Perú: ¿Del fujimorazo al vizcarrazo?

En Perú ya se ha hecho costumbre que los presidentes terminen entre rejas o huyendo. Por eso es que las confrontaciones políticas giran en torno al control del Poder Judicial. Quien maneje a los jueces puede, a la larga, quitar y poner presidentes, ministros, parlamentarios y demás funcionarios.

El actual conflicto entre los poderes Ejecutivo y Legislativo del país suramericano es, en realidad, por el tercer poder del clásico triángulo, el Judicial. En Perú se ha instaurado de un modo extremo la judicialización de la política y bajo esas reglas es que se juega el capítulo que actualmente está en desarrollo.

¿Democracia ejemplar o corruptocracia?

Es difícil despojar a Perú de su marca como el país con más presidentes sometidos a procesos judiciales durante sus mandatos o al término de estos.

Es una historia salpicada siempre por la corrupción que en la actualidad deriva en la referida situación de conflicto entre poderes en la que tienen los roles protagónicos el sobrevenido presidente Martín Vizcarra y la clase política representada en el Parlamento.

El asunto de fondo es la corrupción generalizada del sistema político. Como es obvio que todos los asuntos políticos terminan dirimiéndose en tribunales, la lucha entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo es por el control del Poder Judicial. Los amantes del modelo democrático de Montesquieu dirán que se trata de una prueba del buen funcionamiento del juego de pesos y contrapesos, pero visto en la perspectiva histórica de estas tres décadas, se trata más bien de mafias y contramafias. Lo que para algunos es una democracia ejemplar, para otros es una corruptocracia.

Lo que está en disputa

La crisis de gobernabilidad en curso no fue un acontecimiento súbito. El gobierno y el Congreso venían enfrentados desde tiempos del depuesto y enjuiciado Pedro Pablo Kuczynski en torno a la designación de magistrados del Tribunal Constitucional. El sector político que logre colocar sus fichas en esa instancia judicial tiene garantía de decisiones favorables para los suyos y condenatorias para los adversarios.

El enfrentamiento se mantenía latente hasta que el mes pasado, los partidos mayoritarios del Parlamento decidieron avanzar en la selección. Era una cuestión de autopreservación porque varios de los parlamentarios están personalmente metidos hasta lo profundo en delitos contra el patrimonio público, especialmente en las intrincadas tramas de la firma brasileña Odebrecht y de otras que vienen por ese mismo lado de la vecindad (coletazos de Lava Jato). Estos congresistas, una vez que queden desprovistos de la inmunidad parlamentaria, pueden ser juzgados como ciudadanos comunes y probablemente vayan a dar a la cárcel también. El período termina en 2021, pero con la disolución se precipitarían los lapsos.

El presidente les exigió paralizar el proceso, alegando que no se había cumplido el requisito de convocar a un concurso público. El Congreso no cedió y Vizcarra apeló a lo que algunos juristas han llamado “un resquicio constitucional”.

En respuesta, el Congreso resolvió destituirlo, generando un cuadro semejante al que se ha querido construir artificialmente en Venezuela desde enero pasado. Solo que en Perú es real.

Colección de joyas

A cualquiera que analice la lista de los gobiernos peruanos de los últimos 34 años, le surgirá la duda de si se trata de un país con un Poder Judicial muy estricto, que siempre castiga a los mandatarios ladrones o si lo que se observa son peleas mafiosas en los más altos niveles del Estado en los que todos los grupos utilizan los tribunales como armas fundamentales en la lucha política.


La lista de los más recientes jefes del Estado habla por sí sola, pues abarca a todos los que han sido presidentes desde 1985, con la sola excepción del interino y difunto Valentín Paniagua, quien gobernó por ocho meses después de la caída de Fujimori:

Alan García, uno de los emblemas de la corrupción presidencial latinoamericana, gobernó dos veces (1985-1990 y 2006-2011). Terminó suicidándose para no ir a la cárcel por presuntos delitos vinculados a Odebrecht.

Alberto Fujimori, en su momento ícono del antipolítico que logra llegar al poder, gobernó por diez años (1990-2000). Está condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad y casos de corrupción. Había sido indultado por Pedro Pablo Kuzcynski, pero volvió a la cárcel porque el beneficio fue anulado.

Alejandro Toledo, quien surgió como paradigma del neoliberalismo con rostro indígena, fue presidente entre 2001 y 2006, se encuentra prófugo de la justicia peruana tras ser imputado por delitos de corrupción también relacionados con Odebrecht, por un monto de 20 millones de dólares. Se encuentra refugiado en Estados Unidos.

Ollanta Humala, ganó las elecciones en 2011, presentándose como supuesta alternativa a los gobiernos fondomonetaristas de Toledo y García, presuntamente alineado con los movimientos progresistas de Venezuela, Brasil, Ecuador, Argentina y Uruguay, pero rápidamente se deslindó de ellos y asumió la misma línea de sus antecesores. Según los expedientes que se le abrieron (a él y a su esposa, Nadine), incurrió en manejo ilícito de fondos públicos con la omnipresente firma Odebrecht.

Pedro Pablo Kuczynski, un reconocido neoliberal que había sido ministro de Toledo, llegó al palacio presidencial en 2016 y cuando apenas promediaba su mandato fue obligado a renunciar por un nuevo escándalo asociado a la compañía brasileña. Al abandonar el poder, lo dejó en manos del vicepresidente, Martín Vizcarra, quien ahora está en el ojo del huracán.

¿Del fujimorazo al vizcarrazo?

La acción de Vizcarra de decretar la disolución del Congreso y convocar a elecciones parlamentarias fue calificada por parte de la oposición peruana como un autogolpe de Estado de las mismas características que tuvo el llamado fujimorazo, ejecutado por Fujimori en 1992. Los mismos fujimoristas (que en este caso están entre los perjudicados con la medida) estuvieron de acuerdo en que son dos episodios comparables y criticaron a quienes aquella vez lo consideraron como un golpe de Estado y esta vez se han pronunciado a favor.

Juristas consultados por la prensa peruana aseguran que no se trata de la misma situación, pues Fujimori simplemente pasó por sobre la Constitución vigente entonces, que databa de 1979, mientras el proceder de Vizcarra tiene sustento en la Carta Magna actual, elaborada -según los criterios fujimoristas- en 1993. De acuerdo al teólogo, antropólogo y abogado Itzamná Ollantay, esa Constitución ha sido la normativa que ha guiado a Perú durante estos 27 años por la senda del más absoluto control del neoliberalismo.

“Casi tres décadas después, la ‘peruanidad’, nuevamente eufórica aplaude y se contenta con otro circo político de mal gusto: el vizcarrazo, pero sin cuestionar al sistema neoliberal, mucho menos atreverse a plantear colectivamente una propuesta posneoliberal, y post Estado criollo corrupto y fracasado”, expresó Ollantay en su blog Susurros del silencio, reproducido en la página web de Telesur.

Analistas políticos afirman que Fujimori hizo aquella jugada asentado en el enorme respaldo popular que tenía entonces y aprovechando el estructural descrédito de la clase política que hacía vida en el estamento legislativo. Vizcarra está muy lejos de tener el apoyo que ostentaba Fujimori, pues ni siquiera es un presidente electo como tal por el voto popular, pero al parecer sigue contando, como argumento político, con el poco prestigio del Congreso. Según encuestas, a mediados de año, el rechazo del pueblo al Parlamento alcanzaba 75%.

Afectada la estrategia antivenezolana

La situación planteada en Perú tiene una evidente repercusión internacional, que ya se había notado con la caída en desgracia de Kuczynski, pero que ahora adquiere mayor relieve: afecta la estrategia imperial contra Venezuela, pues –al menos nominalmente- Perú es la sede del llamado Grupo de Lima.

No luce bien, por decir lo menos, que el país cuya capital da el nombre a este mecanismo diplomático esté envuelto en tales vaporones. Lo ideal es que fuese intachable en materia de estabilidad política para que proyectara la necesaria autoridad en este campo.

Y existe un agravante. No se trata de una crisis política cualquiera, sino de una confrontación entre poderes públicos, es decir, algo parecido a lo que ha venido ocurriendo en Venezuela desde 2016, cuando entró en funciones una Asamblea Nacional dominada mayoritariamente por la oposición que, de manera inmediata declaró que su propósito central sería desalojar del poder al presidente Nicolás Maduro.

Si se comparan las razones que tuvo Vizcarra para disolver el Parlamento con las que pudo haber esgrimido el presidente venezolano para tomar una medida similar contra la AN (declarada en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia), sin duda las de Maduro tendrían mayor peso.

Pero el poder hegemónico (político, diplomático y mediático) ha hecho malabares para presentar lo que está ocurriendo en Perú como una expresión de buen funcionamiento democrático, mientras en el caso venezolano se le ha pintado como una desviación dictatorial, a pesar de que no hubo nunca una disolución del poder Legislativo.

La venefobia no bastó

Para ponerle sordina al gravísimo conflicto interno peruano, los medios del capitalismo global venían desplegando grandes esfuerzos. Del mismo modo que lo hace en Colombia, Ecuador, Brasil y Argentina, el principal recurso de la maquinaria mediática para desviar la atención ha sido Venezuela.

En el caso específico de Perú, en las últimas semanas, esa maquinaria había tenido mucho material disponible, dados los brotes de xenofobia contra los venezolanos que han emigrado a la nación inca, una oleada que –en buena medida- ha sido atizada por los mismos órganos informativos, muy signados por el sensacionalismo.

Es obvio que la distracción no funciona cuando la crisis da un giro tan explosivo. Pero también queda claro que los daños causados a tantas personas inocentes y al espíritu de solidaridad y convivencia latinoamericana serán difíciles de revertir.

Por Clodovaldo Hernández/ Supuesto Negado