¿QUÉ IMPLICARÍA PARA NICOLÁS MADURO PARTICIPAR EN ELECCIONES NO COMPETITIVAS?

Luego de la decisión de la ANC y de la convocatoria del CNE para unas elecciones anticipadas, aunado al fracaso de la firma del acuerdo de diálogo en República Dominicana, cabe la pregunta: ¿Qué tipo de elecciones tendremos en el país el 22 de abril de 2018?

Esta pregunta no puede ser realizada bajo el parámetro del “aldeano vanidoso” al que hacía referencia José Martí, pues en 2018 tenemos un año electoral agitado en toda América Latina y el Caribe, con al menos seis países llamados a celebrar comicios presidenciales.

En febrero, habrá elecciones en Costa Rica. Y, en el ínterin, Paraguay, Colombia, México y Brasil también elegirán nuevo mandatario, con un par de comicios que podrían terminar redibujando radicalmente el mapa geopolítico regional: México y Colombia, así como la controversia jurídico política sobre la situación de Lula da Silva en Brasil.

De modo que 2018 habrá recambio presidencial en ocho países de América Latina, pues además asumirá un nuevo mandatario en Chile y por su parte Raúl Castro dejará su cargo en Cuba.

En este último caso, Salim Lamrani, periodista y profesor francés especialista en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos ha dicho:

“Por primera vez desde 1959, Cuba tendrá a un presidente que no forma parte de la generación histórica que hizo la revolución y que triunfó en 1959. Es un cambio simbólico importante aunque no habrá ruptura sino continuidad”.

Por otra parte, varios de esos países también aprovecharán para renovar sus legislativos y/o gobiernos locales, como también lo hará El Salvador en marzo y Perú en octubre. De modo que habrá jornadas electorales en todo el continente y saltarán a la vista sus características y las obvias comparaciones.

Los calendarios electorales latinoamericanos además podrían tener un par de sorpresas si prospera el llamado de la oposición hondureña a repetir los comicios presidenciales en ese país centroamericano o si la crisis política en Perú se traduce definitivamente en la destitución del presidente Kuczynski.

En Costa Rica ya hubo una primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas el domingo 4 de febrero, con un total de 13 candidatos que se disputaron la presidencia.

Los dos candidatos más votados fueron el diputado, periodista y cantante cristiano Fabricio Alvarado Muñoz del Partido conservador Restauración Nacional; y el escritor, politólogo, periodista y exministro Carlos Alvarado Quesada del socialdemócrata Partido Acción Ciudadana con 24,91% y 21,66% respectivamente.

Debido a que en una primera vuelta ningún candidato logró alcanzar el 40% de los votos, necesarios para ganar los comicios en primera vuelta, se hará un balotaje, programado para el 1 de abril de 2018 en el que se someterán nuevamente al sufragio los dos aspirantes más votados. Este ejemplo, nos permite dar cuenta de las diferencias y semejanzas entre los sistemas electorales de cada uno de los países.

En Costa Rica, con un sistema de doble vuelta, si fuera necesario, 6 candidaturas rivalizaron y recogieron un 95,05 % de las preferencias electorales. Las dos primeras opciones alcanzaron un 46,57 %. Ese sería un caso de escenario electoral competitivo.

¿A que llamamos un escenario electoral competitivo?

En un escenario electoral competitivo, los partidos, organizaciones o movimientos con fines políticos “actúan en el escenario electoral y compiten por los votos con otros partidos”, tal como afirma Angelo Panebianco, en su libro Modelos de Partido, Madrid: Alianza Universidad, 1990.

El escenario electoral es el contexto en el que se desarrollan las elecciones, las situaciones que éstas generan –antes, durante y después– de la contienda, así como la escena en la que se mueven los sujetos políticos.

De modo que el escenario electoral supone lo que está en juego en la elección desde la perspectiva de la ciudadanía, cuáles son los temas capaces de movilizar a la opinión pública, qué problema y demandas del pueblo definen el comportamiento electoral y cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de los diferentes candidatos. Al no haber “diferentes candidaturas competitivas”, el escenario electoral se asemeja a aquellos países en los cuales pareciera estar bloqueada, tanto la alternancia como el pluralismo, de modo que las definiciones convencionales sobre la poliarquía y la democracia liberal quedarían en la práctica suspendidas.

Según la define Dahl, la poliarquía tiene siete atributos: 1) funcionarios electos; 2) elecciones libres y limpias; 3) sufragio universal; 4) derecho a ser candidato; 5) libertad de expresión; 6) información alternativa; 7) libre asociación.

Los primeros cuatro atributos nos dicen que un aspecto básico de la poliarquía es que las elecciones son generales, limpias y de libre competencia. Los atributos restantes nos remiten a las libertades políticas y sociales que son mínimamente necesarias, no solo durante sino también entre las elecciones, como un requisito para que éstas sean limpias y competitivas.

O´Donell ha agregado otros atributos a la lista de Dahl. Uno es que los funcionarios electos (y algunos designados) no deberían ser arbitrariamente destituidos antes de que termine su mandato constitucional (Alberto Fujimori en Perú y Boris Yeltsin en Rusia pueden haber sido electos en elecciones limpias, pero abolieron la poliarquía cuando clausuraron enérgicamente los congresos nacionales y destituyeron a los magistrados de las cortes supremas).

Un segundo añadido es que las autoridades electas no deberían estar sujetas a restricciones fuertes, vetos o exclusión de ciertas esferas políticas, por parte de otros actores no elegidos, especialmente de las fuerzas armadas.

En tercer lugar, debe haber de manera incontrovertible una definición de la población votante. Finalmente, una definición apropiada de poliarquía debería incluir también una dimensión intertemporal: la expectativa generalizada de que en un futuro indeterminado seguirá existiendo una vida electoral limpia con sus libertades implícitas.

La cualidad de “escenario electoral competitivo” permite asegurar la posibilidad de alternancia electoral. Para el caso venezolano, la Constitución establece en su Artículo 6 que “El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables”.

Si no existiesen elecciones competitivas en Venezuela, al menos dos atributos presentes en el artículo precedente podrían empañar el proceso electoral, pues no habría posibilidad cierta ni de “alternativa” ni de “pluralismo”, si no se presentaran fuerzas opositoras numéricamente relevantes para disputar la posible reelección al Presidente Maduro.

¿Hay condiciones electorales y políticas para garantizar que las elecciones serán libres, justas, competitivas y transparentes?

Pues este ha sido el tema que ha fijado la atención de las declaraciones anticipadas de desconocimiento de resultados de las próximas elecciones presidenciales de Venezuela por parte de EE.UU, Colombia, Argentina, entre otros.

Adicionalmente, los países que integran el Grupo de Lima: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, rechazaron el anuncio de la ANC.

Estos países, firmaron una declaración que exige “que las elecciones presidenciales sean convocadas con una adecuada anticipación, con la participación de todos los actores políticos venezolanos y con todas las garantías que corresponda, incluida la participación de observadores internacionales independientes”.

Luego del fracaso de la firma del acuerdo convenido en República Dominicana queda por ver ahora si los factores de la oposición, coaligada en la llamada MUD y en otros grupos, decide concurrir a los comicios y presentar candidaturas o un candidato único para oponerse a Nicolás Maduro, o si por el contrario decide boicotear los comicios.

Un posible boicot a los comicios reforzaría la posición del bloque de países liderado por EE.UU para deslegitimar cualquier decisión cuya fuente de origen sea la ANC, incluyendo la elección de un Presidente en condiciones que no son reconocidas por tal bloque de países. Esto repercutiría, evidentemente, en la estabilidad y legitimidad internacional de la nueva jornada electoral.

La dinámica política abierta luego de la convocatoria presidencial y conformación mediante elecciones de la ANC ha amplificado un escenario de disputa hegemónica alrededor las concepciones de la democracia, que se venían dando con el debate sobre la aplicación o no de la carta democrática interamericana luego de las sentencias 155 y 156 en el año 2017, año donde explota la confrontación de poderes en el país.

No hay que olvidar que en la aclaratoria de las sentencias, el TSJ había señalado:

“Se ORDENA al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela que evalúe el comportamiento de las organizaciones internacionales a las cuales pertenece la República, que pudieran estar desplegando actuaciones similares a las que ha venido ejerciendo el actual Secretario Ejecutivo de la Organización de Estados Americanos (OEA), en detrimento de los principios democrático y de igualdad a lo interno de las mismas, sin que por ello se deje de reconocer la digna acción de los Estados que han defendido de manera gallarda los principios del derecho internacional y que, por tanto, han defendido la posición de la República Bolivariana de Venezuela, así como en otras oportunidades han reivindicado los derechos de otras naciones que también han sido arbitrariamente asediadas al igual que nuestra Patria, por denunciar las injusticias que a diario se cometen en el sistema internacional por parte de acciones injerencistas. Y así garantizar, conforme a nuestra tradición histórica, los derechos humanos sociales inherentes a toda la población, en especial, de los pueblos oprimidos”.

Esta aclaratoria finalmente dio lugar al retiro de Venezuela de la OEA.

El problema es que la situación política ha devenido en un marco para la justificación de un escenario de restricciones y sanciones económicas contra el país.

Las hostilidades contra Venezuela se han profundizado y un escenario electoral no competitivo las profundizará aún más. Esta historia de hostilidades abiertas comenzó con el Decreto Ejecutivo de Obama, en el que se señala a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de los Estados Unidos”, hasta llegar más recientemente con agresiones diplomáticas e incluso se han emitido amenazas de intervención militar por parte de los más altos funcionarios del gobierno norteamericano.

Todo este escenario conduce en la fase actual de la estrategia de Washington al logro del aislamiento de Venezuela ante la comunidad internacional y ante el sistema financiero mundial, para inducir un cambio de régimen por la vía del shock económico político.

La estrategia estadounidense se sustenta en una política exterior injerencista y agresiva, cuya punta de lanza es un bloqueo financiero transgresor del derecho internacional, cuya finalidad explícita es asfixiar la economía nacional a través de: a) la confiscación de activos venezolanos en el exterior; b) la aplicación de severas restricciones en los sistemas de pagos; c) la prohibición arbitraria de nuevas fuentes de financiamiento internacional –con la finalidad de provocar un default–; d) y la consumación de un embargo petrolero contra nuestro país.

El gobierno de los Estados Unidos ha desarrollado una agenda diplomática para que sus aliados estratégicos: Canadá y la Unión Europea; así como los gobiernos subordinados a su política exterior (concentrados en el denominado Grupo de Lima), se anexen a su estrategia de segregación económica a través de la imposición de nuevas sanciones de carácter unilateral y multilateral.

El gobierno norteamericano ha ejecutado una política de presiones económicas, energéticas y político militares para fracturar las posiciones soberanas y respetuosas del derecho internacional del bloque de naciones agrupadas en CARICOM, con la finalidad de crear una correlación de fuerzas que le permita emitir una condena política y por supuesto, nuevas sanciones económicas en el próximo Foro de Las Américas a realizarse en Lima en abril de 2018.

Como ha afirmado el analista e investigador Jorge Forero: “La nueva fase de tensiones de los Estados Unidos hacia Venezuela, además de promover la asfixia de la economía nacional, afecta de manera significativa los intereses del pueblo venezolano, a través de la imposición de restricciones –tales como bloqueos de agencias financieras e interrupciones ilegales en los pagos–, para obstaculizar la adquisición de bienes esenciales en el mercado internacional, las cuales interrumpen operaciones comerciales de empresas importadoras públicas y privadas”.

El nuevo marco de sanciones ha afectado directamente el riesgo país, mediante el cual se determinan –de manera arbitraria– las tasas de interés para el pago de deuda del país. Esta variable tuvo un ascenso a niveles inéditos, cuyas cifras duplicaron las cifras y tendencias del último año, de 3000 a 6000 puntos.

Otro indicador de las repercusiones negativas de las sanciones, está relacionado con la tasa de cambio ilegal promovida por factores asociados a la agenda de agresiones contra la economía venezolana, a través de la cual se produce la devaluación arbitraria e inducida de nuestra moneda y se determina la inflación en el mercado nacional. Dicha tasa experimentó un crecimiento superior al 400% entre el 31 de agosto y el 30 de noviembre, y de más del 1000% entre agosto de 2017 y enero de 2018.

Otro elemento clave de las nuevas sanciones del gobierno norteamericano hacia Venezuela, es el perjuicio que se produce a la operatividad de los pagos internacionales, con lo cual se afectan las posibilidades de inversión para potenciar el aparato productivo nacional y con ello se sigue reduciendo la oferta de bienes y servicios en el país (otro factor que presiona al alza los niveles de inflación).

Por tanto, es un mito de que las sanciones norteamericanas afectan únicamente a altos funcionarios –objeto de restricciones y penalidades–, y resultan falsas las posiciones de Trump y Tillerson, en una supuesta defensa de la democracia y de las condiciones de vida del pueblo de Venezuela.

Más recientemente, el Gobierno español intenta que la Unión Europea adopte una posición común ante las elecciones presidenciales, pasando a evaluar las condiciones en que se van a celebrar los comicios y si van a tener una influencia sobre los mismos el fracaso del acuerdo de paz entre Gobierno y oposición presentado por la comisión negociadora de la que forman parte el presidente dominicano, Danilo Medina, y el exjefe del Ejecutivo español José Luis Rodríguez Zapatero.

España ha declarado que si es posible lograr una posición común europea, que podría incluir un pronunciamiento sobre si se reconocerá o no el resultado de unas elecciones que, según dijo el pasado miércoles el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, han de ser a través de un voto “libre, igual, directo y secreto”.

Sobre el anuncio de las elecciones Presidenciales, la embajada de EE.UU en Venezuela ha publicado: “Los Estados Unidos denuncia la decisión del Consejo Nacional Electoral de Venezuela de promover unilateralmente elecciones presidenciales sin garantías para asegurar que sean elecciones libres, justas y con validación internacional. Estas elecciones no tienen el acuerdo de todos los partidos políticos y limitan la capacidad de las personas de participar en la elección. Al negar la participación en el proceso electoral, el régimen de Maduro continúa desmantelando la democracia en Venezuela y revela su poder autoritario”.

Y por si faltara poco, la propia embajada ha dictado la línea a los partidos opositores: “Apoyamos la decisión de los partidos de oposición de rechazar los términos del régimen para unas elecciones que no serían libres y justas”.

Si a esto le agregamos las posibles respuestas económicas que EE.UU comienza a estudiar a la iniciativa económico financiera de la criptomoneda “Petro” estaríamos en presencia de una verdadera zona de estrangulamiento.

Las implicaciones de un escenario electoral no competitivo son de tal alcance que desbordarían las meras consideraciones de legitimidad democrática y del juego de poder entre gobierno y oposición, y contemplarían escenarios económicos, diplomáticos y militares, si establecemos como criterio de análisis los más recientes temas de la agenda de “seguridad energética” del secretario de Estado de EE.UU Rex Tillerson y su estadía en Colombia.

El mes de abril pareciera ser un mes decisivo para el establecimiento de las correlaciones de fuerzas geopolíticas en el continente y Venezuela será el epicentro de la conjunción del choque de diversas placas o de fuerzas tectónicas.

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Por Gokai Moreno / Supuesto Negado