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Lanzar decenas de cadáveres en un hueco gigante, fue la opción de militares y políticos ante la protesta popular.
Días después que El Gocho tomó por segunda vez la Presidencia de la República, se vivió en Venezuela una masacre sin precedentes, unos hablan de unos 300 muertos, pero ciertamente más de 4000 desaparecidos se contabilizan en el país, después del Caracazo.
Testigos del 27 de febrero de 1989, “el día en que bajaron los barrios”, cuentan cómo se llevaban los cadáveres en camiones, entre esos el Padre de la parroquia de Petare por ese entonces, Matías Camuña: “Eran containers llenos de muertos”, recuerda.
El toque de queda y la militarización del país se supone que detuvo la revuelta, pero en los días siguientes ya no sólo bastaba estar en la protesta para caer herido o muerto; asomarse en la ventana en un mal momento era suficiente, como le pasó a Wolfang Quintana, en el Guarataro, cuando una bala de Fal lo alcanzó a sus 20 años.
Después que entró a la morgue de Bello Monte, nunca más se supo de su paradero, su familia cree que es uno de los cadáveres encontrados en el sector La Peste, una fosa común del Cementerio General del Sur, donde se supone llevaron los desaparecidos de ese febrero y marzo del 89.
La Peste
El hallazgo, en 1990, de 130 cuerpos dentro de unas bolsas negras apenas enterrados en ese sector del cementerio, despertó más allá de una escena dantesca, la voluntad de un grupo de personas que buscaban a sus hijos, hermanos y esposos.
Camuña, el párroco, junto a un grupo de dolientes del Comité de Familiares Víctimas del Caracazo (Cofavic) montaron una carpa en La Peste (zona oeste del cementerio) en ese momento, para no permitir “que alguien le echara cal y enterrara la verdad que estaba siendo desenterrada”, dice. También fue el encargado de entregarle el cuerpo de Rubén Rojas, de la parroquia Sagrado Corazón, a su mamá, él era uno de los tres hombres que la medicina forense pudo reconocer en esa fosa común dos años después, junto a otros dos: José del Carmen Pirela, de 16 años y Antonio Guillén.
Cuando se descubrió ese “hueco enorme”, como lo describe Laura Prieto, “fue una experiencia de mucha muerte, pero al mismo tiempo de resurrección de la sociedad, de los jóvenes, de las madres”, sostiene Camuña. Caminaron en la oscuridad sin luz, tropezaban con partes de cuerpos, enfrentaron un olor pestilente en las noches, pero aun así ni los familiares que se autoconvocaron, ni el párroco, abandonaron la escena. Con ayuda de los estudiantes de la Facultad de Antropología de la UCV, contactaron dos técnicos de Argentina y uno de los Estados Unidos para realizar la identificación de los cuerpos.
Fueron casi dos años de custodia, los de Camuña y los familiares y las distintas organizaciones que se crearon en torno a esta matanza. Los logros más prominentes fueron la individualización de unos cuerpos, ya que el tiempo jugó en contra para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades puntuales. Lo que finalmente se convirtió en osamenta tenían claros indicios de ajusticiamientos con tiros en la cabeza, según aluden los primeros testigos, los familiares de los desaparecidos.
Incongruencias
Para 1990, fueron 130 los cadáveres encontrados, de los cuales sólo 68 se pudieron relacionar con el Caracazo. Una vez identificados los tres cuerpos en 1991, la investigación se paralizó y el resto, los 65, fueron colocados en nichos del mismo sector sin ser identificados.
La Fiscalía General de la República reabre el caso en 2009; en esta nueva exhumación, se encuentran 126 osamentas y 11 restos óseos, los números no coinciden con los 65 ya ubicados, además sólo se logra relacionar a 47 osamentas con el Caracazo.
La investigación queda a cargo de los organismos militares y los restos son llevados al Fuerte Tiuna, para unos laboratorios improvisados, ante lo cual Cofavic se manifiesta renuente por no considerarlo “objetivo”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó el 18 de septiembre, al Estado venezolano, “pleno acceso y capacidad de actuar” a los familiares en cada uno de los pasos del proceso de exhumación, lo cual fue desestimado, según los mismos coordinadores de la organización de los DDHH.
Hasta la fecha el Estado venezolano ha indemnizado a 600 familias, luego que en 1999 La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinara la responsabilidad del Estado en la violación de los derechos humanos y solicitara la indemnización, en ese momento de 44 familias que demandaron.
Responsabilidad
Los autores intelectuales de la mayor masacre vivida en el país durante su historia contemporánea, como así lo han calificado sociólogos e historiadores, son para los familiares y la sociedad nacional perfectamente identificables.
En 2013, la Fiscalía General de la República acusa a Virgilio Ávila Vivas, por su responsabilidad directa; en 2014 comenzó el juicio. Sus cargos: “Homicidio intencional, en grado de complicidad correspectiva, y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales, de acuerdo con lo previsto en el Código Penal vigente para el momento de los hechos”.
También han sido imputados el ex ministro de la Defensa, Ítalo del Valle Alliegro, el ex comandante de la PM, José Rafael León Orsoni, el ex segundo comandante de la PM, Luis Guillermo Fuentes Serra; y el jefe del comando regional 5º de la Guardia Nacional para la época, Freddy Ventura Maya Cardona, por presuntamente incurrir en los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía, en grado de complicidad necesaria, y quebrantamiento de pactos internacionales, válidamente suscritos por la República.
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Por Hilda Cepeda / Supuesto Negado
