LA CUESTIÓN: ARCO MINERO

La compañía que recibió la concesión para la explotación minera en el Arco Minero del Orinoco, AMO, demandó a la nación. Todo aquí resumido.


El  Río Orinoco se extiende por más de 2.000 kilómetros entre Colombia y Venezuela. La enorme zona atravesada por el río y sus afluentes se conoce como Orinoquia, y es uno de los ecosistemas más importantes del mundo. En el seno de la Orinoquia está el Arco Minero, que abarca 111.000 kilómetros, 12 % del territorio nacional, un territorio lleno de enormes riquezas.

Los datos básicos

La zona denominada Arco Minero del Orinoco (AMO) fue definida y delimitada por Hugo Chávez, pero en 2009 él mismo tomó el control de las concesiones de Gold Reserve en el yacimiento Brisas del Cuyuní, con lo cual, en la práctica, se detuvo la actividad minera legal en esa zona.  En medio de una  caída de los precios del petróleo, que ha costado a la nación 40% de sus ingresos, el Gobierno y Gold Reserve resolvieron sus diferencias. El presidente Maduro indicó que tras “un pleito y un conflicto que teníamos, ahora somos socios para el ganar-ganar, para el desarrollo de un proyecto de más de 5.000 millones de dólares”. Además de Gold Reserve, otras 150 empresas de 35 países se acercaron al Gobierno para hacer negocios en el AMO tras la firma del Decreto 2.248, con el que fue creada la “Zona Estratégica Integral del Arco Minero del Orinoco” como parte del Motor Minero, uno de los 14 motores de la Agenda Económica Bolivariana.

Pero el marco jurídico de la explotación del AMO no inicia con ese decreto, sino con la  Ley para el Desarrollo Productivo Minero 2016-2018, aprobada el pasado 30 de diciembre de 2015 -días antes de que se instalara la nueva Asamblea Nacional- ley que reserva las actividades de exploración y explotación de minerales exclusivamente al Estado. Mediante la Gaceta Oficial del 10 de febrero de este año se decretó la creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Caminpeg) que se encargará de la exploración, producción y venta de hidrocarburos y minerales del país, y con la que se le otorga un enorme poder y discrecionalidad a la Fuerza Armada sobre los recursos mineros.

Entre las riquezas que se estima se encuentran dentro del AMO están:

Oro:

En la zona puede haber siete mil toneladas de oro,  valoradas en unos 280.000 millones de dólares.

Diamantes:

Se estima que se encuentren allí 33,8 millones de quilates de diamantes

Hierro:

Se espera encontrar 14.700 millones de toneladas de hierro.

Coltán:

A pesar de desconocerse cuál puede ser el nivel de las reservas de coltán, en 2010 el presidente Hugo Chávez  dijo que  equivalían  a 100 mil millones de dólares.

En  cuatro áreas se divide el  Arco Minero que se extiende entre el río Parguanza y la Sierra de Imataca. Actualmente el Gobierno ha entrado en la fase de certificación de las reservas con la firma del “Decreto para la Cuantificación y Certificación de las Reservas del Arco Minero del Orinoco” del 23 de febrero, con lo cual inicia el proceso de reincorporación de Venezuela en el Proceso de Certificación Kimberley, un sistema regulador que autoriza la comercialización legal de los diamantes.

El debate

El Decreto 2.248  ha sido criticado desde el punto de vista de los Derechos Humanos y laborales. Respecto a esto, la organización Provea ha denunciado que suspende las garantías en 12% del territorio nacional, socavando el derecho a la manifestación pacífica y a la huelga mediante disposiciones como: “los sujetos que ejecuten o promuevan  actuaciones materiales tendentes a la obstaculización de las operaciones totales o parciales de las actividades productivas (…) serán sancionados-” y “los organismos de seguridad de Estado llevarán a cabo las acciones inmediatas necesarias para salvaguardar el normal desenvolvimiento de las actividades”. También grupos ecologistas han criticado el Decreto 2.248  por “extractivista” y, sobre todo, por atentar contra el medio ambiente al permitir la minería a cielo abierto en gran escala.

Varios grupos de izquierda y personalidades ligadas al Gobierno de Hugo Chávez (Héctor Navarro, Ana Elisa Osorio y el General (R) Cliver Alcalá Cordones) introdujeron en mayo un recurso de nulidad ante el TSJ, el cual fue admitido por el Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en sentencia 177 del 21 de junio de 2016. Por su parte, la Asamblea Nacional el 14 de junio aprobó un Acuerdo en el cual se “rechaza y desconoce” el Decreto 2.248. Esto ha planteado una situación casi sin precedentes en los últimos 17 años, en la que no se enfrenta el Gobierno con la oposición, sino que el rechazo al decreto atraviesa todo el espectro político de derecha a izquierda, y de chavistas a antichavistas.

Ante esto, voceros del Gobierno y de Gold Reserve han respondido. Los últimos, asegurando que su método de separación del oro mediante piscinas de cianuro no afecta al medio ambiente, y los primeros, recordando que solo la explotación de oro dejaría al fisco sediento de recursos (285.000 millones de dólares). Nelson Merentes, presidente del Banco Central, ha asegurado que el desarrollo del AMO no solo impulsaría el desarrollo industrial, sino que llevaría la pequeña minería a “a un proceso de transformación de tal manera de que tengan mejores condiciones, más ganancia financieras y tengan un soporte social”. Respecto al problema ecológico, el 5 de junio fue creado el “Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico”  adscrito a la Vicepresidencia de Económica; el presidente Maduro nombró a Roberto Ignacio Mirabal Acosta como primer ministro de la nueva cartera: “Es uno de los más grandes expertos de la juventud venezolana en el desarrollo científico, ecológico, humanista y sustentable del Arco Minero del Orinoco”. El Presidente anunció, además, que el Instituto Nacional de Geología y Minería (Ingeomin) y Minerven serán parte del novel ministerio: “Venezuela va a iniciar un proceso de desarrollo acelerado con un concepto ecológico acompañado con las comunidades indígenas del oro, diamante, el cobre el coltán”.

Aunque la idea de la “minería ecológica” fue recibida con escepticismo y hasta burlas, el proceso de activación del AMO continúa mientras se espera la decisión del TSJ.

Supuesto Negado