Linchamientos y otras formas de violencia son sellos característicos de las protestas de la derecha

Las imágenes han recorrido el mundo: los manifestantes bolivianos secuestraron a la alcaldesa Patricia Arce, de Vinto, Cochabamba, y luego de maltratarla, trasquilar su cabello y bañarla en pintura roja, la obligaron a caminar descalza en medio de una turba. Previamente, unas señoronas habían conminado a una mujer de rasgos indígenas a ponerse de rodillas y pedirles perdón por haber emitido su voto a favor de Evo Morales.

Por los comentarios que abundan en las redes, no son pocos quienes consideran que se trata de acciones legítimas, plausibles expresiones de una sociedad civil indignada.

No es una cuestión exclusiva de países latinoamericanos. En Hong Kong han sido innumerables las agresiones de hordas de manifestantes antichinos contra individuos, en ocasiones por el simple hecho de no participar en las protestas o de no recibir una hoja volante.

Luce como una marca de fábrica de las manifestaciones de grupos de derecha a escala mundial. El punto de partida parece ser el manual de Gene Sharp para derrocar gobiernos mediante golpes suaves. Solo que todas esas propuestas se basan teóricamente en la no violencia, mientras las acciones descritas son altamente agresivas e, incluso, criminales. Tal parece que se ha tornado bastante corta la distancia que existe entre las recetas de Sharp y estas muestras de barbarie solo comparables con los peores momentos de la historia de la persecución de siglos pasados, entre los cuales cabría mencionar las cacerías de brujas del Medievo, las quemas y linchamientos del Ku Klux Klan, los pogromos de la Rusia zarista o los genocidios de Ruanda y Burundi.

Los líderes de los llamados golpes suaves, diseñados por el politólogo estadounidense (fallecido en enero de 2018) y adoptados como fórmula de la llamada Primavera Árabe y de los movimientos contra Gobiernos de izquierda en América Latina se ufanaban de ser no violentos, de utilizar mecanismos de resistencia ciudadana muy cercanos a los de Mahatma Gandhi. Pero la verdad es que casi todos ellos degeneraron, en mayor o menor medida, hacia las formas más terribles de atropello, ensañamiento, crueldad, coacción y agresión, ya no solo hacia los funcionarios del Estado al que se combatían sino también hacia cualquier particular que fuera –o que los integrantes de una turba presumieran que fuese– militante de la causa contraria.

Este tipo de degradación ha ocurrido prácticamente en todos los lugares donde estas nuevas tácticas de la derecha proestadounidense se han puesto en práctica. Sin embargo, esas desviaciones se han mantenido ocultas porque una de las claves de estas revoluciones de colores y golpes suaves es que cuentan con buena prensa, los medios de comunicación de la gran maquinaria capitalista los respaldan sin restricciones. Pero es evidente que en algunos casos, los países en los que los grupos de supuestos ciudadanos indignados han empezado con vigilias o lanzando avioncitos de papel por las ventanas, han terminado luego enfrascados en guerras civiles de diversa intensidad o han dado paso a invasiones extranjeras. Así ocurrió en Libia y también en Siria.

La guarimba como “aporte”

En el escenario latinoamericano, la oposición de ultraderecha venezolana ha hecho unos “aportes” (si se les puede llamar así) significativos a la deriva violenta del método Sharp. Son varios los inventos que han abonado este terreno.

El primero de ellos es el de la guarimba que se presentó como un mecanismo pacífico mediante el cual los vecinos trancan una calle y luego, cuando se presentan las fuerzas del orden, abandonan el lugar público y se refugian en sus casas.

Es posible que en algunos vecindarios eso se haya practicado de esa forma, pero en gran parte de los casos, el extravío fue de grandes proporciones. La guarimba terminó siendo tranca permanente de calles, quema de basura y, por tanto, contaminación del aire, cobro de peaje a quienes tuvieran que atravesar por las zonas tomadas, agresiones verbales y físicas contra los propios vecinos y hasta asesinatos de funcionarios policiales y militares o de ciudadanos civiles que intentaron despejar las vías.

La incorporación de francotiradores convirtió a las supuestas guarimbas (una palabra que viene del juego infantil venezolano conocido como la Ere) en una modalidad criminal.

Los datos de estos hechos están bien registrados. Solo como ejemplo se pueden mencionar algunos casos, como el del capitán de la Guardia Nacional Bolivariana Ramzor Bracho Bravo, muerto en Valencia mientras auxiliaba a un subalterno herido cuando ambos procuraban quitar los obstáculos de una guarimba, el 12 de marzo de 2014.

Algo parecido ocurrió con el funcionario de la Policía Nacional Bolivariana Jorge Esteban Colina Tovar, el 8 de mayo de 2014 en una calle de Los Palos Grandes. Un tirador oculto en uno de los edificios de la zona, haciendo alarde de gran puntería, le acertó en el cuello, eludiendo la protección del chaleco y del casco antibalas. Otros dos policías fueron heridos en ese mismo hecho que, por cierto, quedó impune.

Los civiles no se han salvado de estas perversiones de un método supuestamente cívico. La intérprete de lengua de señas de Venevisión Adriana Urquiola fue asesinada también por un gatillo alegre en la urbanización Los Nuevos Teques, de la capital mirandina, en ese fatídico marzo de 2014. Fue un homicidio por partida doble, pues Urquiola tenía cinco meses de embarazo. El autor de los disparos, de nombre Yonny Bolívar, huyó del país pero fue capturado en Colombia, extraditado y condenado a 27 años de presidio.

Los opositores venezolanos implantaron también la idea de emitir salvoconductos para permitir la circulación de sus propios vecinos en las zonas tomadas. A las personas también se les intimidó para que se pronunciaran políticamente y participaran en las trancas. A muchos se les impidió circular a pesar de que se dirigían a centros de salud para recibir tratamientos.

La táctica del cierre coercitivo de vías, con pago de peaje, uso de salvoconductos y vigilancia armada fue adoptado por los manifestantes antisandinistas de Nicaragua en 2018 y es actualmente una situación recurrente en las localidades de Bolivia bajo control de la ultraderecha.

Las bazucas plásticas y sus víctimas

Otro de los terribles “aportes” de la oposición venezolana al catálogo de Sharp sobre golpes suaves son las armas de fabricación artesanal que se hicieron parte del paisaje de los cuatro meses de protestas violentas de 2017. Se trataba de tubos de PVC destinados a dirigir cohetes explosivos (fuegos artificiales) como proyectiles contra los efectivos antimotines.

Varios de los jóvenes fallecidos o severamente lastimados en esos disturbios fueron víctimas del estallido de esos artefactos en sus propias manos. Un caso emblemático fue el de Neomar Lander, un adolescente que manipulaba un mortero artesanal que explotó sobre su cuerpo causándole un daño catastrófico en el tórax.

En julio de 2017, otro militante opositor, Engelberth Duque, de 25 años, falleció por las mismas causas en Táriba, estado Táchira.

En las manifestaciones violentas ya referidas de Nicaragua y Bolivia se han visto aparecer estos morteros, lo que por cierto no ha ocurrido en Ecuador, Haití o Chile. Todo indica que es otro sello distintivo de las protestas patrocinadas por la CIA.

Linchamientos morales y reales

Una técnica favorita de los grupos de la ultraderecha es la del linchamiento, que comienza por ser moral, pero algunas veces finaliza en la eliminación física del adversario o de alguien que se le asemeja.

En los disturbios de 2017 se hicieron frecuentes los llamados “escraches” que apuntaron a funcionarios públicos y a sus familiares tanto en el territorio venezolano como en el exterior. Se traspasó todo límite, al punto de que en varias ocasiones, muchedumbres enardecidas atacaron a personas que “se parecían” a personajes del Gobierno.

La degradación total llegó cuando se produjeron linchamientos reales contra ciudadanos que en mala hora se encontraban en los lugares de las turbamultas. Tal fue el caso del militar retirado Danny Subero y de Orlando Figuera. El primero fue asesinado a golpes, luego de ser acusado de infiltrado y sufrir diversas vejaciones en Barquisimeto. El segundo fue quemado vivo por manifestantes en Altamira por parecer chavista, según algunas versiones y por robar un celular, de acuerdo con otras. El caso de este último ha retomado notoriedad en los últimos días porque el presunto asesino, Enzo Franchini, quien estaba detenido en España y se esperaba su extradición, fue dejado en libertad por una jueza ibérica.

Otra buena cantidad de los muertos de esos cuatro meses fueron producto de este tipo de acciones. También “se puso de moda” capturar a funcionarios policiales o militares o civiles identificados como chavistas, despojarlos de sus ropas y atarlos a postes en la vía pública.

Estas denigrantes prácticas fueron copiadas al carbón por la derecha nicaragüense en 2018 y lo están siendo ahora por los radicales bolivianos. El castigo a la empleada doméstica y las humillaciones a la alcaldesa son muestras de ello.

Drenar la arrechera

Otro de los puntos en los que la derecha venezolana ha “enriquecido” el manual de Sharp es en el de las protestas poselectorales sin argumentos sólidos. En este sentido, el precedente data de 2004, cuando la coalición opositora Coordinadora Democrática denunció que había sido víctima de un fraude en el referendo revocatorio presidencial. Aseguró que presentaría pruebas al día siguientes, pero nunca lo hizo. En esa ocasión, por fortuna, la irresponsable acusación no derivó en violencia.

En cambio, en 2013, tras la victoria de Nicolás Maduro por más de 200 mil votos, el candidato perdedor, Henrique Capriles Radonski, convocó a sus seguidores a “drenar la arrechera”, tras lo cual se produjeron hechos cruentos que costaron la vida a 13 personas, incluyendo varios niños.

Este año, la oposición venezolana se anotó con otra contribución a los supuestos golpes suaves: los ultimátum. El autoproclamado presidente encargado Juan Guaidó ha puesto varias veces plazos al presidente Nicolás Maduro para que deje el cargo. En eso ha sido secundado por los funcionarios estadounidenses que asumieron la tesis del “cambio de régimen”. Esos plazos finales siempre están asociados a una anunciada megamanifestación de la sociedad civil que en el caso venezolano no ha cristalizado.

La modalidad de catarsis posvotación fue asumida por la derecha boliviana, a pesar de que el triunfo de Evo Morales fue aún más contundente que el de Maduro en 2013, superior a 10 puntos porcentuales y a 600 mil votos. El derrotado, Carlos Mesa, hizo una denuncia idéntica a la de la Coordinadora venezolana de 2004, y luego, al ser conminado a presentar los indicios del presunto fraude, cambió el discurso por el de una caprichosa exigencia de que se repitan las elecciones. La dirigencia anti-Evo, que tiene un fuerte componente racial, imitó a Capriles al convocar a manifestaciones violentas desde la misma noche del día de las elecciones, cuando se produjeron quemas de centros electorales y casas del partido de Gobierno, Movimiento al Socialismo.

Por su parte, otro dirigente opositor del altiplano, Luis Fernando Camacho, optó por copiar la táctica del ultimátum, al darle a Morales 48 horas para renunciar o atenerse a las consecuencias, también con la amenaza de las supermarchas.

El odio legitimado

El manual de Sharp ampliado por la oposición venezolana y latinoamericana apunta directamente a legitimar el odio y declarar válida la eliminación del adversario. Dramáticamente, la prensa antirrevolucionaria, sectores académicos y de la intelectualidad se suman a ese empeño.

Un ejemplo de ello fue la convocatoria hecha por Tulio Álvarez, alias “el Sociólogo del matero” a combatir las marchas del chavismo con todos los recursos que se tuvieran al alcance. “Se vale hasta materos”, escribió en su cuenta Twitter. Al día siguiente, el 19 de abril de 2017, un vecino acicateado por esas palabras, arrojó una botella llena de agua congelada hacia el grupo de personas que marchaba cerca de su edificio. La mala suerte quiso que el objeto contundente diera en la cabeza de la enfermera Almelina Carrillo, quien falleció a los pocos días por fractura de cráneo. Por el crimen fue imputado el abogado Jesús Albi Zambito. El sociólogo huyó del país y ahora actúa como exiliado político.

En Bolivia, especialmente en los enclaves del oposicionismo radical, han florecido también estos llamados a darle rienda suelta al odio contra quienes participen en actividades de apoyo al Gobierno de Morales. En muchos de estos lugares es de alto riesgo simplemente circular si se tienen rasgos indígenas o nacionalidad venezolana o cubana.

Por Clodovaldo Hernández/ Supuesto Negado