Distrito Lince, Halcones y jaladores: Conozca la situación de los venezolanos en Perú

El discurso mediático imperante en los países receptores de la diáspora venezolana sobreexpone los delitos cometidos por los recién llegados e impulsa la idea de que son los principales causantes del aumento indiscriminado de crímenes.

En Perú, por ejemplo, donde los recientes ataques xenofóbicos fueron alarmantes, el tinglado mediático local insiste en dar primera plana a los delitos cometidos por los venezolanos, y aseguran que estos “normalizaron la violencia y la insensibilidad” en el país andino.

Sin embargo, estos mismos medios invisibilizan en su relato la responsabilidad y antecedentes de las mafias locales que se aprovechan de la vulnerabilidad de los inmigrantes pobres que caen en negocios turbios preexistentes y con fuerte incidencia en los sectores que ahora habitan nuestros connacionales.

Mafias locales cohabitan con la policía

Muchas venezolanas y venezolanos que llegaron recientemente a Lima se han hospedado en el distrito Lince, conocido por su amplia actividad comercial y donde han ocurrido varios de los principales actos de xenofobia documentados por las redes sociales.

“En los últimos años hubo un crecimiento relevante de los mercados de abastos, aunque un poco desorganizados, pues no cuentan con todos los servicios que debiesen tener para una correcta prestación de los servicios”, decía hace unos meses el anterior ministro peruano de la Producción, Raúl Pérez-Reyes, sobre el desborde de la actividad comercial en esa zona.

De hecho, antes de que el tema de la inmigración ocupara los titulares en la prensa local, era frecuente encontrar denuncias contra las mafias que tenían “aterrorizados” a los lugareños y que hizo de este distrito uno de los más peligrosos de la capital peruana.

“No solo extorsionan a los (vendedores) ambulantes sino también a los comerciantes (formales)”, se había quejado el alcalde de La Victoria (municipio limítrofe con Lince) George Forsyth, quien paradójicamente es venezolano.

Según reportes de la policía, las mafias cobraban en total hasta 5 millones de soles en “peaje” a vendedores informales (cerca de 1 millón y medio de dólares) y otros 20 millones (casi 6 millones de dólares) a los automovilistas que se querían estacionar en la zona.

Es por eso que la custodia del lugar no solo la hace la policía, sino además la Unidad de Servicios Especiales, Los Halcones y la Policía Montada.

A pesar de ello, se mantenía un número importante de “jaladores” (personas que invitan a los transeúntes a entrar a las tiendas), vendedores callejeros, prostitutas y carretilleros (trabajadores ocasionales que descargan la mercancía a los locales), todos oficios muy ligados a delitos como el robo y el atraco.

Según los reportes de la prensa, los gremios de comerciantes y vecinos del sector insisten en que las autoridades reciben un pago de los grupos criminales y por eso hacen lo mínimo en su contra.

Delincuencia se aprovecha de la vulnerabilidad

Una zona caliente (delincuencialmente hablando) es caldo de cultivo para la captación de grupos vulnerables y entre ellos destacan los inmigrantes pobres, especialmente las mujeres.

Por eso, decenas de venezolanas y venezolanos han sido víctimas de las redes de trata de personas con fines de explotación laboral y sexual. Algunas ONG han denunciado que estas mafias operan desde el Ecuador y ofrecen ingresarlos a Perú sin la reciente “visa humanitaria” requerida (cobrándoles entre 70 y 100 dólares).

Recordemos que según las cifras de las cancillerías, después de Colombia (con cerca de 1,4 millones) Perú es el segundo país con mayor cantidad de venezolanos inmigrantes, con más de 865 mil.

La Gerencia de Fiscalización de la Alcaldía de Lima denunció que mafias locales captan a los recién llegados para invadir con sus productos ilegales las calles de este y otros distritos céntricos y, de esta forma, obtener jugosas ganancias.

Sin embargo, la persecución policial contra los vendedores ambulantes venezolanos no es lo que dispara las alarmas, sino la saña y agresión que ha sido denunciada y difundida en redes sociales gracias a diversos videos donde se evidencia el maltrato y comiso de la mercancía.

Además, como ocurría antes con las peruanas, ahora las venezolanas son las más visibles en el mundo de la prostitución local (por su coquetería y rasgos) y aunque esta actividad no es ilegal en el Perú, tampoco es un oficio reglamentado.

No es un dato menor que las leyes peruanas no prohíben el ejercicio libre de la prostitución, pero el Código Penal sí establece sanciones para las personas que obligan a otras a prostituirse.

De hecho, recientemente se incorporó el delito de explotación sexual vinculado a la trata de personas y que sanciona con 10 a 15 años de cárcel a quienes obliguen a otras personas a ejercer “actos de connotación sexual”.

José Koechlin, investigador del Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, explicó que Perú es un país machista y racista y a ello responde parte del ataque a las trabajadoras sexuales del país petrolero.

“Como machistas, criticamos a la mujer venezolana y le atribuimos una sexualidad descarriada. Como racistas, nos encolerizamos porque vemos que hay cierta preferencia a los venezolanos, a los que vemos más altos, más blancos, más guapos. Se desarrolla en nosotros una contradicción: los vemos como algo exótico, bello, bueno, pero a la vez, nos sentimos inferiores frente a ellos”, detalló.

A pesar de la polvoreda mediática y los señalamientos, los datos del propio Gobierno peruano muestran que en 2018 menos de 1% de los delitos fueron cometidos por venezolanos.

Por otro lado, aunque según el registro de la Policía Nacional de Perú, el número total de denuncias por comisión de delitos ha crecido en los últimos tres años, menos del 0,6% de las denuncias realizadas entre enero de 2016 y mayo de 2019 están dirigidas hacia ciudadanos del país caribeño.

Pagan “justos por pecadores”

¡Pero, pendientes! Lo expuesto antes no significa que los delitos cometidos por venezolanos en el extranjero deban silenciarse, sino que deben ser informados con exactitud y en contexto.

Los medios de comunicación de los países vecinos con un discurso plagado de estereotipos que causan temor o rechazo en la comunidad receptora, tienen el efecto negativo de extender sobre todo un grupo (en el cual hay muchos inocentes y apenas una minoría delincuencial) un manto de sospecha y estigmatización.

Declaraciones irresponsables como la de la congresista Esther Saavedra (del partido conservador Fuerza Popular) pidiendo el cierre de fronteras y la expulsión de los venezolanos en Perú o falsas como la del ministro del Interior, Carlos Morán, quien acusó a los inmigrantes de incrementar los índices de delincuencia, provocan manifestaciones xenófobas como la ocurrida en Tacna (en la frontera con Chile) en las que se gritaron consignas como “¡Maduro, recoge tu basura!”.

https://twitter.com/jcy126kerubin/status/1179077375352610816?s=20

Lastimosamente, según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) realizada en junio, 73% de los peruanos consultados está en desacuerdo con la migración venezolana.

En la acera contraria, un estudio de Acnur —la agencia de la ONU para los refugiados— revela que 62% de los venezolanos entrevistados en Perú sintió discriminación.

Muchos de estos compatriotas han aprovechado el Plan Vuelta a la Patria que hasta el momento ha repatriado a unos 3 mil venezolanos desde Perú.

Es necesario que los políticos, periodistas e influenciadores de los países receptores, investiguen y reporten sobre la realidad del éxodo venezolano con seriedad, no solo para entender la severa crisis que atraviesa el país, sino también para generar empatía con los nuevos inmigrantes residentes.

Por Edgard Ramírez Ramírez / Supuesto Negado