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Laura Roldán, coordinadora de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz recuerda lo que aún queda pendiente.
Este 2017 se cumplen 28 años del Caracazo, un sacudón social que cambió la historia de la Venezuela del siglo XX. No existen cifras concretas, pero muchos analistas hablan de más de 3 mil víctimas a manos de la represión militar que lanzó a la calle el entonces gobierno de Carlos Andrés Pérez. Laura Roldán, coordinadora de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, organización volcada a la promoción y defensa de los derechos humanos, evalúa la actuación del Estado en el hecho y discute otros casos de masacres y de fosas comunes ocurridos el año pasado en Barlovento y Cariaco. Aquí sus respuestas a Supuesto Negado.
¿Existe alguna cifra aproximada de víctimas, fallecidos y desaparecidos del Caracazo?
–Las cifras en el Caracazo todavía no están del todo claras. Se especula que son más de 3 mil personas entre desaparecidas, torturadas, asesinadas.
Lo que sí te puedo decir es que cuando el Gobierno no sentenció en el momento que tenía que investigar y establecer responsabilidades a quien incurrió en esas violaciones, muchos casos quedaron relegados.
En el año 2002 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) hizo un dictamen y solamente se indemnizaron a 45 familias de víctimas.
Incluso hay cadáveres que ni siquiera se han encontrado y no se han podido identificar. Con respecto a La Peste propiamente, desde la organización tenemos que fueron más de 300 cuerpos de casos registrados, aunque podrían ser más.
¿Cuál era ese momento oportuno para que el Estado venezolano dictaminara que había que investigar?
–En ese contexto las denuncias de violaciones de derechos humanos no eran investigadas con imparcialidad, rapidez o de forma expedita. Incluso en esa época nos costaba entender qué era una violación de derechos humanos y quién o cuándo se incurría en eso.
El Ministerio Público (MP) en esa época fue negligente y poco eficiente a la hora de establecer responsabilidades o hacer investigaciones, amparado además en un Tribunal Supremo totalmente complaciente que nunca veló por los derechos de las personas más humildes. Esto trajo que muchos de los casos que se denunciaron en la época nunca tuvieron una acusación. Nunca tuvimos un juicio de los responsables de las masacres, detenciones o desapariciones de las víctimas.
Esto conllevó a que Cofavic liderizara un proceso de denuncias en instancias internacionales, que produce en agosto de 2002 esa sentencia de la Cidh en contra del Gobierno venezolano. En esa época el Gobierno lo llevaba el Comandante Chávez y fue a quien le tocó asumir y reconocer que hubo violaciones e indemnizar a esas 45 víctimas. Pero el presidente Chávez decide que no solo los iban a indemnizar a ellos, sino también que el Gobierno iba a ampliar el reconocimiento para otras víctimas. Luego a través del MP y la Defensoría del Pueblo se canalizarían más denuncias.
Lamentablemente no basta con una indemnización o una reparación a los familiares o a las víctimas porque todavía hoy en día se ve el Caracazo con un manto de impunidad.
Pero podríamos decir quiénes estuvieron implicados…
–En ese momento la orden viene con la suspensión de garantías, con el estado de excepción, y eso viene directamente del Presidente de la República (Carlos Andrés Pérez) en consejo de ministros. Luego, a su vez, se bajó a todas las cadenas de mando. ¿Quiénes son? La Policía Metropolitana de la época, la PTJ que actualmente es el Cicpc y el ministro de Defensa Ítalo del Valle Alliegro, quien era responsable del ejército. Pero realmente quien dispara en contra del pueblo no es el Ministro, no es el Presidente de la República, sino simplemente los funcionarios que ahí estaban y que les tocó lamentablemente enfrentarse al pueblo.
¿Cómo evalúan ustedes la respuesta del Estado, desde el gobierno de Chávez, en la atención y revisión de este caso histórico?
–Nosotros como organización social y con 32 años de trabajo, toda buena política en materia de derechos humanos la aplaudimos y la reconocemos. Cuando llega el presidente Chávez hubo un cambio de políticas en materia de derechos humanos que todos la celebramos. Él nos recibió y le presentamos una agenda por la vida y por los derechos humanos donde cada organización desde su visión hizo aportes de lo que se debía mejorar. Algunas cosas se hicieron, otras no y el esfuerzo se reconoce pero no basta con tener una voluntad política, no basta con tener una normativa legal vigente, que la tenemos; sino que es imprescindible la actitud de los servidores públicos a la hora de implementar esas leyes.
La fiscal Luisa Ortega Díaz en estos años ha tratado de hacer un trabajo eficiente pero todavía hay muchas cosas por hacer. El MP después de que asume la responsabilidad penal de las investigaciones a través de la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, ha logrado dotar y formar a fiscales en derechos humanos, tienen direcciones de criminalística, unidades de vulnerabilidad de los derechos humanos. Pero aun así, todavía hablamos de impunidad en muchos casos que no se resuelven en un tiempo sensato, un tiempo rápido. Tenemos un Poder Judicial débil, complaciente, que a nuestro modo de ver tiene un retraso procesal impresionante.
Sí se ha ido caminando en políticas públicas en materia de derechos humanos, pero pareciera que no bastara eso.
El año pasado hubo casos de masacres y fosas comunes en Barlovento y Cariaco, hechos que además fueron muy mediáticos. ¿Se puede hacer un paralelismo entre esos casos y el Caracazo?
–No, para mí son hechos totalmente distintos. El Caracazo fue una masacre a un pueblo que sale para protestar lo que vivíamos en esa época: problemas de desabastecimiento, inflación, acaparamiento de los productos de primera necesidad, el aumento del pasaje y sobre todo lo que incidió el aumento de gasolina. No puedo decir que es parecido a lo que pasó en Barlovento y Cariaco que obedece a un plan de respuesta a la delincuencia organizada, sumándose con la inseguridad.
La Red de Apoyo desde el primer momento que se lanzó la OLP la repudió y declaró que debían ser eliminadas porque con ellas no se satisfacía a la población y no estaba aportando nada. En estos dos casos vemos el accionar de los militares, pero no en respuesta a una protesta de la población sino para combatir los altos índices de inseguridad y la delincuencia organizada que hay en esos sectores. Lamentablemente vemos de nuevo las mismas acciones de unos militares, aunque en otro contexto.
¿Y la respuesta del Estado en estos dos casos cómo la valora?
–Como tú dijiste, son casos mediáticos, emblemáticos. En el caso de Barlovento ya tenemos acusación fiscal, se movió totalmente rápido un equipo conformado por el MP, por el Cicpc y militares. Entonces en menos de mes y medio ya teníamos localizados los cuerpos de los muchachos. El resultado final fue haber encontrado los 12 cuerpos asesinados y se logró una acusación para esos militares.
Lamentablemente la situación continúa. Persiste la violación de los derechos humanos en contextos diferentes. En lo personal insisto que debe ser prohibido olvidar y no se puede tolerar que estas situaciones vuelvan a ocurrir. Por eso es importante que los hechos del Caracazo estén siempre en nuestra memoria y en nuestro quehacer, sobre todo de las autoridades.
Usted dijo que los militares no están capacitados para estas labores. ¿La solución sería darles la capacitación o no incluirlos en este tipo de operaciones?
–A partir del 2006 en el país se da una reforma policial. Un cambio de paradigma, de cultura de lo que nosotros entendemos lo que es la institucionalidad del policía. Respecto a eso, la Red de apoyo es pionera al afirmar que no bastaba una denuncia y no bastaba poner preso al policía. Nosotros empezamos a pensar en mucho más y en recoger firmas para solicitarle a la Asamblea Nacional de esa época que debía reformarse la policía. Mucha gente nos decía que eso no iba a suceder. Pero se logró.
Solo hizo falta la voluntad política de una persona, que fue el presidente Chávez, para impulsar todo este proceso. Logramos organizarnos con muchísima gente y otros grupos para lograr el cambio hacia una policía nueva. Lamentablemente, no sé qué pasó en el camino que no hemos logrado que la institución, que el funcionario cambie esa mentalidad de ser arbitrario y abusivo con la ciudadanía.
Todo ese camino se avanzó y sin embargo ves denuncias donde está involucrada la Policía Nacional Bolivariana. Hay normativas que dicen cómo deben actuar. Incluso hay una Universidad de la Seguridad, dedicada a la capacitación y formación de policías no militares. Incluso están capacitados para hacer frente a una manifestación, con un componente especializado para eso. La historia ya nos ha dicho que cuando los militares se involucran en este tipo de operaciones los resultados son nefastos y que no son los llamados a asumir el control de las manifestaciones o control de la seguridad ciudadana.
¿Existen otros casos como el de La Peste o la masacre de Barlovento?
–Hay muchas organizaciones que han manifestado denuncias sobre las OLP. En la Red de Apoyo si el familiar o víctima no quiere denunciar, no le hacemos mención en nuestras cifras. Documentamos los casos, pero se respeta la decisión de los familiares. Les hacemos acompañamiento de todo tipo, pero no llega a una denuncia legal. Con esto quiero decir que en la Red de Apoyo en sí misma hay muy pocos casos. Tenemos casos de gente que ha llegado como víctima de la OLP pero no quieren denunciar por miedo a asumir las consecuencias que pueda acarrear eso, aunque no debería haber ningún tipo de consecuencia.
Dentro de la Red solo tenemos el caso de Barlovento.
A casi tres décadas del Caracazo, qué mensaje le envía al Estado y a la sociedad venezolana.
–Primero le rendimos un homenaje a todos esos hombres y mujeres que a pesar del dolor asumieron la denuncia y la reivindicación de sus seres más queridos, cosa que nosotros siempre honraremos. Luego nuestra solidaridad a todas las víctimas del Caracazo y a los defensores y defensoras de los derechos humanos que junto con muchos familiares trabajaron por establecer responsabilidades y asumir la defensa de los derechos humanos como una opción de vida.
¿Qué pedimos a las instancias gubernamentales en estos momentos? Que en las investigaciones se escuche a la víctima y se establezcan responsabilidades en un tiempo razonable. Los familiares deben recibir atención y aquí es importante la responsabilidad que tienen los altos dirigentes del Estado venezolano en que haya gente capaz y formada para controlar las conmociones sociales.
Hacemos un llamado a todos los agentes policiales en el cumplimiento de sus funciones, siempre deben estar plegados a los principios de su actuación, como lo establecen las normas. Tenemos manuales, normativas que velan por la actuación policial e incluso militar frente a una situación de amenaza donde se debe proteger y respetar la dignidad y los derechos humanos.
También recordar a toda persona que se sienta vulnerada en sus derechos debe denunciar porque eso fortalece el hilo constitucional, el Estado de derecho a pesar de que nuestras instituciones se ven a veces debilitadas.
Tenemos que tener un Poder Judicial independiente y reforzado. A nuestro Poder Judicial nunca se le ha hecho una reforma sino solo paños calientes para modernizar los sistemas, pero nunca hemos podido mirar cuáles son sus problemas estructurales.
¿Cómo se puede contactar a la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz?
–Estamos ubicados en Parque Central, Edificio Caruata. Nivel 2. Oficina 220. Nuestros teléfonos son el 0212-5748005 y 0212-5741949. También nos pueden ubicar en nuestra página web http://www.reddeapoyo.org y en Twitter como @redapoyo.
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Por Simón Herrera / Supuesto Negado
