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El pasado 21 de abril el vicepresidente sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura y Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, anunció a través de su cuenta en la red social Twitter que durante los siguiente tres días continuaría la reducción de la jornada laboral hasta las 2:00 de la tarde con una particular modificación: las escuelas y liceos atenderían a los alumnos solo hasta mediodía.
La medida causó suspicacias entre los ciudadanos, que ya se defienden mejor de las noticias falsas, y a la vez originó una profunda molestia entre los representantes de aquellos niños que estudian en horario vespertino: otra vez perderían clase.
El tuit, publicado a las 9:45 de la noche del domingo, dejó en una compleja situación a directores de planteles y a padres por igual. Ninguno tenía una estrategia para afrontar la medida y había que cumplirla porque es un mandato presidencial.
Ese primer día (lunes 22 de abril) algunos colegios trabajaron en su horario habitual, otros suspendieron las clases en la tarde. Esos últimos, ante una encrucijada: ¿cómo hacer para no cercenarle a este grupo de niños del turno vespertino su derecho a la educación?
De acuerdo con la directora de un colegio privado ubicado en el oeste de Caracas, el Ministerio de Educación aún no ha dirigido una comunicación formal sobre este tema, solo se ha limitado a señalar −a través de los supervisores de cada circuito educativo− que la medida obedece al Plan de Racionamiento Eléctrico que ejecuta el Gobierno nacional en el país desde hace casi un mes.
Sin embargo, la directora tiene sus reservas sobre la decisión del Ejecutivo que, a su juicio, no está ahorrando mucho más suspendiendo las clases en la tarde porque el grueso del alumnado continúa asistiendo en el horario más concurrido, que es el matutino.
Personalmente, esta directora decidió que el colegio que representa continuaría prestando sus servicios en el horario normal. Alega que para la comunidad de padres es muy difícil reacomodar la rutina cuando dependen de que un establecimiento cuide de sus hijos. “Acortar la jornada implicaría que los responsables de los niños deben salir más temprano de sus trabajos o contratar a un tercero para que los vengan a buscar”.
Comenta que esa decisión tuvo sentido los primeros tres días de decreto, pero una vez extendida por 48 horas más, tiene otras implicaciones.
“Yo creo que si esta medida se vuelve a extender, voy a tener que reducir obligatoriamente la jornada, porque no se sabe exactamente la razón que tiene el Gobierno para tomar esta decisión”.
¿Qué medida han tomado los colegios?
El equipo de Supuesto Negado hizo un recorrido por varios planteles de la capital en horas de la mañana, tanto públicos como privados, y pudo constatar que el 99 por ciento de los centros educativos no está trabajando en las tardes.
Al ser consultados sobre la estrategia que están empleando para mitigar las consecuencias de esta situación en el aprendizaje de los niños, las autoridades de estos colegios expresaron que hacen lo que pueden.
Uno de ellos ha hecho una especie de distribución interna y da clases un día sí y otro no a ambos grupos (matutino y vespertino) en el horario de la mañana. Otro ha enviado tareas para la casa a los niños del turno en conflicto.
Un caso especial es el de la escuela Agustín Zamora Quintana, ubicada en San Martín, que ofrece clases a los dos grupos todos los días, pero por un lapso de dos horas y media. Es decir: el turno matutino ve clases de 7:00 a 9:30 y el vespertino de 9:30 a 12:00. Toda una odisea.
Verónica Jiménez, representante de un niño de tercer grado, señala que esta situación no solo compromete el derecho a la educación de los niños venezolanos, sino que también afecta la rutina familiar. “Termino trabajado horario completo todos los días porque debo pedir permiso en el trabajo para venir a buscar a mi hijo a la escuela”.
Para Jiménez es muy grave lo que está sucediendo con el año escolar, que par ella está a punto de perderse. No cree que dos semanas adicionales de clases puedan remediar las profundas fallas que se han tenido este año, comenzando por la falta de profesores y maestros debido a la migración.
Por su parte, Olga Ramos, miembro del Observatorio Educativo de Venezuela, se pronunció ante las informaciones que aseguran que inspectores del Ministerio para la Educación han visitado algunos colegios para cerciorase de que la medida se cumple.
“Quien tiene la obligación de garantizar el derecho a la educación es el Estado a través del ministerio. Es irracional que este despacho no pelee con el resto de las instituciones para exigir el cumplimiento del derecho a la educación, en vez de ir a las escuelas para ver quiénes están restringiendo los horarios”, expresó.
Tanto padres como directores de los planteles visitados por este medio, exigen que el Ejecutivo diseñe una estrategia para garantizar que todos los niños vean clases y que se notifique con suficiente antelación si la reducción de la jornada continuará los próximos días.
Por Andreina Ramos Ginés / Supuesto Negado
