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Estados Unidos ha plantado, y esta vez de manera oficial, una guerra feroz contra la Revolución Bolivariana.
Barack Obama declaró a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria” en 2015, pero con el cambio de inquilino en la Casa Blanca, esta ha incrementado la hostilidad hacia el país suramericano, con la firma de una serie de decretos que sancionarían, al comienzo, a algunos de los funcionarios del gobierno venezolano, pero que ya concretamente arremeten contra el país.
Muchas fueron las amenazas de Whashington si las elecciones del domingo 20 de mayo llegasen a realizarse. Trump firmó, a tan solo un día después de haber ganado Nicolás Maduro los comicios presidenciales, más sanciones que prohíben a las personas y entidades de Estados Unidos comprar a Venezuela cualquier instrumento de su deuda, incluyendo las cuentas por cobrar, y/o activos.
“El término ‘Gobierno de Venezuela’ significa el Gobierno de Venezuela, cualquier subdivisión política, agencia o instrumentalidad del mismo, incluyendo el Banco Central de Venezuela y Petróleos de Venezuela, y cualquier persona que sea propiedad o esté bajo el control de, o actúe para o en representación del Gobierno de Venezuela”, señala el decreto.
Según el magnate neoyorkino, las medidas son una forma de castigo que buscan “evitar que el régimen de Maduro venda o garantice ciertos activos financieros venezolanos, y para prohibir que el régimen gane dinero de la venta de ciertas entidades del Gobierno venezolano”. Más que claro.
¿En qué se traduce esto? Que el bloqueo es público, notorio y comunicacional. No solo no permitirán la entrada de dinero a Venezuela, sino que prohíben el intercambio de bienes y servicios con el país, y amenazan de manera directa, a todo aquel que lo haga.
Por ejemplo, la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua planteó, a comienzos de este año, la suspensión de las importaciones a través de Albanisa hacia Venezuela “para evitar cualquier afectación de contaminación de sanciones”.
Según análisis realizado por Misión Verdad, estas sanciones buscan presionar no solo a Venezuela, sino a Rusia y a China, quienes mantienen relaciones económicas estables con el país suramericano y que, probablemente, pudieran negociar con este su deuda. Si es cierto o no, Estados Unidos se adelantó y advirtió: su sistema financiero no reconocería estos tratos.
Sin embargo, ambas naciones manifestaron que seguirán fortaleciendo sus relaciones y felicitaron a Maduro por su victoria.
Cronología de las sanciones de Trump
En agosto de 2017, la Casa Blanca aprobó unas “fuertes sanciones a Venezuela”, que cortó las transacciones con la deuda venezolana, algunos bonos públicos y el pago de sus dividendos al gobierno de Nicolás Maduro, aunque dejó la puerta semiabierta para “otras transacciones comerciales y humanitarias, incluidos financiamiento para el tráfico mercantil, exportaciones e importaciones de petróleo y transacciones que involucran solamente a Citgo”. Esa puerta ya fue cerrada.
Venezuela logró reunirse con sus acreedores y renegoció la deuda.
Días antes, Trump impuso castigos a Nicolás Maduro y una tanda de funcionarios de su gobierno. “Todos los activos de estas personas sujetas a la jurisdicción de EE.UU. se congelan, y las personas de EE.UU. se les prohíbe tratar con ellos”, rezaba el comunicado emitido por el Departamento del Tesoro.
A finales del primer trimestre de 2018, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que prohibió a cualquier persona, natural o jurídica, dentro de Estados Unidos, negociar con monedas digitales emitidas por el gobierno bolivariano.
Y se suman otras naciones
Argentina, Australia, Canadá, Chile y México desconocieron los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela y amenazaron con aplicar medidas económicas contra Caracas.
Del otro lado del charco, la Unión Europea (UE) anunció el 27 de mayo la ampliación de las sanciones a personas relacionadas con la celebración de los comicios.
“La UE actuará con rapidez, de acuerdo con los procedimientos establecidos, con el objetivo de imponer medidas restrictivas dirigidas y reversibles adicionales, que no perjudiquen a la población venezolana, cuya difícil situación la UE desea aliviar”, aseguraron los portavoces de las naciones que conforman el grupo europeo.
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Por Aimeg García / Supuesto Negado
