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¿Qué se espera para las próximas semanas en las que están pautadas las elecciones presidenciales? Siempre pasa por la mente un choque de trenes entre el gobierno y la oposición, si, boicot mediante, puede articular el malestar social de los sectores populares con las Guarimbas. Pero también es posible otro, en el que sencillamente el gobierno logre “pasar la prueba” utilizando su andamiaje jurídico legal junto a su maquinaria electoral y desplace a la oposición hacia un escenario estrictamente internacional. Analicemos ambas posibilidades.
Durante las guarimbas de 2017, mucha gente esperaba un gran acontecimiento popular, un gran sacudón que diera al traste definitivamente con el gobierno de Maduro. Pero ese acontecimiento no ocurrió.
Aunque en algunos sectores como El Valle, en Caracas, hubo saqueos de comercios, las protestas resultaron insuficientes para que se propagaran al resto del país. Incluso resultaron disparadores para el llamado a Asamblea Nacional Constituyente, que a la larga derrotó políticamente las acciones violentas.
Finalmente, las protestas quedaron como una rebelión de los “sifrinos del este”, porque nunca contaron con respaldo popular, sino que quedaron –como en 2014–, circunscritas a los sectores medios y altos de las principales ciudades.
Pero a finales de diciembre de 2017 y comienzos de 2018 sucedieron otro tipo de protestas menos políticas y más sociales, donde sectores populares de ciudades y campos comenzaron a demandar alimentos de manera violenta. En algunos casos no pasaron de cierres de calles o carreteras. En otros se convirtieron en saqueos populares que ocurrieron a lo largo del país durante las primeras tres semanas de enero. Al principio, en demanda de perniles ofrecidos por el presidente para las fiestas decembrinas, pero luego, como “microestallidos” donde grupos grandes de personas saquearon centros de algunos poblados como Caicara del Orinoco y Ciudad Bolívar, interceptaron camiones de alimentos y hubo revueltas en grandes supermercados debido a la demora en la espera de enseres. Aunque ocurrió en casi todos los estados, la cosa no pasó a mayores.
Ya en 2016 hubo saqueos de consideración en Cumaná y Ciudad Bolívar, pero todos fueron controlados sin muchas pérdidas humanas ni mayor afectación a la “tranquilidad” del gobierno.
En todos estos casos presenciamos “microsaqueos” que al no estar coordinados ni programados con una agenda central sirvieron apenas como “válvulas de escape”, en tanto no “cuajaron” como para rememorar aquel 27 de Febrero que sirvió para que una generación política entera quedara enterrada en lo más profundo de la historia nacional.
Ahora, ya terminado el primer trimestre del año y con una situación económica desesperanzadora, las protestas no han cesado, pero no han aumentado al nivel requerido por la oposición como para poner en vilo al país, desestabilizar al gobierno o poder pedir la tan esperada “intervención humanitaria”.
No obstante, no hay que perder de vista estas protestas sociales, porque son el termómetro de la compleja situación nacional.
Para muestra un botón: Valles del Tuy. En el mes de marzo se produjeron protestas en esa región por cuestiones tan disímiles como el retraso en la entrega de gas doméstico, la represión de la Guardia Nacional y el aumento del pasaje. Otro ejemplo es el estado Vargas donde la principal protesta, a mediados de marzo, se debió al aumento exponencial de la caja del Clap que subió de 30 bsf. a más de 300. En Carabobo, después del asesinato de más de 60 reos en la comandancia de la policía de ese estado, se produjeron protestas de familiares y amigos de las víctimas y el resto de presos.
En fin, no está a la vista un gran acontecimiento como el “Caracazo”, pero es innegable que se está amasando un gran malestar multicausal que pudiera producirlo. La cercanía de las elecciones presidenciales debería ser una manera de atender y “encapsular” (aislar) las protestas que vayan ocurriendo independientemente de su motivación. Pero el hecho de que no haya un contrincante de peso que haga sombra al presidente Maduro, debido al boicot decretado por la oposición, puede indicar la entrada en un escenario conflictivo en tanto no hay expectativas de un cambio institucional de la situación de crisis actualmente existente que no detiene su nivel de agravamiento.
Por tanto, si bien este tipo de protestas o “microestallidos” puede servir como aliviadero en tanto el gobierno tiene mecanismo asistenciales y coercitivos, también pueden implicar una complejización del panorama social que ya no tiene una causa única determinada (como la falta de alimentos) si no que está siendo producido por un malestar social mucho más profundo sin cauces normativos e institucionales que puedan detenerlo. Hablamos de un malestar contra la política, sin cauces políticos para detenerlo.
Y además con el plus de unas probables guarimbas que podrían ocurrir en relación al evento comicial. Es decir, si se desarrolla el escenario actualmente planteado, estaremos las próximas semanas en presencia del agravamiento de la falta de servicios como agua, electricidad, gas y transporte público; con la explosión de los precios de alimentos y su encases; y además con la violencia como único mensaje político de una oposición que ha decidido no asistir al evento electoral. Todo un cóctel en constante preparación y ebullición.
Pero, hasta ahora el gobierno ha logrado sortear la protesta independientemente de su origen de clase. Incluso, podríamos decir que las acciones violentas le han atornillado en el poder. Con respecto a la Guarimba el gobierno logró contener las manifestaciones sin mayores saldos de muerte y luego con el llamado a la Constituyente, les derrotó políticamente. En el caso de la protesta de sectores populares, especialmente por alimentos, el gobierno activó mecanismos focalizados y compensatorios de distribución de alimentos y bonos que cumplieron su cometido, al menos coyunturalmente.
El peor escenario para el gobierno sería la hipotética articulación, si bien no política sí en cuanto al momentum del estallido, de una ola de protestas que pudiera unir clases medias y altas con clases populares. Sobre todo, si contamos con los ruidos de sable que se han escuchado las últimas semanas y que han llevado a la detención de importantes cuadros militares como el comandante del Batallón Ayala, uno de los más estratégicos del país.
Pero habría que tomar en cuenta que este es un gobierno ducho en sortear escenarios muy peligrosos y el intento político de capitalizar una situación como esta puede generar mayor atornillamiento del gobierno. Por el contrario, si por primera vez se juntaran diversas clases sociales, militares incluidos, en un estallido generalizado, la situación no solo la sufriría el gobierno sino que estaríamos en presencia de una posible guerra civil tomando en cuenta los resortes militares y populares con que cuenta el gobierno.
En definitiva, vienen unos días complicados que podrían cambiar para siempre al país o que podrían estabilizar aún más al gobierno de Maduro.
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Por Sixto García Urbaneja / Supuesto Negado
