SUICIDIO DE ALBÁN DEBILITA IMAGEN DEL GOBIERNO EN CUANTO A GARANTÍA DE DDHH

Albán

Si quedaba alguna duda sobre el predominio de los actores internacionales en la oposición al gobierno de Venezuela, debe haberse despejado con el caso del concejal Fernando Albán, muerto mientras se encontraba en custodia de la policía. La gran mayoría de las declaraciones políticas, especialmente las más destempladas, han procedido del exterior, mientras dentro del país no se han registrado reacciones de la misma trascendencia.

Por ello, no es difícil calcular que las principales repercusiones negativas de este hecho se están registrando en el frente internacional, más que en el interno.

Recuento de una tragedia

Albán, de 56 años, militante del partido Primero Justicia, fue detenido el 5 de octubre en el Aeropuerto de Maiquetía, cuando regresaba de Estados Unidos. Se le condujo a la sede del Servicio Bolivariano de Investigaciones Nacionales (Sebin), acusado de ser pieza clave en los movimientos financieros realizados para ejecutar el magnicidio que se intentó fallidamente el 4 de agosto pasado, en la avenida Bolívar de Caracas. El día 8 de octubre debía ser presentado ante el tribunal de la causa.

Según sus abogados y voceros opositores, la detención fue arbitraria, pues no existía una orden judicial. También se habría incumplido el plazo de 48 horas para su presentación ante el juez.

De acuerdo con los testimonios emitidos por las redes sociales por el también concejal Jesús Armas, Albán se encontraba bien el fin de semana, cuando pudo visitarlo. Había dormido poco e ingerido alimentos y no lo habían maltratado.

El día en que se preparaba el traslado, según el informe policial, estando en el piso 10 del edificio del Sebin, en Plaza Venezuela, solicitó permiso para ir al baño y se lanzó por una ventana.

Por las redes sociales circularon numerosas versiones diferentes según las cuales el concejal murió como consecuencia de torturas y que, para encubrir este crimen, fue arrojado desde las alturas.

De inmediato, todos los referidos voceros externos de la oposición, encabezados por Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, declararon que el concejal había sido torturado hasta la muerte, y calificaron el hecho como un crimen de Estado.

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, y el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, dieron la versión oficial de que Albán había aprovechado un descuido de sus custodios para suicidarse.

La autopsia, realizada el martes 9 de octubre por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), en presencia del Ministerio Público, determinó que la causa de muerte fue traumatismo por caída desde gran altura. El estudio forense no encontró señales de que el detenido hubiese sido torturado.

El poder hegemónico capitalista, integrado por gobiernos de derecha, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación han respondido diciendo que solo creerán en los resultados de una investigación independiente, vale decir, avalada por ese poder.

El tema deriva hacia el escenario típico del tiempo de la posverdad: hay dos versiones encontradas y cada sector asume la suya sin escuchar otros argumentos.

Hipótesis extremas

En pocas horas, y en medio de un gran hermetismo oficial, circularon hipótesis bastante extremas. Del lado revolucionario surgió la conjetura de que Albán iba a ser el testigo estrella del gobierno contra Julio Borges, ya que se había encargado de los principales movimientos financieros alrededor del magnicidio frustrado del 4 de agosto. A sabiendas de ello, Borges habría puesto a Albán bajo una intensa presión que tendría como epicentro la familia del concejal. Al verse detenido e interrogado, habría optado por el suicidio.

En su blog La Tabla, el periodista de investigación Víctor Hugo Majano fue un paso más allá, al insinuar que Albán podría haber tomado la decisión de “inmolarse”, con la convicción de que su muerte dispararía nuevamente la crisis política y justificaría las acciones de potencias extranjeras contra el gobierno venezolano.

En un giro por demás truculento del caso, esta hipótesis hace referencia a unos videos pornográficos que habría encontrado la policía en el teléfono de Albán, supuestamente reveladores de aspectos ocultos detrás de su imagen de católico practicante, cercano a personalidades de la jerarquía eclesiástica como el cardenal Jorge Urosa Savino.

En el bando opuesto, las especulaciones circularon sin contención alguna. Por ejemplo, la ex-fiscal general Luisa Ortega Díaz se atrevió a asegurar que Albán murió ahogado en un procedimiento de tortura, y que luego arrojaron su cuerpo al vacío para fingir un suicidio.

Un grave lío

Se entiende que en los próximos días aparecerán elementos de convicción que permitirán proyectar luz sobre lo ocurrido. Sin embargo, está claro que la  muerte de un detenido siempre traerá polémica, y más cuando se trata de una persona investigada por un caso tan grave como un intento de magnicidio.

“Lo único que pudiera ayudar a que el gobierno salga, medianamente bien parado, de este asunto sería que se difundieran algunos videos en los que queden claras las circunstancias del suicidio. Se supone que en un edificio como ese debe haber cámaras en todos los espacios y habrá quedado registrado lo que sucedió. De todos modos no es descartable que este episodio cause que rueden cabezas en el Sebin y el Ministerio de Interior, Justicia y Paz”, expresó un periodista de la fuente de seguridad de Estado.

¿A quién favorece, a quién perjudica?

Como suele pasar, los análisis políticos de este tipo de acontecimientos se enfocan en la doble óptica de determinar a quién favorece y a quién perjudica lo ocurrido.

“¿Qué necesidad tendría el gobierno de matar a un concejal a estas alturas, con la oposición tan debilitada y desprestigiada y en un clima de paz social interna y, a la vez, con tanta hostilidad en el plano internacional?”, se preguntó en voz alta un alto jerarca del Partido Socialista Unido de Venezuela. “Si el gobierno no hizo ese tipo de cosas en medio de la violencia de 2017, ¿para qué hacerlo ahora?”.

Ahora bien, incluso para quienes no tienen ninguna duda de que se trató de un suicidio, está claro que el Estado queda comprometido con alguna responsabilidad, desde el mismo momento en que la persona se encontraba privada de libertad. Los protocolos de seguridad tienen que evitar que los detenidos se fuguen, agredan a alguien o atenten contra sí mismos.

Un extraño búnker

Una de las causas de este tipo de situaciones es el uso de instalaciones no apropiadas para la custodia de personas privadas de libertad. Por ejemplo, la sede del Sebin en Plaza Venezuela es un moderno edificio de oficinas (construido para albergar un banco) al que se le han hecho adaptaciones hasta convertirlo en un búnker con calabozos y áreas de interrogatorio. Pero, según algunos testimonios, el piso donde ocurrió esta tragedia es de dependencias administrativas, sin medidas de seguridad más allá de las habituales para ese tipo de espacios. Las investigaciones indicarán por qué el detenido fue conducido a ese lugar cuando se disponía su traslado a tribunales.

De vuelta al punto de los perjudicados y los beneficiados, una vez ocurrido el hecho (al margen de por qué y cómo ocurrió) los factores más radicales de la antirrevolución se han propuesto sacarle el máximo provecho.

Algunos de los líderes internacionales de la oposición fueron un poco más moderados y se limitaron a solicitar investigaciones independientes. Otros fueron directamente a la condena. Sin ninguna denuncia concreta que los respalde, los más grandilocuentes adversarios del gobierno venezolano (como Almagro, voceros del gobierno de Estados Unidos y los integrantes del Grupo de Lima), denunciaron lo ocurrido como un homicidio en medio de la tortura.

En el plano interno, líderes de la alicaída oposición han creído encontrar la oportunidad para equiparar las ejecutorias de la administración de Nicolás Maduro con las de los gobiernos de la IV República, una forma de lavarle la cara al pasado represivo de la derecha. En ese sentido, compararon la muerte de Albán con el asesinato a golpes de Jorge Rodríguez (padre) en las celdas de la Disip (antecesora del Sebin) en Los Chaguaramos. Otros evocaron el suicidio de Fabricio Ojeda, quien apareció ahorcado con el cordón de una persiana en la sede del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (SIFA) en el Palacio Blanco, frente a Miraflores. Estos dos hechos, junto a muchos otros similares, han sido denunciados por los sectores revolucionarios de manera sostenida durante décadas.

Muy activo en la solicitud de una investigación ha estado el cardenal Urosa Savino, al parecer debido a su amistad con el fallecido.  Al encabezar los oficios religiosos fúnebres, el cardenal expresó abiertamente que no cree en la hipótesis del suicidio, pues la Iglesia restringe severamente tales honras para quienes se han quitado la vida.

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Por Clodovaldo Hernández / Supuesto Negado