2018: ¿PUEDE HABER UN ESTALLIDO SOCIAL EN VENEZUELA?

Estallido social

2018 no ha podido comenzar más convulsionado. A lo largo y ancho de Venezuela, en Caicara, Barcelona, Tejerías, Trujillo, costa oriental del Lago y otros lugares, han acontecido saqueos a camiones y establecimientos, convulsiones en colas por comida, arrebato a vendedores informales. No son hechos aislados. Dan cuenta de lo que se siente en cualquier calle, mercado o conversación informal: la situación pasó del malestar general a la angustia aguda por conseguir comida.

No es la primera vez en la historia reciente que se vive esta situación. En 2016, Cumaná en junio y ciudad Bolívar en diciembre se vieron afectadas por olas de saqueos que la policía no pudo controlar por algunas horas o días y volvieron caóticas dichas ciudades. Innumerables camiones fueron saqueados en carreteras y autopistas del país. En mercados de Caracas se produjeron tumultos durante el último semestre de ese año. Luego, la situación tendió a “normalizarse”, a pesar incluso de la continuación de la crisis. Estos hechos quedaron como anécdotas locales sin más consecuencias que la afectación de comercios y las decenas de detenidos. Nada de ello impactó en la política. Los decesos ocurridos fueron mínimos en comparación al Caracazo de 1989 o incluso a los disturbios en Londres 2011 o Francia 2005. Pero, en enero de 2018 hay otras “chispas” que podrían incendiar la pradera en Venezuela de una manera mucho más contundente.

En 2016 la inflación era considerable y la escasez muy elevada, pero no existía la actual situación de hiperinflación que, mas que alejar la comida de los anaqueles, está volviendo incomprable los alimentos más básicos. Además, las sanciones económicas sobre Venezuela aun no rendían la efectividad actual. En la última semana de 2017, el gobierno denunció a Portugal y Colombia de haber bloqueado una compra ya efectuada de perniles. Se está demostrando que las sanciones económicas no afectan solo a funcionarios, sino que atentan contra la compra de comida por parte de la nación, lo que vuelve imprevisible el horizonte cercano, incluso con un esperado aumento de liquidez producto de la recuperación de los precios de petróleo. Las sanciones hacen efecto en una maltrecha economía, pero también le dan argumento al gobierno para ubicar la culpabilidad en la conspiración internacional, indudablemente existente.

Entonces, de lejos, la situación es mucho más preocupante y compleja este comienzo de año. La hiperinflación no cuenta con ninguna política consistente que pueda hacerle frente. El aumento de los alimentos básicos es abismal con relación a semanas anteriores. Todo ello pareciera conducir de manera inevitable a un gran estallido social que vuelva a recordar páginas históricas de los levantamientos populares en Venezuela. No obstante, la sociedad no es matemática ni cuadriculada, mucho menos la venezolana, y habría que tomar algunas consideraciones para evaluar la posibilidad real de un acontecimiento de alta magnitud, de violencia generalizada.

¿Puede repetirse un Caracazo como el de 1989?

La manera como se manifiesta el malestar a principios de 2018 no solo no es la misma de ese acontecimiento, sino que incluso se viene dando en sentido contrario. Aquel fue sorpresivo y espontáneo y se fue propagando en la medida que las fuerzas del orden no estaban preparadas para ello. Su ola expansiva llegó hasta Argentina donde se produjo, a los pocos días, saqueos en la provincia. La situación actual es inversa en tanto no dejan de ocurrir microacontecimientos que, al parecer, terminan teniendo efecto de “válvula de escape” y consiguiente vuelta a la normalidad, una vez que el gobierno atiende la situación y activa sus mecanismos de aliviadero alimenticio. Hasta ahora, los eventos de calle son más una movilización por demanda de alimentos que una convulsión del todo descontrolada y generalizada, que ciertamente sigue siendo un escenario probable pero con un contrapeso importante: el escenario electoral.

Debido a que es un año electoral, más que un gran macro acontecimiento social es de esperarse un acontecimiento político que encauce la multiplicación de pequeños eventos sociales que han venido acumulando una atmósfera de convulsión social. Si, como se asegura en varios círculos oficiales, se adelantan elecciones o se anuncia el cronograma electoral, podría esperarse que el malestar social gire su acumulado hacia la participación política y esto alejaría, o debería alejar, el escenario del estallido social.

Dicho de otro modo, los pequeños saqueos a establecimientos y camiones, las protestas por comida, el cierre de vías, puede tener el efecto de dispersión social más que de unificación racional en torno a acciones comunes de tipo político. Sobre todo, en la medida en que hay un consenso en que las presidenciales serán este año y que pronto comenzarán a ser el centro de la diatriba nacional, lo cual no quita la situación calamitosa del ciudadano, pero puede generarle expectativas políticas que le racionalicen la espera de un hito político sobre uno radical-social donde todos saldrán perdiendo.

Pero, además, el gobierno ha demostrado tener aparatos de orden público sólidos, leales y que, en casos de manifestaciones públicas respetan los derechos humanos. Aunque pueda haber excesos, las víctimas ocurridas en estas manifestaciones son incomparables con los sucesos de gobiernos antes de la llegada de Chávez al poder. En el llamado “cumanazo” en junio de 2016 apenas se contabilizó un muerto, en el Caracazo de 1989 las cifras oficiales hablaban de más de 200 muertos, pero las ONG de derechos humanos calcularon entre 2 y 3 mil. Los sucesos del 2016 ni siquiera pueden compararse en magnitud, número de comercios saqueados, y muertos a los ocurridos en Londres en 2011 o en París en 2005, donde un hecho concreto prende la pradera a escala nacional de manera sorpresiva para la sociedad toda. Claro está, los micro acontecimientos actuales están generando un acumulado de malestar que van a buscar un cauce y ese cauce podría ser el electoral, aunque no pueda descartarse la violencia de calle que, a diferencia de 2017, sea en sectores populares, es decir, en los territorios chavistas.

La violencia política de 2017, las llamadas guarimbas (incomparable a los hechos actuales por su extracción de clase alta y media, y rechazada por los sectores populares), lejos de precipitar una salida del gobierno no solo le atornilló en el poder, sino que puso en riesgo las presidenciales de 2018. Ese tipo de violencia, de sectores medios y urbanizaciones acomodadas cuyo objetivo manifiesto era derrocar al gobierno por la vía violenta, produjeron repulsión popular contra la oposición, que aún no se recupera de ese llamado insurrecto y corre el riesgo de dividirse ante el evento electoral más importante de los últimos años: las presidenciales 2018. Por ello, si a algún factor político no le interesa un “sacudón” es a la oposición porque podría poner en riesgo las elecciones mismas.

Además, habría que acotar que un acontecimiento de alta magnitud, cuyo escenario siempre es probable en situaciones económicas como las actuales, no necesariamente implica cambio de gobierno de manera automática. Recordemos que después del 27 de febrero, AD y la clase política tradicional siguió gobernando, y a pesar de las asonadas militares de 1992, el partido oficial ganó nuevas elecciones de manera holgada como el evento electoral de 1995 donde obtuvo más de la mitad de las gobernaciones, y casi la totalidad con su llave Copei. Aquella vez, como los eventos comiciales de 2017, la abstención y la maquinaria política lograron imponerse al descontento general.

Habría que evaluar también que lo que prendió la pradera en 1989 no fue en primer lugar la falta de comida o la carestía, sino el aumento de transporte. Al respecto habría que reconocer que la situación del transporte privado es grave y deben estarse produciendo situaciones los próximos días, como aumentos compulsivos de pasajes o paros de transporte que siempre invitan a una rebelión generalizada. Pero también habría que reconocer que el gobierno tiene ya algunos años haciendo inversiones en el área de transporte público, especialmente en los lugares más conflictivos. Si bien este sistema no es suficiente para la normalidad del ciudadano, sí puede serlo para neutralizar los revuelos que seguramente causarán el alza de los precios o la paralización de la actividad.

Es obvio que estos microestallidos tendrán un uso político. Y, aunque lo más seguro es que no genere cambios en la correlación de fuerzas actuales, sí podría apresurar acuerdos en la mesa de negociación. Podría acentuar la conciencia de crisis que no se ha manifestado en el liderazgo oficial y podría apresurar los acuerdos electorales. Una fecha electoral declarada y la convocatoria a la campaña electoral podría volver a jerarquizar la cuestión política sobre la situación socioeconómica. Al menos hasta finales del año pasado, al gobierno le interesaba adelantar la elección presidencial para vincularla con las cadenas de triunfos electorales de 2017 de la Asamblea Nacional Constituyente (julio), gobernaciones (septiembre) y alcaldías (diciembre), todas arrasadas por la maquinaria oficial y determinadas por la abstención opositora.

Si no se vislumbra un escenario electoral desde comienzos de año, la economía acentúa su descontrol, no surge iniciativa oficial más sólida y los paliativos sociales como bonos disuelven su eficacia, sí podríamos aproximarnos de manera más determinante al escenario del estallido social de amplio calado. Todo ello condicionado por la instalación del fenómeno explosivo y desconocido de la hiperinflación.

Las formas como se acomoden consumidores, productores y gobierno a este nuevo escenario determinará si estaremos las próximas semanas en presencia de un estallido social de alta magnitud o del alza de expectativas sobre las elecciones presidenciales.

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Por Ociel Ali López / Supuesto Negado