¿QUÉ PASÓ CON LAS 8 LEYES PARA COMBATIR LA CRISIS ECONÓMICA?

El 7 de septiembre, luego de una semana de silencio mediático presidencial, fueron noticia los anuncios económicos realizados por el presidente Nicolás Maduro ante la ANC.

En especial, resaltaron los ocho proyectos de ley que consignó como “impulso en la lucha contra la guerra económica y para la construcción del modelo económico contenido en el plan de la Patria”.

A dos meses de la instalación de la ANC y, a decir verdad, desde el mismo momento de su instalación, varios intelectuales, políticos y personajes de la mediática han insistido en la necesidad de que la ANC se avoque prioritariamente a la economía.

En efecto, todo parece indicar que los resultados del juego político estarán determinados por la potencia de la ANC (en combinación con el Ejecutivo) para enderezar la vida económica nacional.

Así, la cuestión es si la representación del poder originario podrá o no podrá vencer la guerra económica. Este es su más grande desafío. Por todo esto tiene especial importancia el reciente anuncio de la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, sobre el trabajo que viene realizando la instancia que preside. Aseguró que las ocho leyes están siendo evaluadas por las comisiones respectivas y pronto entrarán a debate.

Puede pensarse que la ANC no toma con la urgencia necesaria el asunto, pero el trabajo legislativo y, más allá, el sentido mismo de una asamblea tal requiere de unos tiempos que difícilmente pueden ser expeditos. Vale tomar en cuenta que solo ha pasado un mes desde la consignación de los proyectos.

Es preciso que cada proyecto de ley sea evaluado por la comisión respectiva y luego entre a debate. El debate supone que se discuta artículo por artículo, haciendo las modificaciones que resulten aprobadas, según la pugna de fuerzas.

Los ocho proyectos de ley refieren al abastecimiento y los precios acordados; los CLAP; las casas de cambio; la promoción y protección de la inversión internacional; el arco minero; la creación de corporación agroalimentaria; los impuestos a las grandes fortunas derivados de la guerra económica; y el régimen tributario para los delitos económicos.

Dado que el tema es en extremo delicado es de esperar que los debates sean intensos o que, por otra parte, no haya debate alguno, salvo para respetar los aspectos formales y reglamentarios.

En esta última opción sucedería que la ANC daría carta blanca al Ejecutivo para actuar aprobando los proyectos de forma automática. Pero con esto renunciaría a su potestad legislativa. ¿Qué sentido tiene convocar al poder constituyente si no se le da la oportunidad de hacer el trabajo?

La función de la ANC es crear leyes y una Constitución que cuente con el apoyo popular, de tal modo que sea respetada. Para ello se requiere no solo debate, sino una verdadera consulta nacional.

De esto se desprende una pregunta, quizás más importante desde el punto de vista práctico, punto de vista que está determinado por la urgencia y, en particular, por la grave situación que atraviesa el pueblo:

¿Por qué el presidente no entregó un proyecto de Ley Habilitante que le permitiese promulgar las leyes de inmediato y casi sin trámite alguno?

En este caso la ANC también hubiese cedido su facultad para legislar en la materia, pero hubiese podido justificarse precisamente por la situación de emergencia.

Puede ser que el presidente buscase una legitimación real y no meramente formal de los proyectos de ley, de tal modo que la ANC, como representante del pueblo, pusiese la fuerza política necesaria para zanjar los diversos intereses en conflicto que componen el gobierno, el chavismo y la nación.

Sea como sea, es indiscutible (y comprensible por demás) que el clamor popular exige a la ANC resolver no lento pero seguro, sino lo más rápido posible. Después de todo atender la dura situación económica fue una de las promesas que, junto al retorno de la paz política, determinaron la elevada participación de electores para su conformación.

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Por Julia Cardozo / Supuesto Negado