¿QUÉ PASARÁ EL 3 DE NOVIEMBRE EN VENEZUELA?

El analista Gokai Moreno razona lo que pasará este jueves de crispación y sobresalto: Venezuela, ¿clima mediático?, ¿campo de batalla?


Si uno cree, a pie juntilla, en los climas mediáticos de opinión sobre las dos semanas que están transcurriendo en Venezuela desde el 23 de octubre hasta llegar al 3 de noviembre, tendrá la sensación de que se acerca el desenlace de un infernal “campo de batalla”. Pero todo esto es una farsa. Se trata de una fábula laboriosamente manufacturada. En las calles, los venezolanos y venezolanas no quieren verse envueltos en una agenda de “guerra intestina” que no soluciona ninguno de los problemas que aquejan su vida cotidiana: ni el desabastecimiento inducido de alimentos y medicinas, ni la inseguridad (particularmente incisiva en los estados y municipios controlados por la oposición), ni la inflación, ni la especulación cambiaria, ni la tácita “huelga de inversiones” (justificada por los empresarios como una “reacción natural” y bajo el pretexto de un “clima de negocios negativo”), ni un ambiente emocional de desesperanza y malestar cultivado largamente en estos tres últimos años, por un sistema de medios privados y redes sociales que azuzan el imaginario de la “Batalla Final” en Miraflores, tal como ocurrió en el Carmonazo y golpe de Estado de abril del año 2002.

Para completar tal cuadro recreado con “metáforas de guerra”, la Asamblea Nacional opositora ha decidido intensificar el antagonismo en el tablero del “conflicto de poderes”, con un “acuerdo político” que construye, con total desparpajo, la premisa de la “restitución del orden constitucional” y el consecuente “juicio político” al Presidente de la Republica, subterfugio completamente inexistente en el ordenamiento constitucional venezolano, empleando hábilmente las tácticas de manipulación de percepciones como componentes centrales de las nuevas operaciones psicológicas de los “golpes blandos” transcurridos en Honduras, Paraguay y, más recientemente, Brasil. Ya decía el Libertador Simón Bolívar en su Discurso de Angostura (15 de febrero de 1819): “Por el engaño se nos ha dominado más que por la fuerza; y por el vicio se nos ha degradado más bien que por la superstición».

Venezuela se ha convertido hoy en un nuevo laboratorio de ingeniería política de los tanques pensantes y operadores imperiales de las “transiciones democráticas” y los “cambios de régimen”. Cualquier analista racional que leyera tal acuerdo de la Asamblea Nacional opositora, sin pasar por el atolondramiento emocional de los imaginarios mediáticos de las guerras de cuarta generación, llegaría a la conclusión de que se trata de un completo sin-sentido. Veamos por qué.

En primer lugar, porque no existe ninguna ruptura del hilo constitucional, por el hecho de que órganos del Poder Judicial y Electoral actúen subsanando las irregularidades e ilícitos cometidos por la oposición en su intención de activar la recolección de firmas para la realización del referendo revocatorio en el año 2016, de acuerdo a las normas establecidas en la Constitución, leyes y reglamentos. En realidad, la oposición solicitó tardíamente la activación del revocatorio, y los cronogramas técnicos del órgano electoral han informado que ante tal hecho la posibilidad de realizarlo sería sólo probable para el primer semestre del año 2017.

En segundo lugar, la Asamblea Nacional opositora ha actuado en flagrante desacato a las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, desafiando las decisiones de las salas Electoral y Constitucional, intentando justificar tal acción, apelando a la insostenible premisa de una “irregular y fraudulenta” designación en el año 2015.

En tercer lugar, la Asamblea Nacional opositora levanta el subterfugio de la doble nacionalidad del presidente Maduro, aunque los órganos del Poder Público de Colombia envíen, de manera reiterada, comunicaciones oficiales señalando, literalmente, que “no se encontró información relacionada, ni registro civil de nacimiento, ni cédula de ciudadanía que permita inferir que el presidente Nicolas Maduro Moros sea un nacional colombiano”. Es decir, que el Registrador Nacional de Colombia, que el Presidente del Congreso y que la propia Cancillería Colombiana han negado, reiteradamente, tal acusación de la oposición venezolana, pero ésta se hace de la vista gorda ante las contundentes comunicaciones del vecino país.

En cuarto lugar, la Asamblea Nacional opositora chantajea a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana acusándola de “obediencia debida” en la violación de derechos humanos y de llevarla a la Corte Penal Internacional, anticipándose de manera alevosa a posibles acciones de restitución del orden público interno, motivados por su agenda de confrontación violenta de calle, así como, neutralizando acciones de defensa de la soberanía nacional ante cualquier intento de injerencia extranjera y desestabilización, manipulando flagrantemente el artículo 333 de la Constitución Nacional.

Así mismo, y atribuyéndose competencias inexistentes, la Asamblea Nacional opositora exige “a la Fuerza Armada Nacional no obedecer ni ejecutar ningún acto o decisión que sean contrario a los principios constitucionales”, elemento clave que permite interpretar una clara incitación a la desobediencia y a la rebelión militar.

En síntesis, el “carmonazo parlamentario” de la AN abre un nuevo capítulo de “golpe de mecha lenta” denunciado por el comandante Chávez, como estrategia permanente de desestabilización. Lo que en realidad ha ocurrido es la pretensión de legitimar una aplanadora al Poder Ejecutivo, Judicial y Electoral. Es decir, técnicamente decretaron un golpe de Estado y la supresión de los cargos representantes de tres poderes del Estado. Pero, ¿puede un Poder acordar la ruptura del orden constitucional y disolver todos los demás poderes en simultáneo?

No. En Venezuela, la Constitución Bolivariana de 1999 hace que esto sea legalmente imposible, el sistema parlamentario no permite que este Poder rija el funcionamiento del Poder Ejecutivo y el Judicial. Tampoco existe la figura del “juicio político”. No aparece en ninguna de las atribuciones de la AN reseñadas en el artículo 187 de la Constitución. Ni siquiera una interpretación amplia del artículo 222 sobre la figura de “declaración de responsabilidad política” de funcionarios públicos, permite que la AN haga un juicio político, pues, se requiere “solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones a las que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad”.

Es decir, que para que la AN haga una acción contra el Ejecutivo nacional, depende de decisiones del Poder Ciudadano integrado en la Constitución en el artículo 273 (Defensor del Pueblo, Contralor General de la República y Fiscal General de la República en pleno) y, aún en esas circunstancias, el TSJ tiene la última palabra, como dice el artículo 266 en el numeral 2, donde se leen como atribución del TSJ: “Declarar si hay o no, mérito para el enjuiciamiento del Presidente o Presidenta de la República”.

Por esta razón, el acuerdo de la AN opositora es un sinsentido, y su utilización para atizar la movilización del día 3 de noviembre resulta ser solo un panfleto de un intento de golpe de Estado, que no solo el pueblo bolivariano rechazará, sino también todo un segmento de pueblo opositor que ya está cansado de tanto engaño continuado por la dirigencia de la MUD, que además de dividida, va perdiendo argumentos en su lucha por plantear un proyecto alternativo viable para la sociedad venezolana.