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La forma cómo se aplicará el subsidio selectivo a la gasolina, dependiente del censo nacional automotor, es uno de los misterios por develarse el 20 de agosto, fecha anunciada por el presidente Nicolás Maduro como el punto de partida para el nuevo programa económico.
Los preparativos han generado mucha polémica, especialmente por la conexión que dicho subsidio tiene con el carnet de la patria. Los supuestos “adelantos” dados por voceros políticos muy controversiales no han ayudado en nada a disipar las dudas.
Lo que sí está claro es que la actual modalidad de subsidio universal tiene que eliminarse, ya que constituye una auténtica hemorragia para los fondos públicos y se ha tornado muy ineficiente en el propósito de favorecer a la mayoría nacional. El cambio en el modelo de subsidio es inaplazable, pero los temores abundan y son muy potentes.
Inmanejable
El subsidio estatal a la gasolina ha ido creciendo y distorsionándose hasta hacerse inmanejable.
En las actuales circunstancias económicas, el subsidio implica para Petróleos de Venezuela tres erogaciones significativas. Por un lado, la industria debe vender el combustible a un precio muy por debajo de su costo de producción. Adicionalmente, debe pagar a los expendedores para que realicen sus labores. En tercer lugar, según algunas fuentes, la casa matriz se ve obligada a importar el producto a precios internacionales debido a los problemas operativos de las refinerías nacionales. Este último aspecto es de los que se tornan casi imposibles de verificar. En publicaciones periodísticas se afirma que la producción nacional de gasolina apenas alcanza los 75 mil barriles, mientras la demanda supera los 225 mil, muy inflada por el desaforado contrabando hacia todos los países fronterizos, especialmente hacia Colombia.
La información oficial, no solo sobre ese punto, sino en general, es limitada. La que se obtiene por caminos verdes o de boca de expertos (no siempre equilibrada) indica que la industria petrolera viene perdiendo dinero en el renglón de la gasolina desde hace unos doce años, cuando el costo de producción se hizo más alto que el precio de venta. Desde entonces, el problema no ha hecho sino agudizarse, especialmente en los últimos años, bajo el signo de la hiperinflación.
PDVSA ha terminado pagando para que los concesionarios de las estaciones de servicio vendan los combustibles, un modelo de negocios absurdo que explica, en parte, los graves problemas financieros de la principal empresa nacional.
Subsidio selectivo
El plan del Gobierno para ponerle un torniquete a esta especie de arteria cercenada parece radicar en el establecimiento de un subsidio selectivo, es decir, que solo lo recibirán quienes cumplan ciertos requisitos. El resto deberá pagar el producto a precios internacionales (en la actualidad, el promedio anda por los cuatro dólares por galón, lo que es igual aproximadamente a un dólar por litro).
Hasta el momento lo que se ha dicho es que quien tenga el carnet de la patria y se inscriba en el nuevo registro de vehículos, tendrá acceso al subsidio. Sectores opositores han calificado la nueva modalidad como discriminatoria por motivos políticos, ya que el carnet lo tienen, mayoritariamente, los militantes o simpatizantes del partido de Gobierno y sus aliados. El Gobierno alega que de esta manera se garantiza que el beneficio corresponderá exclusivamente a quienes utilizan sus vehículos en el país y dejará por fuera a los integrantes de las organizaciones fronterizas que sustraen la gasolina de Venezuela para revenderla a las naciones limítrofes, con grotescos márgenes de ganancia.
La parte de la población que no cumpla los requisitos y pase obligatoriamente a la franja de precios internacionales experimentaría un aumento exponencial del precio, pues del actual nivel de 6 bolívares por litro de 95 octanos y 1 bolívar por litro de 91 octanos, pasarían a pagar el equivalente a un dólar, según la tasa que esté vigente. Esto significa que el dueño de un vehículo con tanque de 50 litros, que hoy paga la insignificante cantidad de 300 bolívares fuertes, tendría que desembolsar el equivalente a 50 dólares. La desproporción es tan brutal que resulta difícil de poner en números, sin una buena calculadora.
Los inventores de la trampa están activos
Los aumentos de la gasolina están, desde 1989, rodeados de un aura de conflictividad social. Los temores a que genere un nuevo envión inflacionario son muy razonables. Pero también surgen muchos miedos acerca de si las mafias del contrabando van a encontrar fórmulas para seguir beneficiándose del subsidio, aunque pase a ser selectivo. Es más, se tiene la sospecha de que podrían surgir nuevos y jugosos negocios para esas organizaciones criminales. Bien se sabe que muchas personas y organizaciones se han especializado en inventar las trampas para sacar provecho de cuanta política social ha ideado la Revolución en dos décadas.
En la zona fronteriza ya comenzó a hablarse de compra de carnets de la patria en pesos o en dólares, con el obvio propósito de mantener el acceso a la gasolina subsidiada. Las fuentes de inteligencia social que han detectado estos movimientos alertan a las autoridades en el sentido de que será necesario establecer un cupo mensual para la compra de gasolina, pues nada impide a muchos de los traficantes tener el carnet, ya que son venezolanos, tienen la doble nacionalidad o utilizarán este tipo de documentos obtenidos ilícitamente.
También han surgido numerosas advertencias acerca de la eventual reproducción en zonas no fronterizas del fenómeno del contrabando, derivado del drástico diferencial entre el precio subsidiado y el internacional. Personas con carnet podrían terminar convertidas en bachaqueras del combustible barato, del mismo modo como lo hacen con productos de las cajas CLAP o artefactos de Mi Casa Bien Equipada.
Todo hace pensar en que el mecanismo de subsidio tendrá que estar muy bien blindado para que no sea utilizado con fines perversos por individualidades o grupos.
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Por Clodovaldo Hernández / Supuesto Negado
