¿Qué paso con los pemones?

Los sucesos violentos ocurridos desde el pasado 23 de febrero en la fronteriza Santa Elena de Uairén, en el marco de la operación para el ingreso forzoso de la “ayuda humanitaria” a Venezuela, han estado salpicados de cifras e informaciones que contrastan entre sí.

La oposición afirma que se trató de una masacre de la FANB y sus “colectivos” armados. El Gobierno, que no ha ocultado lo que sucedió, responsabiliza a la oposición y denuncia el pago a grupos armados para generar los disturbios que causaron muertos y heridos.

¿Quiénes son responsables?

Según el diputado opositor Américo De Grazia, hasta el 23 de febrero por lo menos había catorce muertos, decenas de heridos y el hospital local colapsado por acción de la Guardia Nacional Bolivariana y supuestos “colectivos” a indígenas pemones que buscaban apoyar la entrada del cargamento humanitario desde Brasil. Días después el propio De Grazia se desdijo al afirmar que los fallecidos eran tres y no catorce.

Voceros gubernamentales como Diosdado Cabello, han dicho que esto responde a bandas armadas que no tienen nada que ver con la GNB, y sí con De Grazia y con el partido Voluntad Popular.

“Hay una persona fallecida, es la información que yo tengo, dijeron al principio que había sido la Guardia Nacional, ya se está demostrando que no tiene que ver con la Guardia Nacional (…) se está demostrando por el tipo de cartucho que está allí que son grupos violentos dirigidos por el señor Américo De Grazia, dirigido por gente de Voluntad Popular y la verdad va a salir”, dijo Cabello el pasado 22 de febrero sobre el lado venezolano del puente Tienditas.

Cabello dijo que la oposición provoca este tipo de acciones porque espera que haya violencia.

Y en los días siguientes, las versiones de De Grazia irían directamente a responsabilizar al propio Diosdado Cabello de intentar ocultar los cadáveres, ya no de catorce, sino de quince fallecidos en esta localidad del estado Bolívar, y trasladarlos vía aérea hasta el Fuerte Militar Escamoto.

Mientras toda esta oleada inundaba las redes sociales, y se posicionaban etiquetas y hasta en los estados de Whatsapp se mostraba solidaridad con los indígenas pemones, el Gobierno nacional envió al ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, a Santa Elena de Uairén para atender la situación.

Junto a él estuvo la ministra para los Pueblos Indígenas, Aloha Núñez, de la etnia wayuú, quien denunció en sus redes sociales la presencia en la frontera con Brasil de grupos armados contratados para alterar el orden público.

Nos encontramos con la presencia de grupos violentos que fueron contratados por sectores de la extrema derecha para quemar autobuses, atacar a efectivos de la FANB y alterar el orden público”, publicó en su cuenta Facebook.

¿Cuántos fallecidos?

Pero los números de De Grazia se enfrentan a los de organizaciones como Provea, que el domingo 24 disminuyó a tres el número de fallecidos en Santa Elena, y califica lo sucedido como una “masacre.

Para contribuir más a la desinformación, horas antes, otro diputado a la Asamblea Nacional, Miguel Pizarro, citando a la propia Proveaen una rueda de prensa de la comisión especial de seguimiento de la ayuda humanitaria de la Asamblea Nacional (AN), dijo que eran ocho los caídos y añadió que se investigan las cifras que afirman que son entre catorce y veinticinco los fallecidos.

El medio ruso Sputnik publicó que por lo menos cinco de los heridos fueron trasladados al hospital de Boa Vista, a unas tres horas de Santa Elena de Uairén y que permanecen ingresados en suelo venezolano, por tiros en las piernas y contusiones en la cabeza otra decena.

Por su parte, el alcalde del municipio Gran Sabana, cuya capital es Santa Elena de Uairén, Emilio González, también se ha pronunciado sobre los hechos. En su cuenta en Twitter amenazó abiertamente con provocar una guerra a nombre del pueblo pemón.

Los desaparecidos

Además de los presuntos fallecidos, se ha desatado una campaña en las redes sociales para denunciar desaparecidos.

Una de las puntas de lanza es el exgobernador de la entidad por la Causa R, Andrés Velásquez, a quien el presidente Nicolás Maduro denunció en el año 2018, junto a Di Grazia, como “pranes del oro” en la entidad sureña.

La organización Foro Penal, también denunció que nueve personas se encuentran desaparecidas desde el pasado 23 de febrero.

Los consideramos como desaparecidos porque no sabemos dónde están, supuestamente se los llevaron a Puerto Ordaz, pero eso no ha sido confirmado por ninguna autoridad civil o militar hasta el mediodía de este domingo”, aseguró Olnar Ortiz, coordinador del Foro Penal para poblaciones indígenas.

Cuando se trata de violencia y violación de los derechos humanos no hay medias tintas, sin embargo la verdad parece diluirse entre las versiones.

Por Maya Monasterios / Supuesto Negado