VERDADES Y MENTIRAS

Verdades y mentiras que rodean el proyecto del Arco Minero del Orinoco. Eduardo Febres nos lo pone en dos platos.


  1. Es mentira que el proyecto del Arco Minero sea una “nueva expansión” del extractivismo que “tendría” un impacto tremendo sobre la vida en Venezuela: el problema del ecocidio perpetrado por la minería en el sur del país es visible hace por lo menos 25 años. El decreto para entregarle la explotación minera a empresas transnacionales no crea este desastre ecológico: solo lo legaliza.
  2. Es verdad que es urgente detener este ecocidio. La zona donde se concentran todas las riquezas que pasarían a explotar más de cien empresas de todo el mundo es extremadamente vulnerable. Además de ser una fuente de agua y energía hidroeléctrica para el país y la región, es el hábitat de más de dos decenas de culturas que podrían desaparecer.
  3. Es mentira que exista propiamente algo como la minería ecológica. Sí hay desarrollos tecnológicos y medidas que se pueden tomar para reducir el altísimo e irreversible impacto ambiental de la minería. Pero no son para el tipo de minería que es la que practicaría Gold Reserve en Venezuela. Ecológico es lo que hizo Chávez, que fue prohibir.
  4. Es verdad que el Arco Minero puede ayudar a controlar el desastre. En la actualidad, el negocio de la minería se practica con tecnología precaria y sin ningún tipo de control de daños, o retribución económica al Estado que compense lo perdido en recursos naturales. Pero además, tal como ocurre con el narcotráfico, las redes del negocio ilegal minero potencian la creación de redes criminales, que crean un problema adicional al que se quiso evitar con la prohibición.
  5. Es mentira que el objetivo del Ministerio de Minería Ecológica sea ambiental. La nueva cartera viene a atender la nueva estrategia del Gobierno, que después de trece años y cinco planes de control de la minería ilegal por la vía de la prohibición, opta por la legalización. El nuevo negocio sobrepasa al Ministerio de Energía y Petróleo, y tiene que ver más con leyes que con medio ambiente. Por eso, la elección de un consultor jurídico para coordinarlo.