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No es cuento lo de revivir la Doctrina Monroe. Las acciones que está desplegando la élite política corporatocrática de Estados Unidos apunta a volver a los tiempos más trogloditas, en los que los países considerados “del patio trasero” no tenían derecho ni siquiera a tener representantes propios en las negociaciones y juicios en los que estuvieran involucrados sus intereses nacionales.
Con el apoyo del sector político más reaccionario de la oposición, encarnado por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, autoproclamado presidente encargado, se está verificando ese retorno al pasado: hasta los negociadores y abogados que supuestamente representan a Venezuela son, nuevamente, fichas del aparato de poder del capitalismo global.
Se han dado numerosas muestras, pero una de las más descaradas es la reciente designación de Lee Buchheit como asesor de Guaidó para la renegociación de la deuda externa.
El acto fue tan notablemente desvergonzado que hasta en algunos círculos opositores pusieron el grito en el cielo. Basta conocer un dato del señor Buchheit para indignarse: el hombre viene de trabajar por más de 40 años con la firma Cleary Gottlieb, que representa a los acreedores de la deuda venezolana.
La prensa capitalista global y local, siempre presta a lavarle la cara a cualquiera de estas operaciones de abierto pillaje, se ha esforzado en aclarar que Buchheit acaba de retirarse de esa compañía y que actúa movido por intenciones altruistas.
Pero si alguien tuviera alguna duda del carácter de “zamuro cuidado carne” que tiene esta jugada que Estados Unidos ejecuta a través de su “presidente encargado de Venezuela”, bastaría con ver a dos de los que se alegraron de la designación de este hombre (y que seguramente tuvieron que ver con ella): Ricardo Hausmann,y Pedro Mario Burelli, gurús del ultraneoliberalismo y agentes de la banca acreedora, hambrientos de meterse en el negocio que adelantan la Administración Trump y Voluntad Popular.
Por imposición del Ejecutivo estadounidense sobre el Poder Judicial, los representantes de los intereses de Venezuela en las querellas que se presenten en EEUU son los que designe el supuesto gobierno de Guaidó, no los que nombre el presidente constitucional Nicolás Maduro. Esta situación de indefensión está destinada a facilitar los actos de virtual confiscación de Citgo, las operaciones con bonos de Pdvsa y hasta controversias con privados, como la referida a la expropiación de Owens Illinois.
EEUU intérprete de la Constitución venezolana
El abogado Juan Carlos Valdez afirma que se trata de una gigantesca movida en la que los grandes desfalcos pretenden quedar encubiertos con un manto de legalidad. “El gobierno de EEUU se arroga el derecho a interpretar nuestra Constitución y nuestras leyes, y sobre la base de esa interpretación, desconoce al presidente electo democráticamente de Venezuela, confisca bienes de nuestro país. Y además, pretenden colocar un presidente a su medida”.
Valdez afirma que, montado sobre su poder militar y político, el gobierno de EEUU perpetra esos latrocinios, soslayando el derecho internacional público, y todas las normas del comercio internacional.
“Sus tribunales se pliegan a esa concepción hegemónica de la visión geopolítica estadounidense y los organismos multilaterales que deben velar por el respeto a las normas y la convivencia internacional están de una u otra forma chantajeados por los EEUU”, explica.
Según el jurista, la única opción para contrarrestar este estado de indefensión es sumarse al bloque China-Rusia y contribuir al peso que este bloque viene ejerciendo contra la hegemonía estadounidense.
Piratería moderna
Por su parte, la abogada y constituyente María Alejandra Díaz no duda en calificar lo que están pasando en EEUU con los activos y fondos venezolanos como “un robo descarado y un acto de piratería moderna cometido por EEUU y por estos malandros, saqueadores, ladrones que tiene como aliados en Venezuela, que han llegado al extremo de pretender administrar los bienes que son de todos los venezolanos en sus propias cuentas personales o familiares”.
Señaló que se trata de una operación destinada a desmontar la Constitución con supuestos argumentos constitucionales.
La vuelta a tiempos trogloditas
El expediente que está escribiendo la oposición venezolana, aliada con la corporatocracia estadounidense y global, para quedarse con cuantiosas riquezas nacionales aún sin tener el poder político, hace recordar a las grandes operaciones de pillaje que los imperios perpetraron en el pasado, cuando se las arreglaron para cobrar y darse el vuelto.
Las historias son lacerantes. En el caso venezolano, se puede recordar el despojo del territorio Esequibo mediante un laudo en el que Venezuela, pese a ser una nación con ocho décadas de haber declarado su independencia, no tuvo un representante propio. Los dos supuestos representantes del país fueron designados por la Suprema Corte de Estados Unidos. Incluso los abogados privados por el lado venezolano eran también estadounidenses. Uno de ellos, Severo Mallet Prevost, reveló la forma truculenta como se acordó el robo del territorio venezolano en beneficio de Gran Bretaña. Pero lo hizo en un documento que solo podía ser divulgado luego de su fallecimiento, lo que ocurrió medio siglo después del Laudo de 1899.
Si queremos buscar otro ejemplo latinoamericano podemos analizar el de la forma como se acordó la construcción del canal de Panamá, después de la creación de este país, por su separación de Colombia, en 1903.
El tratado que se firmó, de características absolutamente leoninas, no fue suscrito por ningún panameño, sino por el empresario francés Phillipe Bunau-Varilla en conchabanza con EEUU. El galo había sido figura clave en las intrigas que condujeron a la acción separatista, tras haber formado parte de la primera compañía que intentó sin éxito construir el canal. A cambio de que lo dejaran estar en el negocio del segundo intento, Bunau-Varilla no tuvo empacho en ceder a perpetuidad la zona del canal a EEUU y en aceptar que las fuerzas estadounidenses tuvieran derecho pleno a intervenir en cualquier ciudad de Panamá para cuidar el canal.
Por Clodovaldo Hernández / Supuesto Negado
