González Plessmann: arrechera de la gente es legítima, no debe criminalizarse

Uno de los puntos de ataque internacional contra Venezuela desde que Estados Unidos y sus aliados avalaron el golpe de Estado en marcha, es el tema de los derechos humanos.

Diferentes focos aislados de protesta violenta se han producido en algunas ciudades del territorio nacional, especialmente en zonas populares, donde el apoyo al chavismo era sólido. Pero la oposición logró penetrar en los barrios, algo que la revolución fue dejando de lado en algunos aspectos. Ello trajo la consecuencia del natural descontento en las barriadas, pero también atrajo a sectores muy peligrosos vinculados con el hampa y la desestabilización a sueldo.

Supuesto Negado conversó con Antonio González Plessmann, activista de derechos humanos y parte del Colectivo Surgentes, que hace vida en sectores populares de Caracas. Con él abordamos el tema de las presuntas violaciones a derechos humanos y hasta dónde las fuerzas del orden actúan en legítima defensa propia y del resto de los ciudadanos.

¿Cuál es la posición que tienen Surgentes con respecto a la coyuntura política venezolana?

Condenamos el intento de golpe de Estado que implica la autoproclamación del diputado Juan Guaidó como presidente encargado de la República, con el apoyo de EE.UU. y los países gobernados por la derecha en la región.

Nadie sensato o informado puede pensar que a los EEUU le interesa la democracia o los derechos humanos en Venezuela o en ninguna parte. Su política exterior es una larga lista de atropellos a la voluntad y dignidad de los pueblos del sur. A EEUU le interesa: 1. La reserva de petróleo más importante del mundo, el agua, el oro y los llamados minerales raros que tenemos en el país; 2. Enlodar al chavismo como posibilidad contrahegemónica y aleccionar al pueblo venezolano y a los pueblos del sur global, mostrando como fracaso, retroceso, empobrecimiento, a cualquier intento de construir sociedades alternativas a la democracia liberal de las economías de mercado y; 3. Reducir la influencia de sus adversarios, China y Rusia, en la región.

Consideramos que en la actualidad tenemos un gobierno débil, que logra mantenerse en el poder, pero no logra transformar la crisis ni mostrar consistencia con el programa democrático socialista previsto en el Plan de la Patria. Dentro del Estado hay gente buena, empujando hacia la izquierda, pero las disputas internas las vienen ganando los sectores más oficialistas, más conservadores y más burocráticos. En consecuencia, el Estado y la clase política cada vez se alejan, de manera más evidente, del legado rebelde de Chávez.

Existe, más allá del gobierno y de la clase política oficialista, un chavismo popular, un chavismo de izquierda, que está construyendo en los territorios concretos nuevas relaciones de poder, económicas, sociales, culturales; que se viene articulando horizontalmente; de manera consistente con el programa democrático socialista del Poder Popular

Es increíble ver cómo, en medio de esta crisis, cuando cunde la desafiliación, ese chavismo logra crecer en sus territorios, sobre todo cuando acompaña con propuestas materiales su discurso político. A nuestro juicio desde ese chavismo popular, de izquierda, que mantiene el horizonte democrático socialista, es desde donde se refundará a mediano plazo el chavismo y la izquierda venezolana.

La protesta violenta que han diagnosticado en Surgentes, ¿tienen idea de cómo está estructurada? ¿Hay financiamiento? ¿Es Espontánea? ¿Se parece a la de 2017?

Hay que investigar más. Pero con los datos provisorios es posible adelantar que coexisten los focos planificados de violencia con la espontaneidad del malestar popular generalizado.

Conocemos de manera directa testimonios de lugares en donde fueron muchachos vinculados con prácticas delictivas quienes agitaron en las calles. Pero lo novedoso es que tuvieron una respuesta del resto de la gente en territorios populares, que los acompañó y salió a la calle a protestar. No debería extrañar a nadie que los sectores populares estén molestos. Al menos no a nadie que se monte en carrito o viva en un barrio o tenga el oído y el compromiso en la calle y con el sujeto de este proceso político.

No podemos demostrar si a esos muchachos les pagaron, pero es posible pensar que sí, porque hay muchos testimonios de pago en las guarimbas de 2017 y ocurrió en distintos lugares que fueron ellos quienes se activaron primero. Sin embargo, está claro que las protestas que se dieron, al menos en Caracas, no pueden explicarse como producto exclusivamente de un foco guarimbero.

Ese foco logra el efecto de prender porque hay una arrechera popular totalmente legítima, que no debe ser criminalizada. El Estado está en la obligación de separar la paja del trigo. En una manifestación pacífica puede haber gente ejerciendo violencia, es decir, cometiendo delitos y/o faltas. De hecho, al corte de datos que hicimos el 24 de enero pasado, al menos el 38% de las manifestaciones eran violentas y en el 28,5% de los casos hubo un enfrentamiento a los cuerpos de seguridad, con armas de fuego y objetos contundentes. Esas expresiones violentas deben ser controladas, sin victimizar a quienes están ejerciendo pacíficamente su derecho a manifestar.

¿En su comunicado manejan algún balance cotejado con otras instituciones de derechos humanos?

Sabemos que para el 24 de enero ya el Estado contaba 30 casos de muertes. Tuvimos dos clases de fuentes: los medios electrónicos y testimonios de dos lugares en donde ocurrieron tres muertes. Los primeros son datos débiles, como señalamos en el mismo comunicado, pueden tener sesgos, errores e inexactitudes. Sin embargo, decidimos usar esa data, aclarando sus debilidades, por tres razones: la primera es que resultó coincidente con la que obtuvimos a través de testimonios sobre la actuación de los cuerpos de seguridad. La segunda es porque en ciencias sociales es perfectamente legítimo utilizar indicadores indirectos cuando no es posible obtener datos directos.

Los testimonios directos son muy rudos. A una muchacha que estaba desarmada, en Catia, unos funcionarios del Faes le metieron 4 tiros por la espalda. Dejó dos niñas, una de 3 y otra de 5 años. A un muchacho, en otro barrio, lo esperaron en casa de su novia, a la que golpearon, y lo ejecutaron. También el Faes. Luego se llevaron el cadáver para obstaculizar las experticias policiales que evidenciarían la ausencia de enfrentamiento. Pero no se trata de prácticas nuevas.

Compas nuestros han perdido a sus familiares a manos del Faes y otros cuerpos de seguridad, bajo patrones recurrentes: ejecución extrajudicial, simulación de enfrentamiento, allanamientos ilegales y amenazas para que no denuncien. La gente no quiere denunciar porque tiene miedo. Si alguien se asume chavista, y por eso en el comunicado citamos extensamente a Chávez, no puede más que indignarse con estas prácticas y alzar su voz.

Y, la tercera razón, es que consideramos necesario alimentar el debate público sobre lo que estaba pasando: un patrón de invisibilización, por razones de clase, de la represión en los sectores populares.

¿A quién se atribuyen las muertes producidas en estos días de confrontación?

Hasta donde hicimos el corte, el 24 de enero, el 48% de las muertes eran responsabilidad del Estado. Hay que ver cuáles ocurrieron en contexto de enfrentamientos violentos (lo que es posible dado que, al menos el 38% fueron manifestaciones violentas) y cuales fueron ejecuciones extrajudiciales. El resto de las muertes está aún muy confuso. La prensa habla de civiles, bien partidarios del gobierno, bien comerciantes o bien opositores. Hay que investigar cada caso, seriamente. Eso le toca al Ministerio Público, a los tribunales y a la Defensoría del Pueblo.

¿Cómo evalúa la actuación del Estado en comparación a episodios anteriores?

Nos parece claro que no se apegó a los principios de uso progresivo y discriminado de la fuerza, que rigen legalmente la actuación de los cuerpos de seguridad. Si no, el número de muertes hubiera sido menor. En algunos lugares, además, la respuesta policial luego de las protestas fue la toma de los territorios populares, con funcionarios del Faes, con la cara tapada, cometiendo allanamientos ilegales, golpeando a la gente y amenazando.

Por otra parte, nos parece muy importante señalar que el discurso centrado exclusivamente en los muy posibles focos insurreccionales pagados por la oposición, resulta en una criminalización de los sectores populares y desconoce el malestar real y legítimo que ahí existe.

¿Qué reflexión tiene sobre la forma en que la oposición valora la muerte de personas de sectores populares? ¿Los utilizan? ¿Los valoran tanto como a gente de clase media?

A diferencia de las guarimbas de 2014 o 2017, en donde cada muchacho asesinado tenía nombre, era reivindicado, era un “Libertador”, aquí nadie en la oposición nombra o reivindica a las personas asesinadas. Es parte de lo que denunciamos en el comunicado y expresa el carácter de clase de estos hechos. Para la oposición, esas muertes forman parte de una estrategia clara: minar simbólica y materialmente la base de apoyo del gobierno, centrada en los sectores populares.

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Por Randolph Borges / Supuesto Negado