Departamento de Estado: van 150 sanciones contra Venezuela

Todos los esfuerzos terminan diluyéndose en un torbellino de números millonarios. Cuesta un gran trabajo el solo hecho de hacer un recuento de la cantidad de medidas coercitivas unilaterales aplicadas por Estados Unidos contra Venezuela, su impacto económico, el monto de las pérdidas causadas y otros datos por el estilo.

La revisión de esos números, aparte de dejar mareado al observador, causa la sensación de que la arremetida de EE.UU. ha sido despiadada. El Gobierno de Donald Trump se ha lanzado sin ningún tipo de reservas a estrangular a Venezuela.

Un informe que se publicó por algunas horas en la página web del Departamento de Estado (convenientemente borrado luego) tasaba en 150 las llamadas sanciones contra Venezuela. La simple enumeración de algunas de ellas echa por tierra la tesis (defendida por EE.UU. y por los opositores venezolanos que avalan la injerencia extranjera) según la cual las medidas coercitivas unilaterales solo afectan a funcionarios de alto nivel del Gobierno.

Una investigación independiente realizada en el propio país que ha asumido el rol de verdugo, ofrece la que tal vez sea la cifra más impactante de todas: se estima que unas 40 mil personas fallecieron entre los años 2017 y 2018 por motivos asociados a la estrategia de asfixia contra Venezuela.

Se trata del informe titulado Sanciones económicas como castigo colectivo: el caso de Venezuela, elaborado por el Centro de Investigación Política y Económica (CEPR por sus siglas en inglés), un tanque de pensamiento que goza de mucho prestigio por trabajos realizados previamente.

La figura más prominente del CEPR, el economista Jeffrey Sachs, coautor del documento, indica que “las sanciones estadounidenses apuntan deliberadamente a destruir la economía de Venezuela y, por lo tanto, conducir al cambio de régimen. Es una política infructuosa, despiadada, ilegal y fallida, que causa graves daños al pueblo venezolano”.

Objetivo: hacer todo el daño posible

Pasar revista a las medidas coercitivas unilaterales permite comprobar que el objetivo de esa política es hacer el máximo daño posible a la mayor cantidad de gente, con la finalidad de generar un estado de descontento tal que permita y haga legítimo a los ojos de la opinión pública internacional un derrocamiento mediante golpe de Estado o a través de la intervención militar extranjera.

El perjuicio infligido al funcionamiento global de la economía se logra mediante la reducción en las compras de petróleo, el bloqueo a las cuentas de Petróleos de Venezuela y la confiscación de la empresa Citgo.

Otro punto neurálgico en el ataque es el de la deuda externa. EE.UU. ha procurado sabotear el pago de los compromisos mediante la prohibición expresa de realizar transacciones con nuevas emisiones de deuda, con papeles de Pdvsa y con los Bonos Soberanos emitidos por el Banco Central de Venezuela. Por cierto, estas acciones datan de agosto de 2017 lo que deja al descubierto la falsedad de algunos voceros opositores, quienes aseguran que las llamadas “sanciones” son algo reciente, una novedad del año 2019, motivada por el propósito de lograr “el cese de la usurpación”.

No conformes con cerrarle a Venezuela su propio mercado, las autoridades estadounidenses han procurado que el mundo en general boicotee las ventas de productos venezolanos. Para ello ha ejercido tremendas presiones sobre otros países, valiéndose de las ventajas de ser una potencia imperial.

Una medida destinada a causar mayor merma de la ya existente en la producción petrolera nacional es el bloqueo al suministro de diluyentes indispensables para el transporte de los crudos extrapesados de la Faja del Orinoco. Venezuela había logrado subsanar esta deficiencia realizando compras a una firma india, pero EE.UU. la amenazó con sanciones específicas para que cancelara sus suministros.

Algo similar viene ocurriendo en el campo de los derivados del petróleo. EE.UU. ha aprovechado una vieja e inexplicable vulnerabilidad: la dependencia de insumos extranjeros para elaborar la gasolina. Eso le ha permitido generar situaciones internas complicadas debido a fallas en la distribución.

En rigor, toda la industria petrolera ha estado sometida a un embargo durante años. Las dificultades para suministrar equipos e insumos ha sido (junto a factores endógenos) una de las causas de la acentuada caída de la producción de crudo, lo que a su vez causa mayores dificultades económicas.

Salud y alimentación, como en la guerra

Las medidas de EE.UU. han apuntado a crear el caos por desabastecimiento, principalmente por falta de alimentos, medicinas y otros rubros básicos. El hecho de que esos aspectos sean sus blancos principales constituye la mejor demostración de que se está aplicando una lógica de guerra. Prácticamente se intenta sitiar al país para forzar un cambio político.

El documento de CEPR lo expresa así: “Las sanciones han reducido la disponibilidad de alimentos y medicamentos, y han aumentado las enfermedades y la mortalidad”. Es en este punto donde el centro de investigación calcula en 40 mil las personas fallecidas entre 2017 y 2018 por causas relacionadas con el bloqueo financiero y las otras disposiciones arbitrarias.

Las cifras específicas del sector salud son espeluznantes. El sabotaje de EE.UU. ha causado graves retrasos en los tratamientos contra el cáncer, VIH-Sida, diabetes, enfermedades renales y males cardiovasculares. Desde el despojo de Citgo se han sumado los casos de niños que requieren trasplante de médula ósea, pues su atención médica en Italia y Argentina corría por cuenta de la filial estadounidense de Pdvsa.

También en este caso EE.UU. no se da por satisfecho negándole a Venezuela la posibilidad de comprar medicinas e insumos médicos a empresas estadounidenses. También ha creado un complejo sistema de bloqueos financieros y amenazas de sanciones a la banca y a los proveedores farmacéuticos de terceros países para que las autoridades venezolanas no encuentren alternativas viables. La vida y la integridad física de cientos de miles de pacientes están en juego, pero Washington no ha cedido ni un milímetro.

Bloqueo más saqueo

La Cancillería venezolana ha intentado poner en cifras la enorme operación contra la colectividad nacional, que se realiza con el respaldo de parte de la dirigencia opositora. En esa aproximación se estima que las pérdidas totales y costos para la economía venezolana producto del bloqueo financiero son de 116 mil 376 millones de euros.

Además de ese dinero perdido, “hay 4 mil 883 millones de euros congelados, retenidos o confiscados por bancos internacionales, dinero que está destinado para comprar alimentos, medicinas y materia prima para equipos para la industria”.

También en este caso impresiona el enfoque de guerra a muerte que anima a los autores de estas acciones. Por ejemplo, el informe del despacho de Relaciones Exteriores relata que en octubre de 2017 el banco suizo UBS bloqueó el pago de recursos destinados a la compra de vacunas, lo que retrasó por cuatro meses los programas de vacunación.

Ese año la banca internacional bloqueó el pago de 8 millones de euros destinados a la adquisición de insumos para diálisis. Esta acción afectó el tratamiento de 15 mil pacientes de hemodiálisis. Al año siguiente se repitió la acción de sabotaje por un monto de nueve millones de euros.

Este año han tratado de “perfeccionar” la medida, es decir, de hacerla aún más efectiva en su objetivo de impedir las compras de medicinas. Para ello, en abril pasado, el Departamento del Tesoro bloqueó las operaciones en dólares del BCV en el extranjero.

EE.UU. ha procurado también torpedear los programas diseñados por el Gobierno en el ámbito de la alimentación. Expresamente han anunciado que dispararán contra el sistema de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), que hasta ahora ha atenuado con bastante éxito el daño causado por el bloqueo y la hiperinflación. Llevado a términos de la guerra convencional, esta acción estadounidense equivaldría a romper las líneas de abastecimiento o intendencia para poner a una población en estado de sitio y rendirla por hambre.

Acción y reacción

El evidente empeño en hacer daño al pueblo en general para imponer a sus aliados políticos queda demostrado en la forma de espiral que ha tenido la política de medidas coercitivas unilaterales. Ante cada acción del Gobierno venezolano por encontrar fórmulas alternativas, la camarilla dominante de EE.UU. ha respondido con nuevas agresiones.

Un ejemplo es el grupo de medidas que se han tomado para boicotear el petro, la criptomoneda venezolana respaldada por las reservas de hidrocarburos. En mayo de 2018, en abierta contraposición a su proclamada libertad de mercados cambiarios, la administración Trump prohibió a todos sus ciudadanos realizar operaciones que impliquen el petro.

Unos meses después, en noviembre, se prohibió también a los estadounidenses comprar o vender oro venezolano.

En 2019, ya bajo la estrategia del cambio de régimen mediante un presidente encargado impuesto por Washington, EE.UU. dio varios pasos más en la profundidad de sus medidas unilaterales, cruzando al terreno neto del despojo.

En enero, Trump ordena nuevas “sanciones” contra Pdvsa. Esta vez la palabra no es un eufemismo para hablar de castigos ilegales, sino que sustituye al vocablo robo o saqueo, pues implica la congelación de 7.000 millones de dólares en activos de Citgo.

Robo con agavillamiento

Las medidas coercitivas de EE.UU. son unilaterales en el sentido de que las asumen sin tomar en cuenta la parte afectada, en ejercicio de su condición imperial. Pero tienen el respaldo de otros países que se han sumado a la operación de saqueo. Esto le da a las acciones un carácter de delito con agavillamiento.

Solo así puede entenderse que en enero de este año el Banco de Inglaterra haya decidido quedarse con mil 359 millones de dólares de Venezuela, depositados en oro.

Otras instituciones bancarias privadas de EE.UU. y otras naciones se han sumado a la rebatiña, apropiándose impunemente de depósitos pertenecientes a Venezuela. Entre ellas están Euroclear (Bélgica), que se embolsilló 125 millones de euros en títulos valores; Citibank (EE.UU.) lo hizo con 195 millones de euros; Clearstream (Reino Unido) se apoderó de 453 millones de euros; North Capital (EE.UU.) se quedó con 238 millones; Novo Banco (Portugal), con mil 381 millones de euros; Sumitomo (EE.UU.), con 415 millones; Union Bank (EE.UU.) 207 millones de euros.

Cerco total

Las medidas coercitivas unilaterales de EE.UU. y sus aliados han causado muertes, agravamiento de enfermedades, malestares y daños materiales realmente difíciles de cuantificar. Muchas personas, por razones políticas, se niegan a admitir que sin ese despiadado lazo de ahorcamiento, el país tendría ya al menos tres años en proceso de recuperación, luego de la caída de los precios del petróleo que ocurrió entre 2013 y 2016.

No son pocos los que se han convencido de los perjuicios provocados por las llamadas “sanciones” únicamente cuando los problemas derivados de ellas les han tocado en el plano personal o familiar. La odisea de obtener tratamiento y medicinas a pesar de tener el dinero disponible es, seguramente, el más brusco de esos choques con esta realidad. Otros se han sentido afectados por las restricciones al tráfico aéreo, que han tocado especialmente a las personas con poder adquisitivo, quienes a pesar de tener posibilidades económicas para acceder a vuelos internacionales, sufren serias limitaciones.

En este aspecto, el cerco impuesto por EE.UU. se parece mucho a la guerra convencional: no solo caen los enemigos claramente identificados como tales, sino también los neutrales, a los que llaman daños colaterales, y hasta los aliados, denominados sutilmente “víctimas del fuego amigo”. No se les salva nadie.

Por Clodovaldo Hernández / Supuesto Negado