DE “LA PAZ Y LA VIDA” A LA “LIBERACIÓN DEL PUEBLO”

Venezuela no tiene por qué inventar el agua tibia. Hay experiencia en países parecidos al nuestro que han funcionado.


En una serie de tweets del 22 de Marzo, el ex alcalde Freddy Bernal,  se refirió al problema de la violencia urbana en términos imperativos: “¿Cuántos funcionarios policiales y civiles deben morir?”, “o ejercemos el peso de la autoridad legítima del Estado o el mismo se diluye ante la violencia criminal desatada en Venezuela”, “¡Hay que tomar policial y militarmente los corredores de la muerte de Ccs!”. No tiene nada de extraño que posiciones como estas hayan emergido entre los dirigentes del chavismo, si se toma en cuenta la escalada cuantitativa y cualitativa de la violencia en los últimos meses: a los crecientes atentados contra agentes policiales y escoltas se unió una serie de ataques con granadas perpetrados entre finales del año pasado y principios del corriente, así como, el ataque a los parques de armas de la policía en Miranda y Guárico. Ya no fue una fuente dudosa como el Observatorio Venezolano de Violencia, sino la misma Fiscal General, la que hace poco, en su rendición de cuentas ante la AN, dijo que en 2015 se habían cometido más de diez y siete mil homicidios, la mayoría con armas de fuego. El homenaje al “conejo”, “el pran benévolo” de la isla de Margarita, mostró, en una sola imagen, la cantidad de hombres y el poder de fuego que manejan estas llamadas “Megabandas”.

Tal vez por eso, Bernal, planteó el problema de las mismas, ya no solo en términos de justicia criminal sino de disolución del Estado, sobretodo, porque las simpatías por la oposición hacia algunos de los “principales”, como “el Picure”, eran públicamente conocidas.   Ante esto, el Gobierno Nacional ha dado, al parecer, un cambio de 180 grados en su actitud y del paradigma de la “Paz y la Vida”, y se ha pasado a la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP), que empezó  a ejecutarse el año pasado, y hace poco ha dado también un salto cualitativo con la derrota de la banda del “picure”, que estaba reclamando control territorial en el estado Guárico, operación seguida por la ocupación permanente de la Cota 905, localidad hecha infame por la actividad de las bandas armadas surgidas de allí.

Al parecer, el Gobierno Nacional ha oscilado en los últimos años, entre dos aproximaciones al problema del crimen violento: entre la idea de que un tipo particular de delincuencia, especializado en el uso de la violencia, puede ser combatida por medios pacíficos y la idea contraria de que hace falta una especie de guerra contra el crimen. Pero, ni los malandros son idénticos a los habitantes pacíficos de los barrios, ni son monstruos importados por una conspiración, es decir, forman parte de la comunidad popular pero tienen sus intereses, su modo de vida completamente diferenciado. Así, hemos oscilado entre la propensión a ser indulgentes con el crimen violento -porque el malandro sería un pobre más- y a considerar a toda la población de un barrio objetivo militar.

El hecho es que en Venezuela, la mayor cantidad de las víctimas de homicidios son jóvenes, varones y de barrios populares y también, de ese mismo grupo, se recluta la mayoría de los que sobrecargan nuestras cárceles, sin que el aumento de los operativos policiales y el encarcelamiento parezca hacer algo por disminuir la violencia. Por lo que cabe preguntarse, si el Estado tiene una estrategia ante este problema o si simplemente reacciona ante las situaciones que se le presentan. Entonces, si el Estado tiene una estrategia ¿cuál es?, ¿está funcionando? Y si no la tiene, ¿cuál  puede aplicarse en una situación como esta?, ¿Existen precedentes que nos aporten modelos o aunque sea referencias? Existen líneas de acción  que han sido tomadas en otros países y que han sido recomendadas por investigadores y especialistas en seguridad, ubicados en todo el espectro político.

  • La presencia continuada de seguridad en las comunidades populares. El abandono de la fuerza pública de muchas zonas en las grandes ciudades latinoamericanas, es una de las condiciones del surgimiento de grupos como los Zetas, la Mara Salvatrucha, los Urabeños y en Venezuela de las llamadas megabandas. No existen muchas referencias sobre como revertir esa situación y no parece que ya, existiendo control territorial de un grupo armado en un lugar cualquiera, las opciones que se puedan tomar sean muy buenas. En ese sentido, la experiencia más sistemática ha sido en Río de Janeiro donde, desde antes del mundial, se vienen haciendo ocupaciones de Favelas para quitarle el control de las mismas al narcotráfico, estrategia de penetración intentada desde hace años. La película brasileña “Tropa de Élite” trata sobre esto, y su protagonista es un oficial de policía que lidia entre el romanticismo de los militantes de izquierda y la corrupción de la policía. La experiencia brasileña ha hecho retroceder al narcotráfico y disminuido los enfrentamientos entre bandas, pero multiplicando los abusos policiales pues, las fuerzas militares y policiales se portan como ejércitos de ocupación. Esta estrategia siempre representará lo menos malo y difícilmente algo  bueno: evitará que el poder del Estado se diluya ante el de grupos armados privados o paramilitares y que las comunidades sean consumidas por la violencia entre bandas, pero a costa de abusos y arbitrariedades. Sin embargo, los niveles de abuso policial en Brasil no solo son consecuencia de la ocupación de los barrios, sino de la falta de supervisión y vigilancia sobre las policías. Mientras las policías puedan actuar discrecionalmente y no sean puestos bajo investigación cada vez que maten a un civil, la impunidad policial persistirá en Brasil, en Venezuela y en cualquier otro país.
  • El trabajo de inteligencia. Todos conocemos las anécdotas del malandro que, para huir de la policía o de una culebra, se muda al barrio de enfrente o a una ciudad cercana. Todos sabemos de las municiones de Cavim y de las granadas que caen en manos de grupos armados. Todo esto nos plantea serias dudas sobre qué mecanismos de inteligencia existen para detectar los movimientos de individuos y grupos peligrosos, drogas y armas en el país. ¿Si se persiguiera y se buscara activamente a los individuos que acumulan homicidios serían tan altas las cifras de asesinatos en Venezuela?, ¿no sería mejor hacer énfasis en la detección de las redes de tráfico de armas, que confiar en que los grupos armados se desarmen voluntariamente? En este sentido, existe en países como Inglaterra, modelos de inteligencia criminal que unifican en una sola doctrina “a todas las instituciones policiales, fuerzas de seguridad y organismos vinculados a la seguridad pública” y “por permitir la integración de la tarea de obtención de información y elaboración de inteligencia criminal a todos los niveles del Estado”.  ¿No podrían ser evitados eventos como los ataques con granadas o los asaltos a estaciones policiales de existir un sistema de inteligencia integrado como este?

La cuestión de fondo es, tal vez, por qué tantos jóvenes de barrios se acercan a la delincuencia; las causas de eso son diversas y revelan que los cambios vividos en los últimos años no son tan profundos como hubiéramos querido: embarazo adolescente, vínculos familiares rotos, pobreza, y falta de oportunidades, parecen ser las causas del crecimiento de esa población a la que nadie parece darle oportunidades, sino las economías ilegales, especialmente las armadas. La razón por la que no se puede cambiar una política de tolerancia con el crimen organizado, por otra de guerra a los barrios o en los barrios, es porque el problema no es el barrio sino la economía ilegal, el empresariado armado que prospera en todas las zonas marginadas como barrios, cárceles, fronteras, etc. y que recluta de entre una población que, en vez de recibir allanamientos por parte de policías o militares,  debería ser  protegida celosamente por estos.

Tal vez, es tan sencillo como que  la fuerza pública actúe en vez de reaccionar: que evite la formación de grandes grupos armados antes de que ocurra que, en vez de llegar a los barrios a tumbar puertas, llegue a establecer vínculos y alianzas con la comunidad, a mediar entre los conflictos entre los vecinos, a proteger, en vez de matraquear y, en general, que, en lugar de tener que enfrentarse a tiros con los delincuentes, evite que las armas y los niños caigan en la órbita de  la delincuencia. Es algo que suena casi utópico pero que, en su sencillez es, tal vez, lo único que tiene sentido, pero solo tiene sentido en el seno de un socialismo que sea realmente capaz de ofrecerle a esos chamos otro horizonte que el de las drogas,  las armas y el malandreo.