Lo necesario para caer en traición a la patria en redes

A un mes de la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino, el delito de traición a la patria salió de los muros del hemiciclo y campea por las redes sociales como “Pedro por su casa”, tanto entre los políticos opositores como entre sus seguidores que ven a Trump y a su aparato militar como una especie de “Liga de la Justicia” que liberará al país de la “pesadilla chavista”.

Aunque no ha concretado ninguna acción, el Estado ha permanecido atento con los cabecillas del golpe en marcha. La Asamblea Nacional Constituyente aprobó el pasado mes de enero un decreto por unanimidad en el que exige a los demás poderes públicos tratar como “traidores a la patria” y sancionar a los venezolanos que respaldaron la declaración aquella del Grupo de Lima, que vulneraba la soberanía territorial.

El autoproclamado Juan Guaidó, que desde el sábado 24 de febrero se encuentra en Colombia –pese a su prohibición de salida del país– tiene abierta una investigación interpuesta por el fiscal general Tareck William Saab ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Este sería el primer paso para la eventual apertura de un antejuicio de mérito para retirarle la inmunidad parlamentaria y procesarlo por el delito de traición a la patria.

La traición a la patria viola los derechos de la nación fijados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que señala en su primer apartado que la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional son derechos irrenunciables del país.

Sin embargo, muchos ciudadanos aparentan desconocer este delito y publican verdaderas “joyas” que harían las delicias de cualquier abogado penalista con un mínimo de sentido patriótico. Para la muestra un botón:

Nuestra Constitución consagra el derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, también existe el principio de la responsabilidad ulterior. Es decir, que si lo que expresamos incurre en una violación de nuestro ordenamiento legal debemos hacernos responsables de las consecuencias. ¿Sabrán los que participan en #GuaidoAutorizaIntervencionYa que se arriesgan a pasar desde ocho a veintiséis años tras las rejas? Tanto el artículo 129 como el 132 del Código Penal son contundentes:

Artículo 129: “El que dentro o fuera de Venezuela, sin complicidad con otra Nación, atente por sí solo contra la independencia o la integridad del espacio geográfico de la República, será castigado con la pena de presidio de veinte a veintiséis años. Con la misma pena será castigado quien solicite, gestione o impetre, en cualquier forma, la intervención de un Gobierno extranjero para derrocar al gobierno venezolano”.

Artículo 132: “Cualquiera que, dentro o fuera del territorio nacional, conspire para destruir la forma política republicana que se ha dado la Nación, será castigado con presidio de ocho a dieciséis años. En la misma pena incurrirá el venezolano que solicitare la intervención extranjera en los asuntos de la política interior de Venezuela, o pidiere su concurso para trastornar la paz de la República o que ante sus funcionarios, o por publicaciones hechas en la prensa extranjera, incitare a la guerra civil en la República o difamare a su Presidente o ultrajare al representante diplomático o a los funcionarios consulares de Venezuela, por razón de sus funciones, en el país donde se cometiere el hecho”.

¿Qué pasará con quienes apoyan en las redes sociales el movimiento golpista encabezado por EE.UU.? La justicia venezolana se rige por el principio de “si no hay denuncia formal, no hay delito”, por lo que abrirle un proceso a cada uno de los cientos de opositores que pudiesen estar cometiendo el delito de traición a la patria a través de sus publicaciones en las redes sociales se vuelve una tarea titánica. Es más sencillo procesar a sus líderes políticos cuyos post y acciones les sirven de inspiración, así cuando vean las barbas de su vecino arder, pondrán las suyas en remojo.

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Por Manuela Díaz / Supuesto Negado