Los daños colaterales del bloqueo

Un sector de la oposición clama por más bloqueo económico y por medidas coercitivas unilaterales más fuertes contra la economía venezolana. Las mismas personas intentan luego hacer propaganda política con las víctimas de esas devastadoras acciones de Estados Unidos y sus aliados.

La obra se llama política, según ciertas maneras de estar en el mundo. De acuerdo con otras, su título es cinismo.

En los últimos días, tal comportamiento ha sido particularmente lacerante. Los voceros más encumbrados a favor de las llamadas “sanciones”, empezando por el autojuramentado “presidente encargado” Juan Guaidó, intentan aparecer públicamente como personas preocupadas por la salud de los venezolanos, en particular los niños que sufren graves enfermedades.

“Hoy son siete millones en riesgo de perder la vida”, dijo Guaidó, colocando sobre la mesa una cifra sumamente exagerada, pero que de tener algo de cierto sería, en buena medida, responsabilidad de quienes han propiciado no solo el bloqueo de todas las operaciones financieras destinadas a pagar los medicamentos e insumos hospitalarios, sino que también, en complicidad con EE.UU., se han apropiado indebidamente de fuentes de ingreso del Estado venezolano como Citgo, la filial estadounidense de Pdvsa que aportaba fondos para ciertas ayudas médicas.

Los intentos de Guaidó y de otros políticos de la derecha parecen ser parte de una contraofensiva, pues los representantes del Gobierno han logrado durante las últimas semanas denunciar de manera efectiva los estragos que el bloqueo y las llamadas “sanciones” generan en personas por completo inocentes, que quedan así convertidas en daños colaterales de la guerra total contra Venezuela.

Esta labor ha tenido destacados voceros, desde el presidente Nicolás Maduro y la vicepresidenta Delcy Rodríguez, hasta el canciller Jorge Arreaza y el comisionado nacional para temas de Derechos Humanos, Larry Devoe. Por cierto, tanto Arreaza como Devoe forman parte del equipo negociador del Gobierno con la oposición en las conversaciones de Noruega.

También se han sumado representantes de organizaciones sociales y religiosas, como la presidenta de la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin), María Eugenia Russián, quien denunció específicamente los casos de cuatro niños que fallecieron al no haber podido recibir un trasplante de médula ósea en Italia. También planteó la situación de otros cinco pequeños pacientes trasladados a Argentina, que de igual forma no han podido recibir sus tratamientos y que además fueron desalojados del lugar donde pernoctaban con sus familias.

Estos señalamientos públicos, así como el conocimiento directo de muchos ciudadanos afectados, han hecho crecer la masa crítica adversa a los dirigentes políticos que expresamente han solicitado sanciones y bloqueos contra Venezuela. Cada vez está más claro que tales acciones perjudican a las personas más vulnerables, y no exclusivamente a altos funcionarios del Gobierno, como lo proclamaban los promotores locales de esas medidas coercitivas.

Las protestas públicas de personalidades del Gobierno y los testimonios de los familiares de los pacientes afectados han hecho mella en la imagen de Guaidó y otros dirigentes. Tal vez por ello asumieron la línea de defenderse atacando. Sin grandes asomos de vergüenza, han aparecido en la escena pública (a través de declaraciones de prensa o de  mensajes en redes) rasgándose las vestiduras por los enfermos que fallecen o se agravan debido a la falta de tratamiento o de fármacos.

Los medios de comunicación globales y locales que secundan la estrategia del llamado “Gobierno de transición” han tratado de establecer la matriz de la culpabilidad del Gobierno, dándole mucho espacio y tiempo a los planteamientos de las figuras opositoras. Al mismo tiempo, ocultan por completo el hecho de que EE.UU. y sus aliados han desplegado un complejo mecanismo para impedir que Venezuela pueda usar sus recursos financieros, obstaculizando incluso los pagos de asistencia médica.

Parte de la contraofensiva ha sido desviar el foco de atención de los niños que esperan por trasplantes de médula ósea y colocarlo en el fallecimiento de otros infantes en hospitales locales. Esto lo hacen a pesar de que también esos centros asistenciales están afectados por las dificultades para la compra de aparatos médicos, insumos y fármacos.

El defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, abrió una investigación respecto a uno de esos casos denunciados por opositores, la muerte de seis niños en el Hospital J.M de los Ríos, que adquirió rápidamente un alto perfil mediático en todo el planeta. Ruiz informó que una junta médica determinó que los decesos no estuvieron vinculados a infecciones dentro del centro asistencial, como señalaba la acusación de los políticos, sino a las condiciones de salud graves que ya presentaban los pacientes a su ingreso al hospital. En algunos casos, incluso, eran víctimas de enfermedades en etapa terminal.

Ruiz se sumó a la denuncia internacional sobre los efectos del bloqueo económico y del robo de activos públicos. Recordó que actualmente Venezuela es asediada por un bloque económico, financiero, comercial y diplomático que se empeña en impedir que recursos destinados al sector salud sean movilizados de bancos extranjeros, como el caso del Novo Banco de Portugal, donde más de 1.300 millones de euros, destinados a la compra de medicinas, insumos y tratamientos, están congelados.

El colmo de la desfachatez

Otros actores de la derecha parecen empeñados en batir todos los récords de caradurismo. Tal es el caso de la llamada “embajada virtual de EE.UU. en Venezuela”, que emitió una declaración en la que calificó como “cruel e inhumano” politizar las muertes de los niños por falta de trasplante de médula ósea.

En lo que puede considerarse una auténtica perla del más descarado injerencismo, la supuesta representación diplomática virtual expresó: “Es cruel e inhumano politizar a niños y pacientes para fines políticos. La verdad es que el régimen no ha dado prioridad al cuidado de la salud, así como ha destruido el sistema médico que una vez fue excepcional en Venezuela. Deben dejar de usar a los niños como fichas del régimen”, indicaron vía Twitter.

Aseguraron quienes declaran bajo esta fachada de redes sociales que las sanciones impuestas por EE.UU. “permiten la compra de medicinas, equipos y alimentos por parte de las instituciones venezolanas”. Finalizaron con una exhortación: “¡Basta de excusas, es la corrupción y el robo sistemático de recursos del Estado lo que ha hecho que los venezolanos sufran tanta miseria!”. Las aseveraciones son palmariamente falsas, tal como lo han demostrado no solo los funcionarios del Gobierno sino también expertos independientes como el Centro para la Investigación Económica y Política (CEPR, en inglés). Un estudio de esta institución con sede en Estados Unidos demostró que “las sanciones han reducido la disponibilidad de alimentos y medicamentos, y han aumentado las enfermedades y la mortalidad en Venezuela”.

El CEPR fue el equipo que tasó en 40 mil muertes las ocurridas en Venezuela como consecuencia de la falta de tratamiento o de medicinas derivada del hostigamiento económico, financiero y diplomático.

Por Clodovaldo Hernández / Supuesto Negado