RECORDANDO LOS SOBRES BOMBA EN LA VENEZUELA DE CALDERA

Grandes figuras financieras, políticas y policiales ejecutaron un plan terrorista a mediados de los 90. ¿Volverían a hacerlo?


¡Amenaza de bomba!

Amenaza y primer sobre

Era el viernes 16 de julio de 1993, el magistrado Alirio Abreu Burelli se hallaba en su domicilio cuando recibió un sobre que le había sido remitido por un supuesto empleado de Cantv, un tal Pedro Carmona, desde Los Teques.

El magistrado, cauteloso, revisó el sobre y constató que dentro había una pequeña espiral metálica. Esa noche el artefacto reposó en el jardín de su casa y al otro día el juez lo llevó en su carro y lo entregó a la Disip. El dispositivo nunca explotó.

Segundo sobre

El 19 de julio de 1993, Hugo Betancourt Zerpa, funcionario de la extinta Corte Suprema de Justicia, recibió un sobre dirigido a los miembros de la Sala Plena.

Una etiqueta especificaba que lo enviaba Pedro Carmona, el mismo remitente del suceso anterior. Betancourt Zerpa rompió una esquina del paquete y una explosión estruendosa le mutiló la mano izquierda. José Francisco Urbano, otro empleado, también resultó herido.

Tercer sobre

Ese mismo día en una quinta de Macaracuay, la empleada doméstica del presidente de la Corte Suprema de Justicia encontró en el correo un sobre de sospechosa procedencia y remitido por Pedro Carmona.

Los medios de comunicación habían desplegado la noticia de los sobres bomba anteriores por todo el país, por lo que la empleada se alejó del paquete y llamó a la policía. El doctor Gonzalo Rodríguez Corro era el destinatario de aquel sobre.

Cuarto sobre en medio de la zozobra

Una semana después estalló una bomba en una estación de gasolina ubicada en Altamira. Al día siguiente otro artefacto reventó cerca de la Embajada de Colombia y unas horas más tarde fue entregado otro sobre explosivo en la Escuela de Enfermería de la Universidad Central de Venezuela.

Adicionalmente, el 31 del mismo mes, es atacada la sede de Fedecámaras con otro dispositivo explosivo. Para el momento del bombazo contra la patronal todo tipo de especulaciones sacudían al país.

Se hablaba del renacer de la guerrilla venezolana, en parte porque un autocalificado “Movimiento Revolucionario José Antonio Páez”, del que nadie tenía noticia hasta el momento, se atribuía la autoría de los hechos.

Por sus bombas los conoceréis

SOBREBOMBA-3

¿Quiénes fueron y por qué?

Fue el 10 de agosto cuando la PTJ reveló, en una rueda de prensa, que la identidad real de Pedro Carmona y por tanto del presunto autor material de los hechos era el excomisario de la Disip José Maximiliano Monsalve Planchart.

El mencionado funcionario tenía un amplio prontuario de impunidad avalado por sus contactos políticos. Entre sus crímenes destacaba su participación en la masacre de El Amparo (29 de octubre de 1988), en la cual perdieron la vida 14 pescadores a manos de fuerzas públicas, razón por la cual se encontraba solicitado cuando acometió sus explosivos crímenes.

Tras un breve periplo se entregó y confesó sus delitos. Según explicó, los tres primeros sobres bomba fueron encargados por Henry López Sisco quien fuese jefe policial de Carlos Andrés Pérez y Jaime Lusinchi.

Los otros atentados mencionados habrían sido producto de su iniciativa personal con la intención de despistar a las autoridades, lo que explica su colocación aparentemente arbitraria.

Sobre la autoría intelectual no quiso pronunciarse, solo mencionó que detrás de todo aquello debía estar una persona que tuviera mucho poder e influencia.

Tanto López Sisco como Monsalve Planchart y otros funcionarios involucrados fueron encarcelados en diferentes recintos penintenciarios bajo penas diferentes. También cayeron tres ganaderos por complicidad.

¡Dos expresidentes corruptos es demasiado para AD!

Como sucede usualmente en estos casos no se llegó a acusar formalmente a los autores intelectuales de los atentados.

El comisario que llevaba la investigación, Alexis Bolívar, expresó que la PTJ no descartaba la participación en los hechos del expresidente Jaime Lusinchi y de su querida Blanca Ibáñez, pero también dijo que era muy difícil lograr establecer la autoría intelectual.

¿Qué motivó a la pareja presidencial a cometer semejantes delitos? Evitar que se produjese el enjuiciamiento del expresidente por el caso, abierto cinco años atrás, de unos rústicos Jeep comprados con dinero de la partida secreta del Ministerio de Relaciones Exteriores y usados para la campaña electoral de Lusinchi.

Días después de la solicitud y en medio de la situación creada por las bombas, la CSJ estableció que había méritos para enjuiciar al exmandatario y el Congreso de la República le retiró la inmunidad de la que gozaba en su condición de senador vitalicio.

Sin embargo, el 27 de febrero de 1996 la misma CSJ declaró oficialmente prescrito el juicio por el caso de los rústicos. No se habló más de los sobres bomba.

La violencia a la que recurrieron Lusinchi y su compañera sentimental tenía por objeto no solo salvar su pellejo, sino evitar el desmoronamiento de AD, muy cuestionado en ese tiempo por la corrupción campante.

¡Se entusiasmaron los banqueros!

Sin embargo ni las detenciones ni el escándalo público detuvieron las explosiones. El 19 de agosto estallaba un carro bomba en el estacionamiento del Centro Comercial Ciudad Tamanaco.

Aunque el caso no tenía una relación directa con los anteriores es importante mencionarlo.

En esta oportunidad los autores materiales fueron Walter Del Nogal y Ramiro Helmeyer, ambos vinculados al aparato de seguridad del puntofijismo y quienes efectivamente pagaron cárcel por los hechos.

Como enlace entre los autores intelectuales y los materiales fungió el ya mencionado Henry López Sisco, lo que da cuenta de la intrincada rama de corruptelas y marramuncias que caracterizaban la política puntofijista.

Los autores intelectuales fueron Pedro Tinoco, expresidente y accionista del Banco Latino y Orlando Castro Llanes, jefe del grupo Latinoamericana-Progreso, banqueros ambos que se fugaron del país cuando un tiempo después quebraron para su propio beneficio las instituciones bancarias que dirigían.

La intención era aprovechar y profundizar el impacto de los atentados anteriores mediante la colocación de nuevas bombas, para crear caos en la Bolsa de Valores y una caída del mercado financiero.

Todo esto con la finalidad de apropiarse de inmuebles y entidades bancarias a precios de remate, como parte de una guerra comercial entre los grupos económicos mencionados y el grupo del Banco de Venezuela.

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Por Julia Cardozo / Supuesto Negado