Justicia para el niño de 13 años asesinado por las FAES, pide su madre

El 5 de diciembre de 2018, Ricardo Castro (13 años) y su primo Jhonaikel Moreno (17 años) fueron asesinados por cuerpos de seguridad en El Valle, Caracas. Heidy Moreno, madre de Ricardo y tía de Jhonaikel, viene luchando desde entonces para que se haga justicia.

Según describe Heidy y otros familiares “los dos jóvenes estaban en la calle, frente a la casa, armando el pesebre” junto a tíos, primos y vecines, entre elles niñes y jóvenes de 2 hasta 17 años. A las 7.30 de la tarde llegaron dos grupos de direcciones distintas disparando. Uno de los grupos estaba conformado por seis policías nacionales, y el otro por tres escoltas del líder político Freddy Bernal, rememoran las y los presentes aquella tarde.

La operación que derivó en el asesinato de los dos jóvenes se motivó aparentemente al robo de una moto en la zona. Los agentes de seguridad señalaban que “el muchacho de la camisa roja (Jhonaikel) era el que se había robado la moto”, relata su tía Heidy. Algo que asegura era falso, puesto que “él ni siquiera vivía allí” (lo que tampoco justificaría la actuación policial). Del tiroteo propinado por los agentes de seguridad sin el debido proceso, en aquel operativo, resultaron heridos Jhonaikel Moreno (en el hombro), Ricardo Castro (en la espalda), Jhonaiberson Castro (hermano de Ricardo, en el brazo) y una vecina, Marvelis Lozano (en el muslo).

Aquella tarde los agentes entraron en la casa de Heidy, golpeando y amenazando a todos los presentes. A Jhonaikel lo asesinaron con un segundo tiro a quemarropa, a pesar de los intentos desesperados de Heidy y sus sobrinas para impedirlo y explicar que él no tenía nada que ver con ningún robo. “Quítate de aquí o también te disparo a ti, a tú madre y a esas niñas”, recuerda Heidy que le gritó el policía que asesinó a su sobrino.

La violencia policial sólo se detuvo cuando otros dos sobrinos de Heidy que estaban en la casa, y son funcionarios de la PNB también (uno de ellos del FAES), lograron comunicarse con otros compañeros del cuerpo policial, no sin antes haber sido golpeados por sus colegas.

“Mi sobrino les dice al teléfono que tenía ‘un cien’ y es cuando ellos [los agentes] se comienzan a calmar y uno le comenta a otro que habían cometieron un error”, describe Heidy. Los sucesos y la llamada de sus sobrinos policías fueron registrados en minutas de los cuerpos de seguridad que se divulgaron en algunos medios.

Ricardo (izquierda) y Jhonaikel (derecha). Fuente: tatuytv.org

Mientras tanto, llegaron los vecinos que fueron testigos de la situación, exigiendo que se llevaran los heridos al hospital con urgencia. Ricardo Castro finalmente también murió la madrugada siguiente en el Hospital Universitario. La comunidad decidió trancar la carretera Panamericana el 6 de diciembre durante varias horas, como protesta contra los asesinatos. En testimonios que circularon en las redes sociales en ese momento, la comunidad denunció que los policías llegaron disparando arbitrariamente y que nunca se identificaron.

Ese mismo 6 de diciembre, llegó un operativo del FAES al barrio, que debió enfrentarse al rechazo comunitario, antes de detener a los policías responsables de los asesinatos que se mantenían en la comisaría local. Desde entonces los seis miembros de la PNB, Alfredo Paris, Aníbal Rodríguez, Carlos Hernández, Darwin Gudiño, José Díaz y José Francisco Leal, han estado detenidos en un centro de coordinación policial en El Valle, y los otros tres, Juan José Hernández, Reiner Fuentes y Adolfo Castellano, en un centro del FAES en Vista Alegre.

“¡Siempre hay una excusa!”

Aunque haya transcurrido más de un año desde los asesinatos y sobren pruebas y testigos, el juicio no ha avanzado. La audiencia preliminar de los nueve detenidos ha sido suspendida en nueve ocasiones, la más reciente el 27 de enero.

“Yo lo que pido es justicia, porque es triste ver morir a tu hijo y a tu sobrino, y en más de un año no haya pasado nada”, expresó Heidy a Tatuy Tv. Relata como algunas veces no salió la boleta de citación del tribunal, en otras solo algunos de los acusados se trasladaron, y en las demás no los llegaban ni a llevar a la oficina de la jueza.

“Ya hubo cambios de juez, cambios de abogados, otras veces dicen que van a hacer separación de causa. ¡Siempre hay una excusa! La única vez que les vi la cara fue el día en que asesinaron a mi hijo y a mi sobrino”, protestó Heidy, indignada.

Sin embargo, Heidy Moreno ha decidido no desistir en su lucha por obtener justicia para su hijo y su sobrino. “Ya me quitaron a mi hijo, ¿qué más me pueden quitar?”, concluyó entre lágrimas.

Víctimas invisibles

Desde enero de 2019, el colectivo de derechos humanos Surgentes viene acompañando el caso de Heidy, en su proceso ante los órganos judiciales. La Defensoría del Pueblo recibió la denuncia desde entonces y ha intentado garantizar la realización de la audiencia preliminar.

Antonio González, integrante de la organización, también conversó con TatuyTv sobre el caso. Señaló que el caso es atípico por la disposición implacable de Heidy en mantener la lucha, ya que muchas veces lo que sucede es que los familiares no denuncian, bien sea por miedo, o bien por no creer en el sistema judicial.

“El caso es muy interpelador, para el Estado y para la sociedad, por el hecho de que las víctimas eran menores de edad y por el compromiso de Heidy como madre, tía y testigo, en obtener justicia a toda costa.” expresó González.

Surgentes tiene una larga trayectoria de lucha en el campo de los derechos humanos. En noviembre de 2019 organizó una campaña comunicacional, precisamente para denunciar los alarmantes niveles de violencia policial, fundamentalmente en los sectores populares. La campaña tuvo las consignas “No más ejecuciones en el barrio” y “No en nombre de Chávez”, y partía de la visión y los planteamientos del Comandante Chávez respecto a la necesidad de reformar las políticas de seguridad del Estado.

Antonio González reflexionó sobre cómo esta lógica represiva reproduce la desigualdad del sistema capitalista. Esto porque las víctimas, predominantemente de las clases pobres, terminan siendo invisibles para la sociedad e incluso para la propia izquierda en pleno Gobierno Bolivariano.

“Hay una contradicción fundamental entre el discurso de Chávez, el programa chavista de transición democrática hacia el socialismo, y una acción contraria y reiterada de los cuerpos de seguridad del Estado, que resulta en muertes de jóvenes de los sectores populares en una gran magnitud,” dijo Antonio, explicando las motivaciones para el trabajo de Surgentes y la campaña reciente en particular.

Imagen de la campaña “No más ejecuciones en el barrio”. Fuente: Surgentes.

La cuestión de la violencia policial en los barrios generó debates dentro del chavismo. Algunos sectores defienden que, en medio de un feroz asedio de EE. UU., denuncias contra las políticas de seguridad golpean la credibilidad del Gobierno. Se basan en la idea de que “no es el momento” para abordar el problema. Pero, como expresaron Ana Barrios y Martha Lía Grajales de la misma organización, en una entrevista reciente a Tatuy TV, “el momento de la gente es siempre”.

En realidad el argumento debería ser todo lo contrario. En medio del innegable ataque imperialista, que viene exigiendo sacrificios monumentales al pueblo venezolano, los atropellos y las injusticias por parte del Estado tienen que ser mucho más intolerables. Porque las revoluciones no se hacen a pesar de las injusticias, sino para eliminarlas.

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[Publicado en www.tatuytv.org el 12 de febrero de 2020]