¿Por qué demostrar ilegitimidad de Maduro el 10E no es tan fácil?

Los eventos políticos que se anticipan para el 10 de enero giran alrededor de uno de los conceptos medulares de la teoría y de la práctica política: la legitimidad del gobernante.

Como en aquel trabalenguas sobre Constantinopla, la jornada que se inicia el 10 de enero podría resumirse en que, según los voceros opositores, Nicolás Maduro está deslegitimado, pero falta por ver si ese sector político es capaz de transformar esa afirmación, bastante temeraria, en algo que se parezca a la realidad. El deslegitimador que lo deslegitime, buen deslegitimador será.

La oposición, o al menos la parte de ella que hace más bulla, pretende que esa fecha sea un punto de inflexión a partir del cual el cargo de presidente estaría vacante.

No es un empeño nada nuevo en la oposición. De hecho, los partidos que la integran y, sobre todo, los intelectuales y académicos antirrevolucionarios se pasaron los veintiún años que duró la trepidante carrera política de Hugo Chávez (1992-2013) tratando de demostrar que su poder, aunque adquirido y ratificado por vía electoral, siempre fue ilegítimo.

Argumentos contra Chávez

Alegaban, en primer lugar, que su irrupción en la escena política había sido mediante el deplorable método del golpe de Estado, aun cuando la tentativa resultara fallida y que luego el líder bolivariano haya entrado por el aro del sistema electoral.

Como quiera que ese argumento siempre fue débil (ya que su victoria de 1998 resultó incuestionable), los líderes opositores y politólogos usaron a menudo otra estrategia demostrativa de la ilegitimidad, al denunciar que si bien Chávez tenía una legitimidad de origen, no tenía una legitimidad de desempeño. Sostenían que al violentar el orden constitucional y conculcar los derechos ciudadanos (hechos que le atribuyeron siempre), un gobernante electo popularmente se convertía en ilegítimo.

Obviamente, ese predicamento nunca les funcionó, al punto de que la única vez que lograron sacar a Chávez del poder fue precisamente a través de un acto ilegítimo, en abril de 2002, mediante el cual se pretendió imponer al país un presidente que carecía incluso de la más mínima legitimidad de origen.

Los más refinados alegaron siempre que la legitimidad de Chávez, entendida -entre otras características- como la capacidad para lograr la obediencia popular, no se basaba en criterios racionales, sino en un liderazgo de orden carismático. Densos trabajos, con muchas citas de Max Weber, Jürgen Habermas y Giovani Sartori, sirvieron para sostener esta hipótesis.

Desde 2013, el debate es sobre Maduro

A partir de 2013, el presidente Maduro ha enfrentado una intensa campaña que, con diversas premisas, ha pretendido poner en tela de juicio su legitimidad.

En primer lugar, se alegó que no podía ser candidato en las elecciones presidenciales sobrevenidas tras la muerte de Chávez porque en ese entonces estaba en ejercicio de la Vicepresidencia Ejecutiva. El Tribunal Supremo de Justicia sentenció que sí podía. La decisión no aplacó del todo a los demandantes, quienes aseguraron que el TSJ también se hizo ilegítimo con ese fallo.

Tal vez el argumento más socorrido sobre presunta ilegitimidad en contra de Maduro haya sido, a lo largo de estos seis años, las versiones según las cuales nació en Colombia.

Este es uno de esos temas que nunca se da por zanjado, así que resurge de vez en cuando y es, para muchos, una especie de artículo de fe.

Cuando la oposición tomó el control de la Asamblea Nacional, en enero de 2016, los alegatos de ilegitimidad se multiplicaron. Incluso se asumió una tesis delirante: el supuesto abandono del cargo por parte de Maduro, de quien pueden decirse muchas cosas, pero es absurdo afirmar que alguna vez haya dejado su puesto sin atender.

La ANC legitimadora o deslegitimadora

Desde mayo de 2017, el foco de la discusión sobre legitimidad se ha puesto sobre la Asamblea Nacional Constituyente. Según la oposición, la convocatoria fue inconstitucional porque no se llamó a un referendo previo en el que se le habría preguntado al país si quería o no que se eligiera una Constituyente, tal como se hizo en 1999.

Una vez más, el TSJ dictaminó que la consulta previa no era necesaria. La oposición, volcada en ese momento a la violencia callejera, optó por no postular candidatos y declarar anticipadamente ilegítima la ANC. De allí en adelante, el papel del cuerpo deliberante supraconstitucional electo el 30 de julio de 2017 ha sido, para el Gobierno, el de una institución legitimadora de todo lo ocurrido en el campo político. Al mismo tiempo, para la oposición es la fuente de toda ilegitimidad. Según los voceros del antichavismo, todo lo que ha tocado la ANC es ilegítimo, con excepción de sus cuatro gobernaciones y de ciertas decisiones económicas que han favorecido al capital, como la derogación de la Ley del Régimen Cambiario.

Mismo argumento, pero recargado

Los cuestionamientos a la legitimidad de Maduro, de cara al 10 de enero, son los mismos que ya llevaron a la Asamblea Nacional a declarar vacante el cargo presidencial a mediados de 2018, solo que en este inicio de 2019 vendrán recargados por una larga campaña mediática.

El punto central es que las elecciones de mayo, convocadas por el Poder Constituyente, no fueron legales porque se adelantaron indebidamente y se realizaron sin las necesarias garantías de equidad y transparencia.

El Gobierno y el chavismo recuerdan, frente a estos señalamientos, que la fecha de las elecciones formó parte sustancial de las conversaciones políticas que se realizaron en Caracas y en República Dominicana, las cuales quedaron abruptamente cortadas por decisión unilateral de la oposición. Fue luego de la patada a la mesa de diálogo que la ANC resolvió fijar las elecciones para el 20 de mayo.

Cuando se analizan los argumentos opositores se observa, además, una descalificación de las elecciones en sí mismas debido a la elevada abstención, que fue la propuesta de la ex-MUD para sus militantes.

Sin embargo, este planteamiento se ve menoscabado por las cifras oficiales de participación emitidas por el Poder Electoral, y por el hecho de que tres candidatos presidenciales diferentes a Maduro se postularon para esos comicios.

El factor obediencia

Los estudiosos de la ciencia política afirman que, en última instancia, un gobernante es legítimo si cuenta con la obediencia no forzada de la población o al menos con una no manifestación expresa de la desobediencia.

Deslegitimar mediante desobediencia ha sido otra de las estrategias de larga data de la oposición venezolana. Desde el primer paro patronal en diciembre de 2001 hasta las guarimbas de 2017, los intentos de invocar la desobediencia de leyes, decretos o medidas específicas o la desobediencia absoluta al Gobierno y a todos los poderes del Estado han tenido múltiples expresiones.

Sin embargo, aún en los peores momentos, estas acciones de desobediencia han sido focalizadas.  Ninguna ha logrado abarcar suficiente masa crítica como para desarticular la Revolución.

El escenario de enero 2019 no parece ser el más propicio para fomentar una ola de desobediencia capaz de deslegitimar al Gobierno. Este, por el contrario, luce bastante estable, sobre todo si se le compara con otros momentos, mientras la oposición carece de la cohesión necesaria para intentar una acción de esa envergadura.

Consenso de élites

Más allá de la obediencia general, hay factores que abonan o restan a la legitimidad de un Gobierno. Uno de ellos es la existencia o no de cierto consenso de los factores decisores de la sociedad, como poderes fácticos y grupos de influencia. Tal era, dicho sea de paso,  la esencia del sistema político de Punto Fijo, basado en la conciliación de los intereses de las élites políticas, económicas, sindicales y religiosas.

Esas élites han intentado deslegitimar los Gobiernos revolucionarios desde 1999, hasta ahora sin éxito. En contrapartida, la Revolución ha intentado establecer formas menos elitistas de consenso, pero se ha enfrentado a una de dos distorsiones: o las élites anteriores han logrado mutar y enquistarse en las estructuras revolucionarias, o se han generado notorios vacíos.

Desconocer a una parte del pueblo

La postura de las organizaciones opositoras para el 10 de enero se basa en la convicción de que todos los poderes en ejercicio, incluido el constituyente, son ilegítimos. Según ese enfoque, solo la Asamblea Nacional, elegida en diciembre de 2015, tiene legitimidad y de ella deriva la que le atribuyen al Tribunal Supremo en el exilio, nombrado por el Parlamento y no reconocido por el TSJ real.

Al desconocer los resultados de las elecciones de la ANC, gobernadores (aunque hay cuatro mandatarios regionales opositores), alcaldes, concejales, diputados a los consejos legislativos y presidencia de la República, se desconoce también a quienes participaron en ellas como candidatos y a la porción de la población que votó.

En sus declaraciones suelen afirmar que Maduro es ilegítimo porque el pueblo lo desconoció, lo que da a entender que quienes acudieron a los centros de votación el 20 de mayo serían una especie de infraciudadanos, mientras los no votantes conformarían el pueblo legítimo.

Las fuentes externas de la legitimidad

La posición de los grupos antirrevolucionarios se apoya en un concepto de la legitimidad signado por los modelos de democracia liberal aceptados internacionalmente y validados por otros Gobiernos y por entes multilaterales.

La gran fuente de legitimidad sería un consenso de las élites mundiales, encabezadas por el Gobierno de Estados Unidos, países de la Unión Europea y de América Latina y organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial

En teoría, el Gobierno que asumiría el poder luego de declarar ilegítimo a Maduro estaría encabezado por el diputado que sea electo el próximo 5 de enero por las distintas fracciones de la oposición como presidente de la Asamblea Nacional. Se estima que será uno de los integrantes de la bancada de Voluntad Popular. Esta persona, de acuerdo a la jugada que está en desarrollo, tendría más legitimidad que Maduro, electo por más de seis millones de electores, porque gozaría del respaldo de la llamada comunidad internacional.

¿Podrá aspirar a tener consentimiento popular, obediencia sin coacción y efectividad en las decisiones que tome?

Es una apuesta complicada, pues la antirrevolución no solo tiene que imponer su tesis de que Maduro es ilegítimo, sino también la de que su Gobierno de transición sí será muy legítimo. Al gran deslegitimador le tocará también legitimarse.

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Por Clodovaldo Hernández / Supuesto Negado