alguna incidencia en la escasa respuesta que tuvo el intento de golpe de Estado del 30 de abril y en las tentativas que haya habido antes o después de esa fecha para romper la unidad de la Fuerza Armada o la lealtad de los cuerpos de seguridad del Estado.
Los Rastrojos: otro puntillazo
Las réplicas de lo ocurrido en Cúcuta siguieron produciéndose meses después de aquellos días finales de febrero. En septiembre estalló el escándalo de las fotografías de Guaidó con los líderes del grupo narcoparamilitar Los Rastrojos, Albeiro Lobo Quintero, alias ‘el Brother’, John Jairo Durán Contreras, alias ‘el Menor’ e Iván Hernando Posso, alias “Nandito”. Se supo entonces que esta organización delictiva fue la encargada de trasladar a Guaidó desde El Vigía, en Mérida, hasta Puerto Santander, en el lado colombiano, donde el gobierno de Iván Duque se hizo cargo de él.
El asunto ha seguido orbitando alrededor de Guaidó con la difusión progresiva de detalles acerca de cómo se hizo esa operación conjunta entre los paramilitares y las autoridades colombianas. Ya en noviembre, el ministro del Poder Popular de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, ofreció detalles de los testimonios de otro integrante de Los Rastrojos, Argenis Vaca, alias “Vaquita”, detenido en Venezuela. Este sujeto explicó cómo se hizo el traslado con la intervención de otro personaje, Jonathan Zambrano, alias “Patrón pobre”. Dijo que las fotografías tomadas eran una especie de garantía tomada por Los Rastrojos para asegurarse el control de la zona fronteriza en un eventual gobierno de Guaidó.
El daño que le causó a Guaidó la difusión de estas fotografías fue significativo, toda vez que Los Rastrojos es una banda sumamente violenta y peligrosa, a la que se acusa de tener incluso las llamadas casas de pique, donde se practica el descuartizamiento de personas.
Hierve el Calderón
El recurrente “Efecto 23 de febrero” sigue apareciendo en el escenario opositor. A finales de noviembre apareció de nuevo, tras conocerse que Guaidó había destituido a su “embajador” en Colombia, Humberto Calderón Berti, mediante una carta en la que anunciaba “cambios en la política exterior”.
El veterano político no dejó pasar la oportunidad. Ofreció una rueda de prensa en la que la infausta fecha volvió a estar en primer plano. El “extravío” del dinero de la ayuda humanitaria, las horas locas de algunos dirigentes en Cúcuta, la falta de atención a los desertores fueron algunos de los hechos sobre los cuales el defenestrado representante del gobierno paralelo habló sin los edulcorantes que usaba cuando estaba en funciones.
Socialcristiano al fin y al cabo, fustigó especialmente el punto de las juergas con prostitutas en la ciudad fronteriza, justo cuando se suponía que el liderazgo opositor estaba atendiendo una grave situación nacional.
Superlano de nuevo en el foco
De manera casi paralela a la rueda de prensa de Calderón Berti, el portal Armando.Info lanzó otra pesada acusación que afecta a varios diputados de Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo y la fracción 16J. Entre ellos vuelve a aparecer el nombre de Freddy Superlano, protagonista de la mala noche cucuteña. Los documentos los señalan como parte de una red para “limpiar la imagen” de empresarios extranjeros investigados por presuntas irregularidades en negocios con el gobierno de Nicolás Maduro, relacionados con el programa CLAP de suministro de alimentos subsidiados. También, supuestamente, hacían gestiones para que el Departamento de Tesoro de EE.UU. les permitiera realizar dichas operaciones, a pesar de las medidas coercitivas unilaterales en vigor.
Superlano, quien se mantuvo como presidente de la Comisión de Contraloría a pesar de lo ocurrido en febrero, ha renunciado ahora con el argumento de facilitar las investigaciones que involucran prácticamente a todo el comité parlamentario.
¿Habrá nuevos coletazos?
Cuando falta apenas un mes para la sesión del 5 de enero, en la que se deberá escoger la directiva de la Asamblea Nacional, está por despejarse la incógnita de si surgirán aún nuevos coletazos de los acontecimientos del 23 de febrero.
No sería de extrañar, pues la confrontación entre facciones está echando chispas en el seno de la oposición y tenderá a agudizarse en las siguientes semanas, pues está por comenzar el año de las elecciones parlamentarias.
Por Clodovaldo Hernández / Supuesto Negado
