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Resultaría un despropósito insinuar que la Revolución Bolivariana tiene por política desalojar, intimidar y asesinar campesinas y campesinos a pesar de los recientes –y cada vez más frecuentes– casos de asesinatos denunciados en el país.
La violencia proviene de instancias regionales, más o menos autónomas, que avanzan mientras retrocede en la misma proporción la lucha contra el latifundio –que duró aproximadamente hasta el 2010– y se buscan acuerdos con el sector privado, es decir los grandes productores, terratenientes y “empresarios emergentes”.
Continúan los atropellos.Estaremos informando los acontecimientos recientes, #AquiNoSeRindeNadie y vamos a consolidar esta revolución por encima d todos los obstáculos y a los apátridas inquidtados les llegará el momento y ahí estamos en primera fila enfretándolos @NicolasMaduro
— Comuna El Maizal (@ComunaElMaizal) June 1, 2018
Los casos de violencia contra los campesinos permiten ubicar algunos actores locales contrarios a la apuesta agrícola revolucionaria: Terratenientes, empresarios, funcionarios del INTI y del Ministerio de Tierras, de gobernaciones y de los tribunales. Obvio, los componentes regionales de las Fuerzas Armadas tienen una cuota altísima de protagonismo en apoyo a dichos sectores.
Todo este bloque de intereses busca ocupar tierras en disputa, recuperar aquellas que fueron expropiadas y avanzar sobre nuevos territorios.
Mientras todo eso sucede, la mayoría de los medios –“nuestros” y “de ellos”–, permanecen en sus estudios y redacciones pendientes del inmediatismo en medio de la mayor arremetida del imperialismo y las clases dominantes criollas contra la economía nacional.
Seamos sinceros. Tuvo que actuar el propio Maduro para hacer justicia sobre los 32 campesinos detenidos en El Vigía, estado Mérida –en marzo pasado–, quienes, a pesar de que tenían la autorización del INTI para el rescate de tierras ociosas en la finca La Magdalena, fueron acusados de invasores.
Desde Miraflores, el presidente ratificó su apoyo al movimiento campesino y exigió la detención y destitución de los responsables. “No quiero corruptos, ni cómplices de los terratenientes”, dijo mientras entregó cartas de registro agrario para diversas cooperativas agrícolas.
Por orden presidencial, a través de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), se nombró una Comisión especial que investiga los desalojos y la represión.
Los asesinatos en El Junquito (Miranda), El Paraíso (Zulia), en Palo Quemao (Barinas) se suman a los desalojos violentos a campesinos en Portuguesa (del Consejo Campesino El Esfuerzo) en Barinas (Hato Gavilán La Chaqueta) y otros que emergieron tímidamente por algunos medios regionales.
Supuesto Negado conversó con el diputado Braulio Álvarez, miembro la comisión designada por la ANC, quien explicó que los últimos años han sido asesinados unos 340 campesinos y se ha incrementado la alianza entre algunos funcionarios del INTI, de la fiscalía y jueces en los tribunales con los terratenientes y figuras de la nueva burguesía.
“Hacen un rescate sobre rescate, una medida ilegal, que no existe, y violentan el derecho al trabajo, a la alimentación y a la paz que tiene los campesinos. Hemos recogido más de 100 denuncias principalmente de Bolívar, Anzoátegui, Barinas, Monagas, Táchira y Yaracuy”, dijo Álvarez.
La comisión la preside Delcy Rodríguez y la integran también María Alejandra Díaz, Alexis Corredor, Andrés Eloy Méndez, Julio García y Héctor Zambrano.
Álvarez asegura que la corrupción en las instituciones relacionadas con el tema campesino, así como las encargadas de la entrega y distribución de insumos y materiales es otra de las aristas de la violencia.
“Para afrontar la corrupción se deben evaluar a los funcionarios. Hay personas que han robado los centros de desarrollo industrial: laboratorios, romanas eléctricas, cavas de enfriamiento y maquinaria. Todas las denuncias están en los informes que la comisión entregó”.
En esto coincide Ángel Prado, destacado líder comunero de El Maizal quien ha denunciado la violencia y señalado además el atropello de algunos sectores ligados al gobierno en cuanto al manejo a discreción de las leyes sobre la recuperación de tierras de vocación agrícola, así como la corrupción en los despachos de semillas, fertilizantes y materiales para la producción agrícola y pecuaria como Agropatria, Pedro Camejo, Leguminosas del Alba y Porcinos del Alba, entre otras empresas estatales.
“Solicitamos un derecho de palabra en la Asamblea Nacional Constituyente y una conversa con nuestro presidente Nicolás Maduro para hacerle propuestas concretas con relación al caso”.
Planteó además una posible movilización nacional de sectores campesinos que no sean apéndice de ningún funcionario público.
El debate ahora vuelve a ser en tres ejes: la propiedad de la tierra, la producción y la distribución de los insumos que el Estado destina –en teoría– para los campesinos, ya que, desde la perspectiva de los derechos humanos y su integralidad, la relación entre el derecho a la tierra y el derecho a la propiedad se ve redimensionada, pues la satisfacción de otros derechos humanos como la alimentación, la vivienda y los derechos culturales, remiten de manera directa al acceso a la tierra.
Con el cerco financiero internacional y la necesidad de superar la crisis aprovechando que la gran mayoría del poder político nacional y regional está en manos de la Revolución, se hace impostergable preguntarse hacia dónde está orientada la apuesta en lo agrícola; ¿a fortalecer las tramas comunales, de pequeños productores asociados, propiedades sociales y estatales, o a buscar acuerdos con los terratenientes?
A partir de la respuesta se debe actuar en consecuencia.
¡No menos importante!: Plan de siembra a media máquina
El diputado campesino, Braulio Álvarez, aprovechó la conversación para denunciar que menos del 50% de la planificación de las hectáreas proyectadas del Plana de Siembra 2018 se llevó a cabo.
“Soy responsable, debemos hacer las denuncias para tomar los correctivos inmediatamente”.
Según el portal del ministerio de Agricultura Productiva el plan abarcaba la siembra de 300 mil hectáreas en rubros como el maíz, sorgo, soya y arroz, correspondientes para el ciclo norte-verano.
Braulio denunció que parte de la responsabilidad se debe a la falta de presencia activa de campesinos verdaderos en los niveles donde se toman las decisiones sobre el tema. “Una cosa es hablar de conuco y producción y otra cosa es conuquear y producir”, dijo.
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Por Edgard Ramírez Ramírez / Supuesto Negado
