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Desde el año 2014 el Gobierno del presidente Nicolás Maduro ha llamado a la oposición a dialogar más de 400 veces. Sin embargo, ambas partes solo se han reunido (pública y oficialmente) para conversar en seis oportunidades, cinco de ellas en el extranjero.
Todos los intentos resultaron infructuosos.
¿La razón? Falta de voluntad política e inflexibilidad de ambos sectores a las solicitudes presentadas por el contrario. También un intenso y descarado sabotaje foráneo, encabezado como siempre por Estados Unidos, que parece más “interesado” en la situación del país que los propios venezolanos.
Sus emisarios, con representación en la Organización de Estados Americanos (OEA), el Grupo de Lima y en los gobiernos más recalcitrantes instaurados en Latinoamérica, han jugado a placer en el bando de la conciliación así como en el de la guerra: mientras aceptaban participar como observadores en un delicado diálogo, también declaraban a los medios internacionales el supuesto carácter dictatorial de un gobierno que ya no tiene mejillas que ofrecer a su enemigo.
Aunque a escala internacional y ante las cámaras todos abogaban por una solución pacífica al conflicto iniciado luego de la muerte del presidente Hugo Chávez, tras bastidores la historia era otra: la oposición no movía un dedo sin antes consultarlo con Estados Unidos y tras cada fracaso en el diálogo, nuevos focos de violencia se presentaban en el país.
En las conversaciones han participado exmandatarios como José Luis Rodríguez Zapatero (España), Martín Torrijos (Panamá) y Leonel Fernández (República Dominicana), quienes en su momento sirvieron como intermediarios.
También intervinieron representaciones de países amigos de cada bando, como Bolivia y Nicaragua por parte del Gobierno, así como Chile y México, quienes optaron por sentarse de lado de la oposición para dar seguimiento a las conversaciones.
El Vaticano fue otro convocado. En octubre de 2016 nombra a Emil Paul Tscherrig comisionado para la paz. El Papa Francisco, quien ha apostado en todo momento al diálogo como única vía para la resolución del conflicto, todavía aboga porque se encuentre una forma justa, pacífica y humana para salir cuanto antes de la crisis.
Luego de la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino y las acciones tomadas por Estados Unidos para continuar desestabilizando a Venezuela, una nueva convocatoria a dialogar es puesta por Maduro sobre la mesa.
Lamentablemente, la oposición pareciera haber encontrado la receta perfecta para poner en peligro la gestión del presidente Maduro y al mismísimo país, sin necesidad de retomar un debate en el que no conseguirán todo lo que quieren.
El recuento
El primer encuentro entre oposición y Gobierno tuvo lugar en Caracas. En él participaron una comisión de cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas y un enviado del Vaticano. Las negociaciones se desenvolvieron con normalidad hasta que la autodenominada y hoy extinta Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se negó a participar en la Comisión de la Verdad propuesta por el Ejecutivo Nacional.
Casi dos años después, en marzo de 2016, se reúnen por primera vez en República Dominicana. Allí estuvo presente Rodríguez Zapatero que manifestó haber viajado más de 30 veces al país para mediar en los debates y denunció el doble rasero con el que se trató desde el comienzo el diálogo venezolano.
En octubre de ese mismo año se restablecen nuevamente las conversaciones, esta vez con una serie de condiciones propuestas desde la bancada opositora.
Luego de las guarimbas de 2017 que aterraron por más de cinco meses a toda la población, Gobierno y oposición logran sentarse durante dos días en República Dominicana para explorar un nuevo proceso de diálogo político que tiene su clímax en diciembre de ese mismo año.
En ese momento las dos partes llegan con una serie de condiciones al debate:
Por el lado de la oposición, pidieron lo que llamaron elecciones libres y transparentes, un CNE equilibrado, observación internacional calificada, eliminación de las inhabilitaciones políticas y el respeto a las condiciones establecidas en la ley. Apertura de un canal humanitario para el ingreso de alimentos y medicinas al país. Liberación de todos los presos políticos y que se restituyeran las facultades constitucionales de la Asamblea Nacional, indicaban.
El Gobierno sólo aspiraba el cese de las sanciones económicas impuestas internacionalmente y el reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente, electa el 30 de julio de ese mismo año.
Para mostrar su voluntad y tomando en cuenta una de las condiciones impuestas por la oposición, el Gobierno Nacional otorgó la libertad a los primeros 44 detenidos. Progresivamente, fue excarcelando a otros más cuyas faltas no constituyeran delitos de lesa humanidad.
Muy cerca de alcanzar un acuerdo durante el primer trimestre de 2018, con un documento redactado, consensuado por ambas partes y ya aceptado por el presidente Maduro, la MUD se retira del diálogo e inicia un proceso de repliegue de la escena política que muchos sospechaban era el inicio de una nueva maniobra.
Los hechos demostraron que los mal pensados estaban en lo correcto.
Por Andreína Ramos Ginés/ Supuesto Negado
