Claves para entender la legitimidad de Maduro (y la de cualquier otro presidente)

Legitimidad

El 10 de enero, inicio del nuevo gobierno de Nicolás Maduro, se acerca inexorable. Y lo que hace importante a esta fecha es la legitimidad.

Se dice que Maduro perdería la legitimidad de origen tras esa fecha. La perdería y todo se desmoronaría como en la película de los Avengers cuando Thanos chasqueó los dedos.

¿Cómo es eso?, ¿Qué es la legitimidad de origen y por qué la gente cree que perderla puede hacer caer a un Gobierno?

Legal y legítimo

Los gobiernos son entidades muy poderosas. No solo tienen poderes que afectan la vida cotidiana (pueden devaluar la moneda, subir impuestos prohibir cosas o hacerlas obligatorias) sino que tienen el derecho de sacar armas y apuntarlas en la cara de la gente. De hecho tiene el derecho de movilizar miles de hombres con armas automáticas.

Si se trata solo de poder crudo: ¿qué es lo que diferencia a un Gobierno democrático de una tiranía y a un Estado de derecho de un vulgar pranato?; ¿qué diferencia a un policía o un soldado de un pistolero o un malandro?; ¿qué distingue a Putin, Trump, Maduro, Duque o Bolsonaro de Pinochet o Idi Amín?; ¿qué nos permite saber si sus acciones son justas y sus decisiones no son arbitrarias?; ¿qué les da el derecho de mandar a miles de tipos con armas de fuego a la calle?

Pues dos cosas que, aunque no se pueden tocar, son bien reales: la legitimidad y la legalidad.

El término legitimidad aplica a cualquier acción justa de un sujeto de derecho: un padre puede, legítimamente, prohibirle a su hijo menor de edad salir a la calle. Significa que una acción no es arbitraria.

Oye ¿pero eso no es lo mismo que legalidad?

Legal es lo conforme a la ley. Así que en primera instancia legalidad y legitimidad son casi lo mismo pero lo legítimo va un poco más allá de lo legal: es cualquier cosa justa o verdadera.

Así, es legal que un padre no deje salir al hijo adolescente la calle pero no es legítimo que le impida tener amigos y una vida social. Se puede decir que la legitimidad incluye a la legalidad pero la sobrepasa.

Legalidad + Consenso = Legitimidad

Esta diferencia entre legitimidad y legalidad se pone particularmente espinosa cuando se trata del poder político.

En ese contexto legitimidad es, en primer lugar, la capacidad de un poder para obtener obediencia sin necesidad de recurrir a la coacción, a la amenaza de la fuerza.

Y en segundo lugar, si la coacción llega a ser necesaria entonces, en un gobierno legítimo, no será tiranía, malandreo, sino “fuerza de ley”. Violencia legítima como cuando la fuerza pública apresa a un asesino.

Entonces la legitimidad requiere, de entrada, la legalidad pero también algo más: un consenso o aceptación general que no solo quiere decir que la mayoría apoye al Gobierno sino que se acepta su autoridad, que se reconoce que es más que un hecho de fuerza.

En todo caso la legitimidad de cualquier tipo se subdivide en formal y material. La formal es el correcto proceder respecto a las leyes. No se distingue de la legalidad.

En el caso de los gobiernos a esto se le llama legitimidad de ejercicio que es cuando el mandatario se ajusta a derecho y se atiene a la Constitución.

La legitimidad material de las leyes y actos de gobierno ya es otra cosa: es el consenso o reconocimiento del pueblo, del soberano. Esta se da directamente votando o, indirectamente, a través de representantes debidamente electos.

En el caso de los gobiernos a esta legitimidad material le decimos legitimidad de origen y en los sistemas democráticos proviene de las elecciones libres y secretas.

Esta es la que, según la oposición local y muchos factores externos, el Gobierno venezolano perderá el 10 de enero.

La apuesta de Maduro

Según estos factores las elecciones de abril no serían legales porque el CNE no es neutral, por el adelanto de fecha y porque estaban inhabilitados los candidatos de oposición más competitivos y también muchos partidos.

Así que, según esto, no habría legitimidad formal en ese evento electoral.

Y luego, debido a los niveles de abstención, y al carácter poco competitivo la elección tampoco tendría legitimidad material: al gobierno ni lo apoyan la mayoría de los venezolanos ni los venezolanos reconocieron las elecciones.

Solo participó el 46% del registro electoral y entre abstenciones y votos en contra el 70% no votó por Maduro.

Y el gobierno de Maduro, quien habría perdido la legitimidad de ejercicio desde hace mucho, ahora habría perdido también la de origen dado que las elecciones ni son legales ni fueron aceptadas por la mayoría.

Esa es la versión de la oposición. Así, queda servida la trama del 10 de enero.

Todo esto fue producto de la arriesgada apuesta del presidente al adelantar las elecciones: tal vez creía que la situación a fin de año sería muy difícil y vio la elección como un estabilizador de la situación política. Tal vez quería consolidar su liderazgo. No importa, lo que importa son sus resultados.

Pero el hecho es que la apuesta de mayo era muy alta: sin elecciones primarias, con un partido es que las autoridades fueron ratificadas mecánicamente era difícil producir mayorías o consenso en un país cada vez más harto de la política y sus dirigentes.

Corría –y corre– el riesgo de que la reelección sea un regalo envenado como la manzana de Blanca Nieves.

Y la operación de relegitimación constante iniciada desde 1999, incluso a través de las tormentas del golpe y el paro, que garantizó un mínimo de abstención y un máximo de apoyo parece haber quedado rota.

Pero ¿eso quiere decir que el gobierno no tiene legitimidad de origen?

Ni más ni menos

La verdad es que, en el peor de los casos, el gobierno Venezolano pasaría a ser como la mayoría de los del continente: elegido por una minoría de los ciudadanos.

Dejaría de ser una excepción y pasaría a ser parte de la norma. En efecto, una abstención del 54%, como la que se dio en mayo, es una ocurrencia común en América Latina y otras partes del mundo.

Por otro lado las elecciones no se dieron después del final del periodo presidencial sino antes. Y, si el CNE fuese chavista, pues nadie ha demostrado que en este o en procesos anteriores se le hayan robado votos a la oposición.

De hecho la diferencia entre la vergonzosa derrota de Falcón en 2018 y la aplastante victoria de la MUD en diciembre de 2015 fue, simplemente, el performance de la oposición.

Es verdad que, así como la ausencia de Lula en las presidenciales brasileñas cambió por completo el resultado, la de López y Capriles sí afecta el de las venezolanas así su exclusión sea legítima. Es cierto que Falcón es mucho menos popular que esos dos.

Pero ese no es el problema. Si el sacar al gobierno de Maduro es la primera, segunda y tercera prioridad de la oposición ¿Qué evitaba usar a Falcón o Bertucci como vehículos de descontento, voto castigo y ruptura tal como se hizo con la MUD en 2015?

Al fin y al cabo alguien tan poco carismático como Ramos Allup fue muy popular por meses gracias a las expectativas de que podía traer un cambio. Nada evitaba usar a Falcón o Bertucci de la misma manera. En todo caso nada que tenga que ver con el gobierno.

Fue el canibalismo político, la interminable “conspiranoia”, el putchismo, la emigración y, en general, el desencanto con los políticos y la falta de esperanzas los que terminaron de desinflar las débiles campañas de Falcón y Bertucci.

El desencanto de la mayoría y el odio, el inmenso odio del Twitter fue el que les consumió. No Lucena, no Maduro.

Autosuicidios

Así, fue esencialmente fue el fracaso de la MUD el que desperdició el enorme capital que acumularon en 2015. A punta de promesas exageradas, cortoplacismo, disparates y confusión fracasaron.

Luego, en las inmensas movilizaciones de 2017, cuando antichavistas y descontentos les dieron otro voto de confianza no supieron qué hacer cuando la presión no dio resultados inmediatos, se lanzaron por el camino del paro, del cierre de calles y la violencia tumultuaria. Evacuaron de las calles a su propia gente que pasaron a estar ocupadas por guarimberos. Y todo terminó igual que en 2002, 2007 y 2014.

El fracaso de Falcón y Bertucci no solo expresa el del antichavismo sino el de hacer una oposición que fuera más allá de ese antichavismo que siempre fracasa.

Más el chavismo corre el riesgo de cometer otro autosuicidio aunque diferente. Las alianzas con China, Rusia y Turquía garantizan que todo no se derrumbará como un castillo de naipes el 11 o el 12 de enero.

Hay muchos gobiernos en el mundo que perviven con el reconocimiento de solo sus aliados fundamentales (en qué condiciones es otro tema). Pero manejar mal la situación que iniciará entonces (desconocimientos de otros gobiernos, etc.) puede aislar más al país de lo necesario.

Por otro lado, a nivel interno, el desconocer el problema de disminución de la legitimidad, del descontento y la aversión de la gente a la política y los políticos no puede traer nada bueno.

Desde el punto de vista de la legalidad es claro que la constituyente no puede funcionar por tiempo indefinido, que tiene que cerrar su ciclo y tiene que restablecerse la normalidad en algún momento, cosa que ayudaría en el frente internacional.

Desde el punto de vista de la legitimidad, resignarse a que con el apoyo de ese 30 % del electorado que siempre votará por el chavismo implica darle la espalda al otro 70 % y renunciar a reconstruir la hegemonía que el chavismo tuvo hasta 2013 y apostarlo todo a que la oposición siempre funcione mal.

Y eso no parece la mejor apuesta. ¿O sí?

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Por Fabio Zuluaga / Supuesto Negado