¿Qué hay que cambiarle a los servicios públicos en Venezuela?

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No es un secreto la mala situación en que se encuentran varios servicios públicos en Venezuela, especialmente la electricidad, el agua, el Metro de Caracas, Cantv y la plataforma de varios bancos públicos.

A menos de dos meses de las elecciones los fallos en estos servicios son una parte importante del descontento en las calles.

Aunque el gobierno ha denunciado sabotajes repetidamente, parece que esas afirmaciones no son aceptadas por todo el mundo. La razón es que los sabotajes puntuales no explican fallos que son más generalizados.

En las calles la gente común empieza a decir que “todo empezó a funcionar mal desde que lo agarró el Estado” ¿Qué es lo que pasa con los servicios públicos?

¿Sabotaje o colapso?

Muchos creen sinceramente que las fallas son producto de sabotajes del imperialismo, pero eso no explica que, por ejemplo, las escaleras automáticas del metro no funcionen, que las páginas de los bancos públicos no abran o que Cantv sea lento.

En ese contexto las teorías conspirativas se han hecho cada vez más complejas: ahora están los que creen que los mismos funcionarios y directivos son saboteadores y los que dicen que el mismo gobierno las está saboteando antes de privatizarlas…

Pero lo cierto es que la primera crisis eléctrica ocurrió en 2009 y el presidente Chávez nunca habló de sabotaje, el metro también pasó por un momento crítico al año siguiente y nunca se recuperó del todo, Cantv que ofrecía uno de los mejores servicios del país empezó a declinar y ahora no funciona bien en muchas partes del país.

Esto ha hecho que mucha gente –y ya no solo neoliberales de siempre– denuncie que han sido las nacionalizaciones las que devastaron los servicios públicos.

Público o privado

En medio de lo que unos llaman sabotaje y otros colapso de los servicios públicos la idea de la privatización se ha ido legitimando y ya no dentro de la clase media con ideas liberales sino incluso entre los pobres y la gente que exige soluciones.

El dilema entre propiedad pública y privada ha dividido a la izquierda socialista y la derecha neoliberal por décadas y ha dado lugar a unas interpretaciones completamente deformadas: se cree que nacionalizar una empresa es un acto revolucionario o que las empresas estatales no funcionan nunca.

Pero contrariamente a la idea de muchos socialistas y neoliberales el mundo está lleno de empresas estatales exitosas y todas no son propiedad de gobiernos de izquierda: La electricidad y buena parte dela telefonía en China, los trenes y autobuses en toda Europa, los servicios postales en todo el mundo y algunas aerolíneas como la alemana Airbus.

Al final, las empresas son solo eso, empresas, y sean públicas o privadas funcionan de forma parecida.

Hay empresas públicas como Aramco, BBC y Petrochina que funcionan perfectamente. De hecho, China está a la vanguardia de empresas estatales con colosos como Sinopec, Petrochina, ICBC y Haier que se cuentan entre las más grandes del mundo.

El capitalismo no va a caer solo porque el Estado nacionaliza alguna empresa ni el socialismo va a desaparecer porque se privatice otra.

Es el funcionamiento global de la economía el que hace la diferencia.

Pero del mismo modo que la simple propiedad estatal no hace socialismo, hace falta más que pasarle los servicios públicos al Estado para que sean accesibles para todos.

Monopolios y desregulación

Hasta los años ochenta, fueran privadas o públicas, el modelo de las empresas que administraban servicios como agua, luz y teléfono era el del monopolio.

Eso funcionó por un tiempo pues una sola empresa pública o privada que centralizaba todos los recursos, invertía y hacía accesible los servicios. Mediante este modelo redes telefónicas, eléctricas, transportes y acueductos fueron instalados en todo el mundo en medio de planes y políticas estatales.

El problema es que por un exceso de burocracia y regulaciones estas empresas empezaron a decaer: al no poder ajustar tarifas no podían actualizar los equipos, tenían mucho personal inoperante e innecesario y, en general, eran grandes empresas lentas y pesadas para funcionar.

Hacia los años ochenta muchos de estos monopolios estaban en crisis –algunos creen que saboteados deliberadamente– y llegó la fase de las desregulaciones y las privatizaciones.

Hipotéticamente se trataba de abrir el mercado a empresas nuevas, menos mastodónticas, que ofrecieran opciones nuevas y baratas para prestar el servicio, pero esa solo era la teoría neoliberal.

En la práctica las privatizaciones y desregulaciones fueron una oportunidad dorada para inversores oportunistas para conseguir activos y contratos a precios de gallina flaca.

El resultado es que la promesa de que los precios bajarían gracias a la competencia y de una mayor libertad para los usuarios rara vez se cumplieron: aunque los apagones y crisis de servicios como los de las décadas de los setenta y ochenta son raros, el precio de servicios como la electricidad y las comunicaciones son muy elevados en todo el mundo y en algunos países se habla de “precariedad energética” pues hay gente que no puede usar la electricidad todo el tiempo. El caso de Argentina con Macri es uno de los más notorios.

En el sector de las telecomunicaciones la tendencia es, en todas partes, la formación de grandes monopolios.

Más aún, en Bolivia con la guerra del agua de Betchel, empresa que subió absurdamente los precios y se quiso apropiar de todas las reservas de agua; en California, con la crisis del 2000 se demostró que la desregulación no era una salida mágica y otros países empezaron a buscar alternativas.

Según el país estas han consistido en reducir las regulaciones, pero sin eliminarlas del todo, reemplazar subsidios directos por indirectos, dividir empresas grandes en pequeñas, etc. No existe una sola fórmula pues es un arte de gobernar los servicios públicos que cambia de país en país.

Gobernar los servicios públicos

Las alternativas varían mucho de servicio a servicio. Por ejemplo, los ferrocarriles y metros son por lo general propiedad estatal o subsidiados por el Estado. Las empresas de ferrocarriles europeas también lo y son instituciones eficientes.

Otros sectores como los telefónicos y la electricidad suelen estar más abiertos a la competencia.

En definitiva, más allá de que los servicios públicos estén en manos privadas o públicas, lo importante es el marco regulatorio y las condiciones en que funcionan. Los países con buenos servicios públicos tienen 3 características:

Inviersión en mantenimiento e innovación

El fantasma del subsidio ronda a la izquierda venezolana desde hace mucho. Hay mucha gente sinceramente convencida que el Estado debe subsidiar todo eternamente y que no hacerlo es neoliberalismo.

En la práctica, esto ha resultado en una serie de subsidios, completamente irracionales, que han hecho derrochar dinero al Estado durante el boom petrolero y que luego se han hecho insostenibles, el más notorio es el caso de la gasolina que hace perder al Estado miles de millones que podría invertir, precisamente, en servicios públicos.

Las tarifas actuales de metro, teléfono y electricidad son ridículas y no aportan nada al funcionamiento de los mismos.

En todas partes del mundo esto es un problema, incluso para las empresas públicas, porque hay que mantener los servicios accesibles, pero también hace falta mantenimiento e innovación y eso requiere inversiones. Si las tarifas son ajustadas progresivamente no hacen falta aumentos drásticos. Por eso, en países como China, el precio de la electricidad es ajustado al menos una o dos veces al año a pesar de que el Estado desconfíe de los aumentos de precios.

En Venezuela, donde algunos trabajadores del Metro y Corpoelec se han quejado por los bajos salarios el ajuste de las tarifas sería una alternativa realista. Además, siempre se pueden aplicar subsidios directos y localizados para la gente que no pueda pagar.

Empresas con nóminas precisas

No tiene sentido tener un enorme mastodonte con miles de empleados que no funciona. China, que es un país socialista con una economía rigurosamente centralizada, desmanteló la gigantesca Corporación Eléctrica Estatal en diciembre de 2002 y la dividió entre 11 pequeñas empresas productoras y distribuidoras de electricidad, algunas públicas otras privadas: eso permitió eliminar burocracia y hacer más eficiente el funcionamiento.

Lo mismo ocurre con los empleados: tienen que estar los que sean necesarios para el funcionamiento del servicio y nada más. Una cosa es invocar los derechos laborales para trabajadores productivos y otra para legitimar la burocracia.

Esto también vale para el ambiente organizativo en que funcionan los servicios públicos: Cadivi con su exceso de burocracia y su lentitud hizo que, por muchos años, la adquisición de repuestos se hiciera extremadamente lenta y dificultosa. Para cuando inició la crisis y el Estado contó con menos recursos para invertir en servicios públicos ya estos estaban afectados por la lentitud para conseguir repuestos.

Estándares de calidad del servicio

En teoría si uno denuncia una falla de Cantv a Conatel deberían solucionarla. En la práctica es muy difícil saber cuáles son las responsabilidades y las causas en los fallos de los servicios, sean estos provistos por el Estado o empresas privadas: silentes, a veces hostiles a los usuarios, las empresas prestadoras de servicios dan muy pocas explicaciones y sus fallos no tienen consecuencias.

Para mantener ciertos estándares de calidad en un servicio tiene que haber consecuencias si este funciona mal.

En la práctica estas consecuencias deberían ser que: el usuario busque otro prestador del servicio más óptimo o que su denuncia ante instituciones de control de calidad sancionen a la empresa que está incumpliendo.

Así que si el Metro o Cantv funcionan mal deberíamos ser capaces de demandarlos o denunciarlos como a cualquier otra empresa que presta malos servicios. Si alguien pierde un equipo eléctrico por un apagón debería poder demandar a Corpoelec, y si se demuestra que la empresa es responsable, esta debería pagarle.

Cuando los usuarios tienen que caminar por túneles oscuros por los vagones del metro debería haber investigaciones de entes independientes que establezcan responsabilidades civiles y hasta penales.

Así que, aunque a muchos chavistas y gente de izquierda les parezca inconcebible, tras apagones como los de los últimos días o fallas en el metro o Cantv, los comités de usuarios deberían tener el derecho y la capacidad de hacer o exigir una investigación independiente para corroborar si lo que las autoridades le dicen es cierto.

Incluso deberían poder demandar ante tribunales o entes regulatorios a las empresas, públicas o privadas, que incumplen con sus obligaciones.

Esas sanciones y denuncias son las que hacen que funcionarios o directivos ineficientes o corruptos sean reemplazados, pero si no existe ni la competencia ni los marcos institucionales que hagan que las fallas en los servicios públicos tengan consecuencias no habrá nada que evite que el servicio se deteriore.

Eso incluye mantener a raya a la corrupción. Según algunas versiones la vulnerabilidad del sistema eléctrico en el occidente del país es consecuencia de las estafas de un grupo de interés conocido como “los bolichicos” que estarían vinculados a políticos chavistas, pero también de oposición como Ramos Allup y su esposa Diana D’Agostino.

Aunque la denuncia ha sido hecha tanto por chavistas como por opositores no hay forma de saber si es cierta: los medios oficiales no han comentado nada y el gobierno no se ha pronunciado al respecto, tampoco hay forma de saber si están en la mira de futuras investigaciones de la fiscalía.

En cualquier caso, el buen funcionamiento de los servicios públicos requiere mucho más que dárselos o quitárselos al Estado.

En el futuro enfocarnos menos en quien es el propietario de la empresa y más de en qué marco y de qué forma opera podría mostrarse mucho más provechoso.

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Por Fabio Zuluaga / Supuesto Negado