CONSTITUYENTE SE QUEDA ATRÁS EN CALIDAD Y CANTIDAD DEL DEBATE RESPECTO AL 99

Constituyente

Cuando la Asamblea Nacional Constituyente se reunió por primera vez en el Poliedro, en medio de la euforia de haber derrotado con votos a la violencia de cuatro meses de guarimba, una de las grandes dudas era cómo iba a hacer ese organismo de 545 cabezas para organizar debates que no se prolongaran por años.

Un cálculo simple mostraba el riesgo: si en una sesión plenaria cualquiera, sobre un artículo específico, pedía la palabra solo 5% de los integrantes (27, aproximadamente) y cada uno se tomaba diez minutos, ya estaríamos hablando de cuatro horas y media. Para una Constitución de extensión similar a la actual (350 artículos), ese promedio de duración en cada norma daría 1575 horas, es decir, más de 65 días completos (24 horas) de debate. En jornadas de 8 horas de trabajo, serían 197 días. Repartidos en tres sesiones por semana, ya había que pensar en más de un año solo en plenarias. Si a eso se añadía el tiempo que tomaría masticar y predigerir los artículos en las comisiones, las estimaciones se iban a varios años de discusiones.

Sonaba laborioso, pero despertaba un gran entusiasmo porque lucía como una concreción del espíritu de la democracia participativa y protagónica.

Pero esa ANC gigantesca, tumultuaria, cargada a reventar de pueblo llano no ha deliberado casi nada. Y si lo ha hecho ha sido en secreto, no como quienes están elaborando una nueva versión del Popol Vuh (“el libro de todos”, como gustaba llamar Chávez a su querida Carta Magna de 1999), sino como quienes están envueltos en una conspiración.

La Constitución no era la prioridad

¿Por qué pasó algo así? Tal vez haya influido el hecho de que  el gran objetivo de la ANC, que era el de recuperar la paz social, se cumplió mágicamente, incluso antes de que se instalara el nuevo organismo.

En el propio acto electoral se produjeron expresiones claras del hartazgo que la mayor parte de la sociedad –incluida la militancia antichavista– estaba experimentando con respecto a la violencia callejera. Aprovechando esa especie de milagro inmediato, la dirección política revolucionaria dio prioridad en la agenda de la ANC a las medidas políticas destinadas a rescatar la gobernabilidad. No por casualidad, entre las primeras decisiones estuvo la destitución de la fiscal Luisa Ortega Díaz, el nombramiento de su sustituto, Tarek William Saab, y el decreto de reorganización del Ministerio Público.

Luego de estos sonoros golpes sobre la mesa, era de esperarse una nueva escalada de violencia por parte de quienes habían asumido la pose de la “resistencia”. Pero no la hubo. La guarimba había sido derrotada en toda la línea.

Una vez ejecutadas esas disposiciones de choque, la ANC se orientó a asumir algunas funciones legislativas para allanar los caminos que había sembrado de obstáculos la Asamblea Nacional de mayoría opositora, previamente declarada en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia. Esas tareas fueron colocadas a la cabeza de la lista. Las discusiones de la nueva Constitución podían esperar.

Otro ítem colocado entre las prioridades fue aprobar el calendario electoral que estaba pendiente: elecciones de gobernadores y de alcaldes. Mientras tanto, el objetivo estratégico de cualquier organismo constituyente, la elaboración de una nueva Ley Fundamental, seguía en un lejano segundo plano.

La diluyente presión por lo económico

Despejadas las rutas políticas (con la invaluable ayuda de una oposición errática y en proceso de división), hubiera podido ser el momento de la discusión sobre los asuntos estratégicos implícitos en la Carta Magna. Pero tampoco ocurrió de esa manera, pues la presión de la opinión pública era para que la ANC entrara en acción directa respecto al tema económico. Desde el seno mismo del organismo, figuras de gran relieve político, como Julio Escalona, expresaron que eso era lo que estaba esperando el pueblo que votó esperanzadamente por la Constituyente.

La acción que la gente reclamaba de la ANC en materia económica no estaba referida al texto constitucional sino a acciones inmediatas capaces de defender a la sociedad del azote de los especuladores cambiarios y comerciales. En ese campo es poco lo que ha hecho el órgano supraconstitucional, aparte de respaldar las iniciativas del gobierno, en particular el Plan de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica lanzado en agosto, luego de que la ANC cumpliera su primer año de actividades.

El debate que haya podido producirse hasta ahora en materia económica dentro de la ANC está en la categoría de los secretos bien guardados.  Al  parecer ha sido bastante intenso, especialmente en el seno de la Comisión de Economía, entre impulsores de políticas estatizadoras y los partidarios de una apertura que favorezca la llegada de capitales extranjeros y la reactivación de los inversionistas locales.

Este debate casi imperceptible hacia afuera lo han ganado los aperturistas, pues la ANC ha aprobado varias leyes constitucionales favorables a la inversión foránea que no se diferencian mucho de las normativas adoptadas en países con gobiernos neoliberales.

Con miras al nuevo texto constitucional, este debería ser uno de los ejes de la discusión actual. Así lo cree el constituyente Jesús Faría, quien señaló recientemente que “también hay aspectos que aparecen en la actual Constitución que deben ser corregidos. Se habla de libre mercado, pero nosotros no tenemos un proyecto económico de libre mercado. Lo que tenemos es un modelo que se fundamenta en el mercado, porque este no es capitalista sino que puede ser un mercado socialista, como lo demuestran experimentos muy importantes, como los de China y Vietnam”.

Coyuntura mata debate

Otra de las causas de que la ANC no haya sido –hasta ahora– un ejemplo de debate político es una característica recurrente del chavismo: suspender la controversia interna durante las coyunturas consideradas cruciales, sean estas electorales o de otra naturaleza.

Esta visión del debate como algo que solo puede hacerse mientras exista “normalidad” (atributo extrañísimo en Venezuela desde 1989) ha sido utilizada también como justificación para no realizar procesos electorales internos para la escogencia de candidatos a los cargos legislativos, municipales o regionales. Igualmente ha sido un factor para aplazar debates sobre asuntos de largo plazo, como la nueva normativa constitucional.

En los primeros 10 meses de actividad de la ANC  se realizaron tres procesos electorales, incluyendo el presidencial de mayo. Ese clima fue el argumento para ponerle sordina al debate constituyente.

Aparte de la necesaria unidad de cara a mediciones de fuerza electoral, otro buen justificativo en este tiempo para mantener la controversia de bajo perfil ha sido la guerra económica y la agresión financiera, diplomática y mediática de factores externos. La existencia de esa amenaza permanente permite calificar la discusión endógena como un grave riesgo.

Hasta ahora, en todos esos asuntos que no se relacionan directamente con el nuevo texto de la Carta Magna, se ha impuesto la votación por unanimidad, casi siempre por aclamación. No es disparatado pensar que ocurrirá lo mismo cuando el proyecto de Constitución entre finalmente a discusión en la plenaria.

La comparación con 1999

Como ha ocurrido en tantos otros puntos, el desempeño de la Constituyente de 2017 ha estado sometido a la comparación con tiempos pasados de la Revolución, específicamente con la ANC de 1999. En este aspecto de su apertura a la deliberación, la actual asamblea sale muy mal parada.

Este mal resultado se debe en buena medida a que –como es obvio– la Constituyente de 2017 no ha sido el ágora en ebullición que algunos esperaban. Pero también ha influido el hecho de que muchos revolucionarios han idealizado el proceso del 99.

Como sea, las analogías son muy desventajosas para la actual ANC. Uno de los críticos es Javier Biardeau, quien dice que “…de nuevo, el contraste flagrante entre el procedimiento y fondo de la convocatoria y desarrollo de la Asamblea Constituyente de 1999 y la del órgano presidencial constituyente del año 2017 muestra todas sus costuras”.

Según Biardeau, el proyecto de cambio constitucional es exclusivamente del gobierno, y es por eso que se refiere a la ANC como “su órgano constituyente”. El analista dice que el trabajo se está haciendo “con la mayor denegación de publicidad y debate nunca visto, se desarrolla en la mayor opacidad, no sólo ante la mirada atónita de los integrantes del propio oficialismo en el interior del ‘órgano constituyente’, sino además, sin dar la cara a los diferentes actores sociales y políticos que constituyen la más amplia pluralidad del país”.

En un artículo titulado, Referendo para aprobar un proyecto constitucional secreto, ni debatido ni publicado, Biardeau  afirma que “La percepción generalizada es que tal Proyecto Constitucional es un ‘proyecto secreto’, y por tanto sospechoso de formar parte de una agenda determinada por una modalidad  autoritaria de hacer política, modalidad que formaría parte integral de la edificación y consolidación de un régimen de Partido-Estado, una suerte de regresión histórica y de ‘calco y copia’ a los perfiles más autoritarios del histórico PRI Mexicano o a las mohosas experiencias del Socialismo Burocrático del siglo XX”.

Poca movilización fuera de la ANC

Una de las explicaciones sobre la falta de debate en la ANC actual puede encontrarse en la actitud pasiva de esos “actores sociales y políticos” que menciona Biardeau. Han sido pocos los que se han animado a presentarse ante la Constituyente para presionar a favor de que sus propuestas sean incorporadas.

La pasividad tiene dos orígenes. En el caso de los actores que se ubican en el lado opositor del espectro, no pueden o no quieren interactuar con la ANC porque desconocen su legitimidad. En el caso de los actores que se ubican en las filas revolucionarios, parece haber un temor a desafiar las líneas emanadas del alto mando político.

Esas líneas tampoco son públicamente conocidas, pero se entiende que tienen que ver con la decisión de “no alborotar el cotarro”, de “dejar quieto lo que está quieto”. Esta postura afecta especialmente a aquellos asuntos controversiales por naturaleza, como el de la propiedad privada (que fue utilizado arteramente por la oposición para abortar la reforma constitucional de 2007) y los temas en los que influye  el componente religioso.

Uno de los movimientos sociales que sí han ido ante la ANC a hacer sus planteamientos es el que agrupa a los partidarios de reformar el artículo que establece el momento de la concepción como el inicio de la vida para efectos jurídicos. Sin embargo, no han  sido grandes las manifestaciones  a favor de la legalización del aborto, como las que se han visto en Argentina y otros países, sino pequeñas movilizaciones de activistas muy comprometidos. Esto favorece el clima de anulación del debate que prevalece en la ANC.

La dirigente feminista Gioconda Mota explica por qué, a su juicio, se produce esta especie de pasividad ante un tema que debería ser ampliamente discutido en un proceso constituyente y con un gobierno socialista. “En Venezuela hemos sido convocados a una lucha política y socio-histórica general que ha concentrado todas las fuerzas organizativas. Eso ha significado un debilitamiento de las acciones focalizadas, temáticas de algunas organizaciones, como las mujeres, los afrodescendientes, las campesinas y los campesinos”.

En situación parecida están las organizaciones de la sexodiversidad. Muchos de esos grupos son de tendencia chavista, pero no tomaron la iniciativa de fomentar el debate dentro de la ANC, posiblemente para no causar perturbaciones adicionales a las que ya sacuden al país. Pero ahora se han visto en la obligación de movilizarse, luego de que el notable constituyente Hermann Escarrá anunciara (vía Twitter) que en el nuevo texto constitucional no se incluiría “eso que llaman el matrimonio igualitario” porque la prioridad de la ANC es la defensa de la familia.

“Los sexodiversos también formamos familias, señor Escarrá. Usted se debe a todo el pueblo, incluyendo a los integrantes de la comunidad LGBTI, que votamos por usted y lo respaldamos”, expresó el activista Carlos Ascanio.

Los sexodiversos fueron convocados a una reunión con Escarrá y otros constituyentes para debatir sobre el espinoso asunto. Pero cuando llegaron a la sede de la ANC les informaron que el encuentro se había aplazado. “El doctor Escarrá está enfermo”, les dijeron.

Así están las cosas: el día en que, por fin, se esperaba un debate interesante sobre un tema de fondo, a uno de los protagonistas le dolió el estómago.

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Por Clodovaldo Hernández / Supuesto Negado